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La última memoria de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), relativa al año 2012, recoge que de las cerca de 8.600 denuncias interpuestas por una supuesta vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), un 5,1% proceden de Castilla y León.

En cuestión de un año, la Comunidad ha registrado un aumento del 37,3 por ciento del volumen de denuncias declaradas ante la Agencia y solo el 32 por ciento de las empresas de la región cumple con lo establecido en la LOPD, lo que la sitúa por debajo de la media española de cumplimiento en materia de protección de datos.

Actualmente, atendiendo a los datos registrados, tan solo constan que aproximadamente 3 de cada 10 empresas identifican sus ficheros (conjunto de datos tratados de carácter personal) ante la AEPD tal y como exige la normativa. De esta forma, podemos decir que alrededor de un 70 por ciento de las empresas españolas incumplen con la LOPD.

La legislación vigente pretende que cada ciudadano tenga derecho a preservar su honor e intimidad. Es por ello que en caso de que una empresa trabaje con cualquier tipo de información que permita identificar a una persona (nombre y apellidos, DNI, teléfono, imagen t voz) deberá atenerse a lo establecido en la LOPD bien porque, por ejemplo, recibe currículos o trata datos de sus clientes,empleados o cuenta con un sistema de videovigilancia. En todos los anteriores casos se considerará que se está llevando a cabo un tratamiento de datos personales y por tanto, la empresa se encontrará sujeta al cumplimiento de la citada ley.

El director general de Alcatraz Solutions, Leopoldo Mallo, apunta que pese a que la ley de protección de datos cuenta con 15 años “continúa registrando un cumplimiento preocupante por parte de las organizaciones”.

En función de si una empresa cumple o no con esta normativa, la AEPD puede llegar a aplicar multas que podrían oscilar entre los 900 y los 600.000 euros (la media oscila los 60.000 euros). En este sentido, las sanciones económicas impuestas por parte de la Agencia en el 2012 han superado los 21 millones de euros, aumentando en un 7,43 por ciento en comparación con el año anterior.

Cuatro millones más si lo comparamos con lo recaudado en 2010, cifra que va en aumento y que para esta empresa centrada en el cumplimiento normativo deja entrever dos aspectos importantes “una mayor concienciación de la ley por parte de la sociedad y una carencia alarmante de medidas de seguridad y control por parte de las empresas a la hora de tratar datos personales”.

La Agencia ha aumentado la recaudación a través de sus multas, pero además las infracciones con sanción económica también han registrado un repunte del 18 por ciento. La mayor parte de estas sanciones han recaído en empresas de servicios masivos como el sector de las telecomunicaciones (73 por ciento del total), seguido del sector financiero (13,55%) y del sector de suministro y comercialización de energía o agua (6,03 por ciento).

Este último ha sido uno de los protagonistas en una de las actuales problemáticas en materia de protección de datos, la suplantación de identidad. Tan solo en 2012 se ha registrado un aumento del 222 por ciento de actuaciones previas de investigación en este sector, hecho que la Agencia justifica debido a la falta de diligencia de las empresas de suministro a la hora de comprobar la documentación que acredita la voluntad de un usuario en la contratación sus servicios.

“En ocasiones un error de facturación, una negligencia e, incluso, un servicio no contratadopuede hacernos formar parte de uno o varios de este tipo de ficheros; en otras, tras haber hecho frente a la deuda nuestros datos no son borrados” , explica Mallo.

Fuente: rtvcyl.es