La Agencia Vasca de Protección de Datos ha abierto una investigación por el error cometido en el envío de 250 multas del Ayuntamiento de Bilbao -de una remesa de 8.000- el pasado diciembre. Debido a un fallo en la impresión de los documentos, a doble cara, hubo un cruce entre las denuncias de tráfico y las direcciones, de modo que a cada destinatario le llegó la multa de otra persona. Una afectada ha presentado una reclamación por la revelación de sus datos personales y del procedimiento sancionador en el que está inmersa, ya en la vía ejecutiva, a sus vecinos.
La denunciante vive en un municipio pequeño y trabaja como médico desde hace varios años. Fue uno de sus pacientes, durante una consulta, quien le informó de que había recibido una multa a su nombre. Una situación rocambolesca que le ha perjudicado porque en su profesión «es vital mantener una buena imagen pública» para inspirar confianza, según explica en la denuncia. En la carta que recibió uno de sus vecinos figuraba, además del importe y el lugar de la infracción, su dirección, DNI y el número de matrícula de su coche, «datos personales que incluso podrían haber sido usados de mala fe con consecuencias más graves».
Ahora pide que se sancione al Ayuntamiento «por infracción grave» al haber vulnerado los derechos que garantiza a los ciudadanos la Ley de Protección de Datos. La agencia vasca ha abierto una investigación que puede acabar con el archivo del expediente o con «un procedimiento de infracción», según explican fuentes del organismo adscrito al Departamento de Justicia del Gobierno vasco. En caso de que se imponga una sanción, la familia acudirá a los tribunales para reclamar una indemnización de 10.000 euros por daños y perjuicios, importe calculado «en base a la ley y a sentencias precedentes».
También va a presentar una reclamación administrativa por «el mal funcionamiento de los servicios públicos». El Ayuntamiento ha enviado una carta a los afectados -todos ellos infractores- en la que pide disculpas por el error y recuerda que en ningún caso invalida la denuncia de tráfico, ya que afecta a una misiva «meramente informativa» y no a una notificación oficial.
Aunque inicialmente se atribuyó a un fallo informático de la empresa subcontratada para tramitar las multas en la vía ejecutiva, después se comprobó «un desajuste» en el proceso de impresión. Una situación «sin precedentes en 25 años», como explicó la concejala de Hacienda, Marta Ajuria, en una comparecencia solicitada por PP y PSE. El edil popular Carlos García preguntó entonces si se adoptaría alguna medida de gracia con los afectados «por el quebranto que supone para algunos de ellos» y si se había consultado con la asesoría jurídica ante posibles recursos. La concejala respondió que se han reforzado los controles de calidad y que se ha abierto expediente a la empresa «para depurar posibles responsabilidades».
FUENTE: www.elcorreo.com