La Agencia de Protección de Datos se pone seria: multa récord al BBVA de 5 millones de euros por el uso de datos sin consentimiento

 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto al BBVA una sanción de 5 millones de euros, la mayor multa de la agencia en su historia. Después de imponer multas como la de 600.000 euros a WhatsApp y la de 1,2 millones de euros a Facebook en 2017, la más alta hasta la fecha, ahora la AEPD da un salto importante con esta multa récord, dividida en dos infracciones.

En la resolución de la agencia se recogen cinco reclamaciones de distintos usuarios que recibieron llamadas telefónicas por parte del BBVA, pese a que habían denegado la cesión de sus datos con fines publicitarios.

Procedimiento - Multa AEPD a BBVA

Las agencias empiezan a ponerse serias con la aplicación del reglamento

La primera infracción del BBVA ha sido catalogado como “muy grave” por parte de la AEPD, por una infracción del artículo 6 del RGPD. La segunda de ellas, calificada como leve, se trata de una infracción de los artículos 13 y 14 del mismo reglamento. Respectivamente, estas infracciones han sido multadas con 3 y 2 millones de euros. Sanciones que por si solas representarían cantidades récord.

La sanción más grave está relacionada con el consentimiento del usuario, mientras que la segunda sanción está relacionada con que no se informó al usuario correctamente de cómo se recogerían sus datos.

Los argumentos esgrimidos por la AEPD son muy similares a los del procedimiento de la Agencia de Protección de Datos francesa, que esta misma semana multaba a Google y a Amazon por valor de 100 y 35 millones de euros en una resolución equivalente.

Para la AEPD, la política de privacidad del BBVA no ha sido suficiente clara. El banco daba por hecho que al no marcar una casilla, se ofrecía consentimiento para gestionar algunos datos personales. Algo que va en contra de lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos.

La sanción todavía puede ser recurrida por la vía judicial, algo que desde el BBVA ya han anunciado que realizarán. El banco considera que su actuación “ha sido correcta” y presentará recurso ante la Audiencia Nacional. Precisamente este mismo organismo anuló en mayo de 2019 una multa a Google por valor de 150.000 euros, en aquel caso por el derecho al olvido a los medios.

 

Fuente: Xataka

Protección de Datos multa con 12.000 euros a un comercio por publicar fotos de un sin techo

La Agencia Española de Protección de datos ha multado con 12.000 euros en total a Recambios Villalegre S.L., una empresa de Asturias, por difundir la fotografía de una persona sin hogar en su cuenta de Facebook. El comercio denunció que era él el responsable de un robo y, tras la publicación, el sin techo comenzó a sufrir acoso en la ciudad. 

No fue una carta, sino dos sucesivas, el 23 y el 25 de julio de este año, remitidas a Protección de Datos por un particular. “Me pongo en contacto con ustedes debido al acoso y amenazas que está sufriendo un pobre indigente”, decía la misiva. 

La empresa asturiana publicó en Facebook que la persona sin hogar había robado 480 euros de la caja registradora y adjuntaba una fotografía tomada de las cámaras de videovigilancia. “Algo totalmente ilegal, más aún cuando la empresa carece de cartel informativo de zona videovigilada en sus instalaciones”, explicaba la denuncia. 

La publicación tuvo repercusión en la ciudad de Avilés y fue compartida por un gran número de usuarios con comentarios vejatorios, insultantes e incluso amenazantes. “Puesto que esta persona carece de recurso alguno para tratar de solucionar el problema que le han causado de forma intencionada, y tras comunicarme su decisión de abandonar la ciudad (en el mejor de los casos) por todo lo que está sufriendo, me veo en la obligación de comunicarlo”, decía el denunciante.  

Empresa multada por publicar imagenes de las camaras de seguridad

Un segundo escrito 

La empresa Recambios Villalegre puso una denuncia por lo que el sin techo fue detenido, pero puesto en libertad sin cargos por falta de pruebas tras un juicio rápido. Los medios de locales se hicieron eco del caso por lo que la repercusión de este hecho fue creciendo. Motivo por el que el particular envía una segunda carta a la Agencia de Protección de Datos.

 motivo alguno por el cual someter al acusado a semejante exposición social”, explicaba la segunda misiva.  

El denunciante exponía también que la empresa había hecho circular por grupos de Whatsapp otra fotografía de la persona tomada de frente y en la que era perfectamente reconocible la cara de la persona.

En la publicación de Facebook decía: “Este señor que se pasa los días pidiendo ayuda muy educadamente por el centro [...] y en especial, por las terrazas de los bares, hoy por la tarde nos ha entrado en nuestro negocio y en un momento que hemos tenido que estar en la parte de atrás de la tienda, ha entrado por dentro del mostrador y se llevó todo el dinero que teníamos en efectivo. Las cámaras lo han grabado perfectamente. Ruego máxima difusión para ayuda de todos”. 

En la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, se especifica que el tratamiento de las imágenes se ha utilizado y difundido sin el consentimiento del interesado, por lo que impone a la empresa una multa de 10.000 euros. Además, a esto se suman otros 2.000 porque la empresa tenía cámaras de videovigilancia sin estar señalizado en la puerta que se estaba grabando. 

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Fuente: Elconfidencialdigital

 

Uber y Cabify denunciadas (otra vez) ante la Agencia Española de Protección de Datos

La asociación para la defensa del sector del Taxi, Taxi Project ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra las empresas Uber y Cabify. La organización ha presentado varios informes en los que estudian y analizan el tratamiento de datos por parte de estas dos empresas. Según dichas investigaciones, Uber y Cabify incumplen varias infracciones en cuanto a la legislación de protección de datos, así como sobre otros ámbitos que afectan a los derechos de los consumidores, como puedan ser normas para los Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, legislación de Consumidores y Usuarios o sobre la sentencia del TJUE del 20 de diciembre de 2017 en el que se reconocía a Uber como un servicio de transporte.

Según la organización de taxistas, los informes entregados a la Agencia demuestran que se incumplen sistemáticamente hasta ocho artículos diferentes entre normativas europeas y estatales sobre protección de datos. La excusa para eximirse de toda culpa, según explica Taxi Project, es seguir defendiendo que la empresa es un mero intermediario en el caso de Uber o una agencia de viajes en el caso de Cabify. Pero ya existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que especifica que prestan un servicio de transporte, por lo que se deben hacer responsables de las infracciones o los datos del consumidor cuando contrata sus servicios.

No es la primera vez que una denuncia de este tipo llega a la AEPD. La asociación FACUA-Consumidores en Acción presentó una denuncia similar en 2019. La Agencia dictaminó que había “indicios racionales” sobre la posibilidad de que Uber esté incumpliendo el artículo 7 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Pero la ingeniería fiscal de Uber, que traslada todos sus beneficios en Europa a los Países Bajos, también le ha venido muy bien para esquivar la denuncia por parte de FACUA. La AEPD, tras anunciar que veía indicios de que se estuviera incumpliendo la ley, trasladó el caso a las autoridades holandesas, donde Uber tiene su sede, al entender que debe ser dicho país quien estudie y dictamine sobre este caso, aunque los afectados estén repartidos por toda la Unión Europea o la denuncia haya salido del Estado español.

Denuncia UBER ante AEPD

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Fuente: Elsaltodiario

Protección de Datos amplía la investigación de la app Radar COVID tras admitir a trámite una denuncia

 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ampliará la investigación de la aplicación Radar COVID, lanzada por el Gobierno para tratar de combatir la pandemia del coronavirus.

El organismo ha admitido a trámite la denuncia presentada por Pau Enseñat el pasado 8 de septiembre en nombre de Reclamadatos, empresa dedicada a desvelar qué datos personales están en manos de organizaciones y reclamarlos. En concreto, Enseñat denunció a la Secretaría General de Administración Digital (SGAD), ente encargado de implantar la app Radar COVID en nuestro país.

En la denuncia, Reclamadatos pedía un análisis para resolver si la Radar COVID cumplía con los principios de licitud, lealtad, transparencia y responsabilidad proactiva reflejados en el Artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ya que la SGAD no ha publicado la Evaluación de Impacto sobre la Protección de Datos. También se alega que la Política de Privacidad de la app no tiene definidas las funciones y responsabilidades de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. "Además, no se dan detalles sobre los plazos de conservación de los datos para fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, algo que exige Bruselas", explicaba Pau Enseñat tras presentar la denuncia.

La reclamación se ha integrado al expediente iniciado el pasado 23 de junio por el cual la AEPD anunciaba el comienzo de las investigaciones para saber si el tratamiento de los datos de los usuarios de la app desarrollada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) se ajusta al Reglamento General de Protección de Datos.

Fuentes del sector jurídico explican que hay "indicios razonables de vulneración de la normativa. Protección de Datos tenía tres meses para pronunciarse respecto a la denuncia de Reclamadatos, pero han empleado menos de un mes en responder".

Desde el organismo encargado de velar por el buen tratamiento de los datos de los españoles no facilitan información respecto al estado del procedimiento, o si hay más empresas o corporaciones que hayan reclamado a la aplicación ante la AEPD. "Al estar en esa fase de actuaciones previas, la Agencia no puede puede facilitar información sobre las mismas", declara la Agencia.

La AEPD tendrá que mover de nuevo ficha tras concluir las investigaciones, un proceso que podría durar hasta doce meses. Las mismas fuentes jurídicas consideran que "atendiendo al problema y situación actual lo lógico es que esta fase del proceso se acelere lo máximo posible".

Radar Covid - AEPD - Proteccion  de datos

El antecedente noruego

Si tras la investigación se resuelve que hay evidencias de un mal tratamiento de los datos de los usuarios de Radar COVID, se deberá iniciar un expediente sancionador. Así las cosas, antes de que la sanción sea en firme la AEPD podría tomar medidas provisionales, como exigir el cambio del tratamiento de los datos o suspender temporalmente la aplicación para que no pueda ser utilizada.

Un supuesto que en Noruega ha sido una realidad. La app Smittestopp para reducir los contagios en el país nórdico cesó su actividad el pasado mes de junio. El organismo competente en el ámbito de Protección de Datos en la nación prohibió al Instituto Noruego de Salud Pública continuar recopilando datos de los ciudadanos a través de la app, cuyo uso quedó, por consiguiente, interrumpido.

El punto 'caliente' que provocó que la autoridad de datos noruega decidiera detener el uso de la app estaba en que la plataforma utilizaba el GPS de los teléfonos, algo que no sucede con Radar COVID. La aplicación española se sirve de la tecnología bluetooth para cruzar los datos de contagiados o posibles contagiados, pero en ningún caso accede al GPS.

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Fuente: Vozpopuli

Protección de Datos investiga a la Comunidad de Madrid por la difusión de información personal de los docentes

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado que va a  iniciar actuaciones de investigación a la Comunidad de Madrid para obtener información en relación con la difusión de datos personales de trabajadores de centros docentes para que asistieran este miércoles a realizarse pruebas serológicas ante el inicio de curso.

En concreto, la Comunidad convocó en la tarde de este martes a cientos de docentes en el IES Virgen de la Paloma para someterse a estos test. Sindicatos y docentes, además de Facua Madrid, han denunciado que este proceso se salta la ley de protección de datos.

Varios docentes han puesto de manifiesto que en la noche del martes recibieron un correo electrónico, en el que les citan para una PCR que les realizará Ribera Salud este miércoles por la mañana, acompañado de un documento adjunto con datos de casi 17.000 trabajadores del Área Territorial Madrid-Sur.

En el documento, en formato hoja de cálculo, aparecen los nombres, apellidos, sexo y el carácter de docentes o no docentes de 16.720 trabajadores así como el lugar y hora en el que están citados para la prueba para el diagnóstico del coronavirus, según explica Facua.

Por ello, lo ocurrido incurriría en una vulneración del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según la organización.

El caos organizativo de esta jornada ha sido de tal calibre que pasado el mediodía la consejería de Educación ha suspendido las pruebas del coronavirus a los docentes de la capital por la saturación y las largas colas registradas. La Comunidad pretende realizar hasta el próximo lunes pruebas de anticuerpos a alrededor de 100.000 docentes.

Agencia Espanola Proteccion Datos - PCR docentes - Vuelta al cole  - Coranovirus

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Fuente: Publico