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SE APUNTA UN TANTO

Santamaría tiende puentes entre la clase política y la ciudadanía

El Semanal Digital

La brecha abierta entre ambas -germen de movimientos como el de los "ingidnados"- es tal que el Gobierno, con el impulso de la vicepresidenta, ha tomado medidas con una ley muy esperanzadora  


En el programa electoral con el que Mariano Rajoy concurrió a las elecciones generales, la palabra "transparencia" aparecía escrita 59 veces. En ese mismo documento, los populares se comprometían a aprobar, "con carácter inmediato", lo que bautizaron como "Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno".

Dicho y hecho. El Gobierno dio el primer paso importante el pasado mes de marzo, cuando comenzó la andadura de su anteproyecto de ley. Que, por primera vez en democracia, durante 15 días estuvo colgado en Internet para que los ciudadanos pudieran hacer aportaciones. Como una especie de brainstorming. En ese tiempo la página web registró 78.000 visitas y 3.669 aportaciones, más otras 14 remitidas por los ciudadanos por correo ordinario.

Incorporadas algunas de las sugerencias -aunque no las referentes a la Casa Real, que quedará como estaba previsto inicialmente-, este viernes el Consejo de Ministros aprobó definitivamente dicho anteproyecto para remitirlo ahora a la Agencia de Protección de Datos. Y, después, al Consejo de Estado.

El Ejecutivo espera que la ley pueda ser definitivamente aprobada por las Cortes en otoño. Una normativa que tiene nombre propio: el de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Ella es la principal impulsora de un proyecto que supone un paso importante en el ejercicio del derecho de los ciudadanos a saber lo concerniente a las instituciones públicas y a sus responsables. Máxime en un momento como el actual, en el que existe una gran brecha entre la clase política y los españoles, germen de los indignados.

Aunque la ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, la parte referente a la transparencia tardará un año en estar plenamente operativa. Ello es debido a que el Ejecutivo va a crear un Portal de Transparencia donde atender todas las consultas de la gente, y eso conlleva tiempo. Además, la aplicación de la normativa estará controlada por la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad, que verá reforzada su independencia mediante el nombramiento de un presidente con el mismo procedimiento que requieren otros órganos supervisores.

Entre otras cosas, gracias al brainstorming ciudadano se ha ampliado la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.

Otra de las novedades del anteproyecto de ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según Sáenz de Santamaría, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.

Ejemplaridad de los cargos púbicos

Pero la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno no sólo contribuirá a poner luz y taquígrafos sobre las administraciones, sino que será el guardián de la conducta de los servidores públicos. Entre otras cosas, contempla que los altos cargos podrán ser cesados o sancionados por el Consejo de Ministros (si tienen rango de ministro o de secretario de Estado) o por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (si son otros altos cargos). Además, podrán ser inhabilitados mediante procedimiento judicial.

La Ley consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según figura en el texto dado a conocer por el Ejecutivo.

La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.

El Gobierno tiene puestas muchas expectativas en esta normativa. De hecho, la vicepresidenta confió incluso en que tenga "efectos económicos", porque "genera confianza y aumenta la responsabilidad de los gestores públicos".

FUENTE:El Semanal Digital