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    Te acabas de llevar10 ENTRADAS para la feria del RAM de 2019. El PRIMERO que nos diga en la publicación de Facebook que las ha encontrado se las lleva!!¡¡CORRE!! 

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    Hoy en día, la mayoría de los centros educativos tienenpresencia en Internet, y es habitual ver quecomparten en redes sociales fotos y vídeos de sus alumnos, así como que publiquan en su blog o página web las actividades educativas que se llevan a cabo. En la Línea de Ayuda en Ciberseguridad deINCIBE (a través de Internet Segura for Kids, su canal para menores) son frecuentes las consultas por parte de educadores y padres en relación a la toma y uso de fotografías en los colegios. Por eso, en este artículo aportamos información básica para salir de dudas.

    Uso de fotos por el centro educativo

    Los centros educativos están legitimados para realizar el tratamiento de datos personales necesarios para la función docente, como puede ser contar con una fotografía para el expediente académico. Sin embargo, para las instantánes hechas con fines complementarios a la función educativa, como una actividad en el aula o una excursión, es necesario contar con la autorización de los padres, excepto en situaciones donde prime el interés superior del menor.

    Las imágenes, la voz o un vídeo que permitan la identificación inequívoca de una persona también se entienden como datos personales. En el caso de los menores hasta 14 años, es necesario contar con el consentimiento paterno para tratar estos datos. Por eso, lo adecuado es informar a los padres o tutores de la posibilidad de que se tomen fotografías de sus hijos, así como especificar su finalidad y periodo de validez: si se subirán a la web del centro, si se emplearán en documentos que se pueden hacer públicos, si se compartirán en redes sociales o si estas estarán abiertas o restringidas.

    Una opción recomendable es utilizar distintas autorizaciones según el uso que se les vaya a dar. Para facilitar esta tarea, los centros educativos pueden apoyarse en los distintos modelos de consentimiento sobre datos personales que desde Internet Segura for Kids del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han creado.

    Tratamiento y gestión de fotos desde el centro educativo

    El propio centro educativo decidirá cómo gestionar este tipo de información personal de la manera más apropiada, en función de sus necesidades, siempre y cuando cumpla con el actual Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

    Lo adecuado es valorar las opciones antes de tomar la decisión, pues en muchas ocasiones se publican en redes sociales con el único fin de compartirlas con las familias. Ante esta situación, se podría proponer la alternativa de almacenarlas en un servidor de archivos con una gestión adecuada de usuarios y sus privilegios, para evitar la difusión pública de las imágenes. Eso sí, se debe prestar especial atención a la forma de guardar estas fotos con seguridad, teniendo en cuenta dónde las almacenamos y cómo (lo idóneo sería cifradas). Se trata de evitar tanto su pérdida accidental, como el que alguien las pueda ver sin permiso.

    También es importante que el personal del centro docente aplique buenas prácticas como: conocer las políticas sobre protección de datos; dominar la política de protección de datos de las aplicaciones informáticas que se usan en el colegio; planificar qué hacer si sucede una pérdida, daño o tratamiento ilícito de esos datos; y disponer de los consentimientos necesarios en caso de ceder datos personales a empresas a las que se contraten servicios o con las que se colabore.

    ¿Qué ocurre cuando son los padres quienes realizan las fotos?

    En algunas ocasiones, cuando se celebran fiestas organizadas por el propio centro, como en fin de curso, las actividades, los festivales u otros eventos, las familias acuden al colegio y es común que realicen fotos o vídeos de sus hijos. El problema puede surgir cuando en ellas aparecen también otros niños. Y es que, aunque se quiera hacer un uso doméstico de ellas y no compartirlas en Internet, se debería disponer del consentimiento del resto de padres implicados si sus hijos también aparecen en ellas.

    El responsable sería la persona que capta o difunde las imágenes, por lo que si las hace un padre, no sería responsable el centro educativo. No obstante, siempre es conveniente que el colegio actúe de intermediario y defina estos aspectos trasladando a las familias buenas prácticas a seguir. Para ello puede informar con un criterio claro sobre si se permite o no la toma de fotografías y vídeos en este tipo de actos a través de una circular. Y un buen momento para hacerlo puede ser en la misma nota informativa donde se convoca a los padres a la celebración, aprovechando además la ocasión para invitarles a reflexionar sobre un uso responsable de la imagen de sus hijos.

    En resumen...

    Compartir públicamente fotografías en las que aparezcan menores puede originar situaciones como el grooming, por lo que es importante cuidar los datos personales y valorar las consecuencias de compartirlas, ya que pueden afectar a la privacidad y reputación. Además, hay que considerar que cualquier grupo de datos que por separado no permitan la identificación de una persona, pero sí en su conjunto, son considerados dentro del ámbito jurisdiccional de los datos personales y no pueden ser tratados por terceros libremente sin consentimiento. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que:

    • Proteger la privacidad de los menores no es un capricho. Los padres o tutores están en su derecho de querer proteger la privacidad de su hijo, por lo que se debe respetar la decisión de oponerse a que el centro escolar publique contenido del menor.
    • Buscar alternativas para que nadie sea excluido. En los casos en los que no se cuente con la autorización de los padres para que la imagen de su hijo se comparta en Internet, se puede optar por pixelar, difuminar u ocultar los rostros de esos niños en las fotos. En ningún caso, se debe excluir de actividades a los menores que no tengan dicho consentimiento, ya que siempre debe prevalecer el "interés superior del menor" y este principio también incluye la ecuanimidad dentro de sus necesidades educativas.
    • Facilitar distintos modelos de consentimiento según la finalidad de uso de las fotos. Además, es importante tener en cuenta que la autorización concedida por los padres está sujeta al derecho de rectificación y oposición.
    • Valorar los pros y contras de hacer públicas esas imágenes desde el centro educativo. Dependiendo de la finalidad que se busque con la compartición de fotos y vídeos, una alternativa es la de crear una intranet a la que solo puedan acceder los familiares con un usuario y contraseña. Una vez que se comparte algo a través de Internet (Facebook, Instagram, página web, etc.), escapa de nuestro control pudiendo llegar a personas que no deseamos.
    • Fijar unas normas claras en cuanto a la realización de fotografías en el recinto escolar. Además, es recomendable informar a las familias de aspectos como la responsabilidad del autor si se incumplen las normas fijadas; por ejemplo, ante situaciones como captar imágenes desde el exterior del recinto en el momento que los menores disfrutan del recreo.
    • ¡Cumplir con el RGPD desde el centro educativo! Un recurso útil para ello puede ser apoyarse en la' Guía para centros educativos' de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

    ¿Eres partidario de las fotos en el cole? ¿Sabes cómo las gestionan en el centro educativo de tu hijo? Recuerda que si continuas con dudas, puedes consultar de manera gratuita y confidencial a la Línea de Ayuda gratuita en Ciberseguridad de INCIBE: 900 116 117.

    TTCS protección de datos niños

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    Fuente: Diariocolmenar

  • Vivimos híper conectados. Nos informamos, nos relacionamos y compartimos a través de Internet datos sensibles de nuestra vida personal. A cualquier hora y en cualquier momento. Lo hacemos a un ritmo tan acelerado que apenas nos preguntamos los riesgos de publicar cierta información.

    No solo para nosotros, también para nuestros hijos e hijas. La información privada que compartimos de menores en Internet –fenómeno conocido como sharenting (término derivado de la combinación de las palabras en inglés share compartir- y parenting –crianza, paternidad-)– queda atrapada en la nube.

     

    TTCS Proteccion datos niños

     

    Los expertos aseguran que es muy difícil eliminar por completo nuestro rastro digital y el de nuestros hijos

    Y es difícil dar marcha atrás. Ahí queda esa foto ridícula vídeo desafortunado que un día decidimos subir de nuestro hijo. Sin ser del todo conscientes, “los padres estamos conformando la identidad digital del menor”, señala Ricard Martínez, director de la cátedra de Privacidad y Transformación Digital y profesor en la Universidad de Valencia. Por eso, no dejan de aumentar solicitudes para eliminar la huella digital de menores en Internet.

    Google ha recibido más de 750.000 solicitudes de retirada de datos personales de internautas en los últimos cinco años y tres millones de peticiones para bloquear URLs, según datos recientes. El top cinco de plataformas con más solicitudes de este tipo lo encabeza Facebook, seguida de cerca por Twitter, Youtube y otros servicios del gigante tecnológico Google. La batalla por la retirada de contenidos que afectan a nuestra privacidad está servida.

    La fiscalía puede intervenir si hay una utilización o difusión de imágenes que violen los derechos fundamentales de los menores

    Pero, ¿podemos desaparecer por completo de las redes sin dejar rastro? Los expertos aseguran que no del todo. Las fotos y vídeos que subimos son nuestros, pero cuando aceptamos -la mayoría de las veces sin leerlos- los términos y políticas de privacidad, perdemos el control de la difusión de esos contenidos. No sabemos dónde pueden acabar ni quién va a verlos, de manera que resulta muy difícil eliminarlos por completo de Internet.

    Sin embargo, existen derechos que limitan los efectos de la sobreexposición y que nos ayudan a eliminar la información publicada en Internet, especialmente de los niños. A menudo olvidamos que los menores también tienen derecho a su propia imagen, así que la difusión de sus fotos y vídeos puede constituir una intromisión ilegítima de sus derechos. En tal caso, la legislación española contempla que puedan exigir la retirada de esos contenidos.

    Y es que ante todo está proteger al menor. Por eso, iniciativas como Por un Uso Love de la Tecnología de Orange, que trabajan para concienciar a padres y menores sobre la importancia de hacer un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, recomiendan la educación y el diálogo en familia sobre las consecuencias de fenómenos como el sharenting.

     

     

    Fuente: Lavanguardia

  • La AEPD y OCU ya lo han advertido: Los juguetes que se conectan a internet, recopilan información sobre nuestros hijos 

    Un juguete conectado es aquel que intercambia información con otro soporte y que suele requerir la instalación de una aplicación en un móvil o tableta. Este producto suele registrar imágenes y sonidos y enviarlos directamente a internet con lo que esta información se procesa al otro lado de la Red y el resultado vuelve al propio juguete para crear así un mecanismo de interacción y respuesta a las acciones del niño. «Los juguetes conectados no son inseguros en principio, pero los padres deben comprobar qué datos recoge el juguete y para qué los va a utilizar», asegura la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, durante la presentación de unos serie de recomendaciones para impulsar la compra segura en internet con motivo del «Black Friday» y la próxima campaña navideña.

    En este contexto, la AEPD recomienda que los progenitores investiguen qué datos recoge el juguete y cuál es su destino final, así como la forma en que se protegen esos datos, dónde se almacenan y si se van a enviar a terceros.

    Para que los usuarios puedan informarse antes de comprarlos, desde la AEPD aconsejan que se pregunte al personal del establacimiento donde se vaya a adqurir el juguete; revisar el manual de instrucciones y localizar la política de privacidad; descargar la aplicación y revisarla antes de hacer la compra y visitar la web del fabricante y buscar opiniones de otros consumidores sobre el juguete en la web. Tambien aconsejan optar por productos que ofrezcan información completa e identifiquen de forma clara cuándo se está grabando la voz del niño.

    Desde la OCU también han advertido en varias ocasiones sobre los riesgos de estos juguete ya que pueden contar con wifi propio a la que se accede sin contraseñas y «en según qué manos puede resultar peligroso». «Además, desgraciadamente hoy en día no existen leyes que regulen este tipo de seguridad y son los consumidores, en este caso menores de edad quienes resultan más perjudicados», alertan desde la asociación de consumidores.

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    Fuente: abc

  • Rechazo unánime a instalar cámaras en las aulas

    A nadie le ha gustado la idea de la Fiscalía de instalar cámaras en las aulas para evitar actitudes delictivas de los menores. Así, la comunidad educativa en su totalidad ha mostrado su rechazo unánime de las cámaras en los colegios e institutos, ante las noticias de la Fiscalía General del Estado en su memoria anual que afirman que “la gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etc.) podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas…)”.

    La ministra de Educación, Isabel Celaá ha calificado de «terrible» la instalación de estas cámaras, aunque ha precisado que a pesar de que en principio no le gusta, todas las ideas son susceptibles de debatirse. Mientras que para el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha opinado que “meter cámaras en todos los colegios de manera discriminada no es la solución”.

    Sindicatos

    Desde FECCOO, además de considerar la medida como ineficaz y contraria a las libertades, afirman que “no resuelve el problema de fondo: la falta de recursos humanos y materiales producto de las políticas de recorte de los últimos años.

    Por su parte el sector de Enseñanza de UGT considera que las aulas de nuestros centros escolares “no precisan cámaras de vigilancia, sino más y mejores recursos, tanto materiales como humanos, para responder a las necesidades de la diversidad del alumnado”.

    CCOO se declara radicalmente en contra de una medida más coactiva que preventiva y pedagógica, entendiendo que los centros educativos “no necesitan cámaras de vigilancia en las aulas”, sino más y mejores recursos materiales y humanos; coordinación, colaboración y una interacción positiva con las familias y el entorno sociocultural; y la confianza, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y de la Administración educativa.

    Para UGT estas medidas que anuncia la Fiscalía “atentan contra las libertades y se plantean como coercitivas y para nada propician acciones de prevención”. El mundo educativo no requiere medidas de videovigilancia que creen la sensación de estar permanentemente vigilados. Las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa “deben ser lo suficientemente claras y fluidas, con unos objetivos comunes que hagan innecesario el uso de estas modernas técnicas de control”.

    Alguna circunstancia excepcional podría justificar la observación temporal de alguna conducta, pero “iniciar este camino puede llevarnos a una relación de desconfianza mutua, contraria a lo que debe guiar el sistema educativo: metas y objetivos comunes para una mejor educación de los alumnos y alumnas con la participación de la comunidad escolar”, señalan desde UGT.

    Para CCOO el modelo educativo extremadamente conservador del PP, que en España representa la LOMCE, ha pretendido convertir las escuelas e institutos en centros de instrucción donde sobreviven los más fuertes y con más recursos, obviando todas las evidencias que demuestran como los centros educativos son, desde hace mucho tiempo, espacios de convivencia y educación colectiva de una extraordinaria diversidad.

    Al sistema educativo se le ha privado, hace ya casi una década, “de cualquier recurso material y humano que pudiera haber posibilitado la acción educativa pertinente para prevenir conductas antisociales y gestionar adecuadamente los problemas de convivencia que se originan en el día a día de la actividad educativa”, señala CCOO.

    El Informe de la Fiscalía, al no tener en cuenta estas consideraciones, y al obviar los años de recortes y penurias del sistema educativo, recomienda una medida tan ineficaz como de poco recorrido que no va a la raíz del problema y que, además, engorda el corporativismo más negativo y es contraria a las libertades.

     

    TTCS Camaras colegios

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    Fuente: Diario16