La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha acordado iniciar procedimiento de declaración de infracción de Administraciones Públicas contra el ayuntamiento de Inca y contra el hospital comarcal de este municipio por la presunta cesión irregular y no autorizada de los datos de algunos de los pacientes ingresados para que políticos del Partido Popular les cursaran visitas con fines electoralistas, hechos denunciados por DIARIO de MALLORCA en exclusiva.

Así, en el procedimiento de declaración de infracción abierto contra el ayuntamiento de la capital de es Raiguer, la AEPD considera que, tras la investigación realizada, el consistorio de Inca podría haber incurrido en una infracción del artículo 7.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos que señala que "los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente".

De la investigación llevada a cabo por este rotativo, en el trascurso de la cual se habló con algunos de los pacientes "visitados" por políticos del PP mientras estaban ingresados en el centro hospitalario, no se desprende que los usuarios hubiesen dado su "consentimiento expreso" a la cesión de sus datos que posibilitaron la visita de "cortesía" por parte de los políticos.

Por su parte, en el proceso abierto contra el hospital comarcal de Inca y contra el Servei de Salut del Govern de les Illes Balears, se abre la posibilidad de una infracción del artículo 11.1 que estipula que "los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado".

La infracción de ambos artículos está considerada como "muy grave" ya que implicaría una "comunicación o cesión de los datos de carácter personal" que no habría sido autorizada.

Según matizaron fuentes de la AEPD, al tratarse de entidades públicas, el procedimiento recibe el nombre de declaración de infracción de las Administraciones Públicas. Una vez acordada la apertura de este procedimiento se abriría un periodo para que la entidad denunciada pueda presentar alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes, así como ejercer su derecho de audiencia. Concluida la instrucción, se llegaría a una propuesta de resolución (donde se abre un nuevo período para alegaciones y presentar los documentos que se estimen pertinentes) que podría concluir archivando el caso o declarando una infracción de las Administraciones Públicas. 

Si se determinara que ha habido una declaración de infracción, se especificaría el artículo de la LOPD que se ha visto vulnerado y si está tipificado como una falta leve, grave o muy grave de la ley. Asimismo, se requeriría a la entidad para que adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo infringido. Si procediera, podrían proponerse también la iniciación de actuaciones contempladas en el régimen disciplinario de las Administraciones Públicas. Estas resoluciones se comunican al Defensor del Pueblo, de conformidad con lo establecido en la LOPD.

Este acuerdo de apertura es una fase más del procedimiento y no significa necesariamente que concluya con una declaración de infracción, ya que podría finalizar en archivo si se constata que no ha habido vulneración de la normativa de protección de datos, recalcaron desde la AEPD.

Estos procedimientos son el segundo paso tras la investigación abierta por la Agencia de Protección de Datos tras las denuncias interpuestas por estos hechos por Aurelio Martínez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Balears, y Carmen Flores, presidenta de la asociación Defensor del Paciente.

De la investigación llevada a cabo por el Servei de Salut y remitida a la AEPD se desprende que "personas del Ayuntamiento (de Inca) han visitado a pacientes en habitaciones determinadas, pero nunca se ha visto recoger ninguna documentación previa a la misma".

Llamada previa

Además, el director gerente del hospital, Federico Álvarez, remitió al Servei de Salut un listado de 39 faxes enviados entre el 21 de septiembre de 2009 y el 2 de noviembre de 2010 al Instituto de Educación Secundaria Pau Casesnoves donde trabaja la responsable del área de Sanidad del ayuntamiento inquer, Margarita Horrach, presunta responsable de la organización de estas visitas a los pacientes con fines electoralistas. Se ha constatado además que el envío de los faxes iba precedido de una llamada a dicho instituto.

También, rastreando el ordenador ubicado en el servicio de admisión del hospital, se observó que existía un usuario que cumplía el patrón de consultas de datos de pacientes con la impresión de documentos y que, además, los picos de estas consultas coincidían con los días en que la citada edil visitaba a pacientes de su municipio ingresados en el hospital.

Paralelamente a la investigación abierta por el Agencia de Protección de Datos, el Servei de Salut interpuso el pasado 18 de noviembre ante el juzgado de guardia de Inca una denuncia para que se investigara quién o quiénes han sido los responsables de una fuga de información desde el hospital al Ayuntamiento.

FUENTE: www.diariodemallorca.es