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La Policía de l’Ametlla del Vallès incorpora un dron para videovigilancia

 

La Policía Local de L’Ametlla del Vallès incorporará un dron para realizar tareas de videovigilancia dotado con la máxima tecnología a nivel de usuario, igual que los dispositivos que usan los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional.

Aunque no han avanzado fechas, el consistorio ha explicado que "la adopción de esta tecnología requiere de unos requisitos legales y de unos trámites burocráticos en los que se está trabajando intensamente, para poder contar con ellos cuanto antes ". En este sentido, ha añadido que la policía ya dispone de dos agentes que han realizado la formación para poder pilotar el dron y, además, se está licitando la adquisición del aparato. "Queremos dotar a la policía local de todos los recursos posibles para poder velar por la seguridad ciudadana con eficacia. Es por eso que es uno de los primeros municipios de Cataluña en dotarla de drones", han defendido.

La puesta en marcha del dron se enmarca en el Plan de Seguridad que está elaborando el Ayuntamiento, y que se expondrá en una sesión informativa el próximo 28 de enero. También se está instalando un sistema de videovigilancia que permitirá detectar y alertar de la entrada de vehículos sospechosos. Serán 11 cámaras ubicadas en puntos estratégicos del pueblo, las que hacen un control de las matrículas de los vehículos para detectar y alertar sobre las que coincidan con una lista de vehículos sospechosos facilitada por Mossos, y así poder actuar. Además, también se están instalando 8 cámaras de ambiente en los equipamientos municipales que sustituyen las actuales, ya obsoletas.

 

TTCS Dron policial

 

Fuente: Naciodigital

¿Está permitido instalar cámaras de videovigilancia falsas?

 

Si no graba, no hay tratamiento

A primera vista, la respuesta parece clara: si las cámaras no hacen nada, no hay tratamiento de datos y, por tanto, queda fuera del ámbito de aplicación del RGPD y de la LOPDGDD. Así, dispone el artículo 2.1 que “el presente Reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales. Y la definición de tratamiento que nos indica el RGPD también es precisa: “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”.

De lo anterior, parece que el RGPD sólo se refiere a datos personales reales y a operaciones de tratamiento reales. La clave está en que el RGPD tiene como finalidad la protección de datos personales y no la protección de la privacidad, como esfera más amplia. Su artículo 1 indica que “el presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos”, pero no dice nada de la privacidad o la intimidad de las personas.

La posición de la AEPD

Es en esta línea como se ha manifestado la AEPD, aunque con algunos matices. Si bien en el expediente nº E/00888/2010 archiva el procedimiento conforme al principio de presunción de inocencia pues “no existe constancia de que las cámaras instaladas en el lugar denunciado funcionen y capten imágenes de personas”, acaba diciendo que “resultaría plenamente fundada la imposición de una sanción si en el futuro continuaran ubicadas las cámaras en el establecimiento, pues tal circunstancia podría constituir prueba indiciaria suficiente para determinar que las citadas cámaras se encuentran en funcionamiento y enervar el principio de presunción de inocencia”.

Parece contradictoria la posición inicial (si no se demuestra que está grabando, no cabe sanción por presunción de inocencia) con la posición final (si le volvemos a ver con las mismas cámaras instaladas, sí que entenderemos que está grabando). No tiene mucho sentido esa sanción por la no retirada de las cámaras con base en el fundamento indicado, pues tiene lógica la instalación de las cámaras con fines disuasorios. Y dicha instrucción no se refiere en ningún momento a la licitud de la instalación de cámaras falsas con fines puramente disuasorios.

Quizá la postura de la AEPD es así de confusa a propósito, pues si bien una cámara falsa no realiza un tratamiento de datos personales y quedaría fuera del ámbito de aplicación del RGPD, el mero hecho de que una persona vea una cámara de videovigilancia afecta a la esfera de su intimidad y privacidad. Es decir, una cámara de videovigilancia, funcione o no, tiene ya de por sí un efecto en la esfera de la libertad de las personas, pues a nadie le gusta que le vigilen (o creer que le vigilan, en este caso).

Solución

Como la cuestión es controvertida y no queda claro si es lícito o no la instalación de cámaras de videovigilancia falsas, cabrían varias soluciones.

Una primera solución sería la despenalización de dicha conducta. Es decir, establecer activamente que las cámaras de videovigilancia falsas con fines disuasorios son lícitas (siempre que dicha finalidad de disuadir esté además justificada, pues, sino, podría haber cámaras por toda la ciudad y sería un caos regular dicha situación).

Un segunda solución sería prohibirlo, y aquí caben dos posibilidades: prohibirlo conforme a la normativa de protección de datos, lo cual parece complicado pues en puridad las cámaras falsas no implican un tratamiento de datos personales. O bien prohibirlo conforme a una interpretación extensiva del artículo 18.1 de la Constitución y su LO 1/1982 que lo desarrolla. 

Así, aunque de dicho artículo parece desprenderse que sólo cabría castigar el emplazamiento de cámaras “aptas”  para grabar, conforme a una interpretación extensiva del precepto, podría regularse la cuestión de las cámaras falsas con fines disuasorios sin ningún problema en dicha normativa.

 

instalar camaras falsas

Fuente: Cuadernosdeseguridad

El consistorio de Cambrils sigue con la intención de instalar cámaras de seguridad en el Parc del Pinaret por los continuos episodios de vandalismo. Desde 2015, un grupo de jóvenes merodean por la zona para causar daños en el mobiliario, alumbrado y baños. El año pasado, la situación se volvió insostenible y obligó a la Policía Local a actuar. El cuerpo de seguridad intensificó la vigilancia de la zona y se llegaron a identificar a algunos de los jóvenes, la mayoría menores de edad. 

Tras una etapa relativamente tranquila, los actos destructivos volvieron. Antonio Laguna explica que tuvieron que volver a pintar una de las puertas de acceso, así como arreglar varias veces los baños. Por estos motivos, el edil ve indispensable colocar unas cámaras de videovigilancia y seguridad para identificar a los jóvenes que provocan estos desperfectos en un parque en el que hace un año se hicieron varios trabajos de mejora. 

En concreto se destinaron 48.199,69 euros para la construcción de nuevos pavimentos y se reformó el mobiliario urbano que se encontraba en mal estado, así como el interior de los baños. Según Laguna, se clavaron al suelo las mesas y las sillas para que los jóvenes conflictivos no las puedan retirar. Asimismo, se construyó una nueva puerta de acceso a la zona del bar, que está en funcionamiento desde hace unos meses. 

 

Parc del Pinaret de Cambrils

 

Fuente: diaridetarragona

 

Un circuito de videovigilancia cerrado con la última y más puntera tecnología del momento se está instalando desde hace apenas unas semanas en la Prisión Provincial El Acebuche. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos que afronta la cárcel para este año y que se incluye dentro del programa de mejora de la seguridad en el que además se contempla también la renovación de todo el sistema de seguridad perimetral que se llevará a cabo a lo largo de este año.

Así lo ha avanzado a Diario de Almería el director del centro penitenciario, Miguel Ángel de la Cruz, quien además explicó que esta inversión “supondrá elevar de un 5% hasta un 10% el nivel de seguridad de El Acebuche”.

De la Cruz explica que la renovación del circuito de cámaras de televisión se ha iniciado ya desde hace unas semanas. Concretamente los nuevos dispositivos ya funcionan en el Módulo 7 de la prisión, en el que se encuentran internados los presos multi reincidentes, es decir, los que tienen numerosas detenciones y condenas a sus espaldas por muy diversos delitos, los penados. Paulatinamente se irán sustituyendo las antiguas y limitadas cámaras de videovigilancia existentes actuales por estas de última generación que permiten, entre otras cuestiones, congelar imágenes, ampliar con zoom hasta poder reconocer el rostro de personas a una distancia más amplia y recoger la imagen en un radio de 360 grados.

El director del centro penitenciario de Almería asegura que este proyecto es “de vital importancia para elevar el nivel de seguridad de la cárcel, de los funcionarios y de los propios internos, y además, cómo no, es un adelanto al futuro más inmediato que está por venir, que conllevará inevitablemente que tengamos que afrontar novedosas peripecias y artimañas de familiares y conocidos de los internos para hacerles llegar al interior de la cárcel entre otras cosas drogas y pastillas”.

Este es el caso por ejemplo de la utilización de drones, como ya se ha detectado en otras prisiones de España, o lanzamientos de objetos desde el exterior que puedan contener dentro sustancias estupefacientes o cualquier objeto que puedan poner en riesgo a la comunidad penitenciaria. De la Cruz está convencido de que “el uso de drones u otro tipo fórmulas anónimas y seguras para los infractores, la mayoría relacionadas con las nuevas tecnologías, serán la amenaza más inmediata en este sentido. Y ante esto ya nos hemos puesto manos a la obra para prevenir lo máximo posible”.

Precisamente, fue un funcionario de El Acebuche, fuera de servicio, quien avistó el pasado día 15 de diciembre un dron que sobrevolaba por los alrededores de la prisión. Un hecho que, pese a que pueda parecer alarmante, porque es la primera vez que se ha avistado algo semejante en la zona, desde la dirección de la cárcel aseguran que “no hay ningún indicio de que el dron pudiera estar en la zona para introducir algo en la cárcel, pues ni fue avistado encima del perímetro ni se observó ningún movimiento que pueda llevar a abrir una investigación al respecto ni por parte de los funcionarios, ni de la Guardia Civil ni de las cámaras del circuito de televisión”.

 

videovigilancia carcel

 

Fuente: Diariodealmeria

Una camarera roba la recaudación de un bar en Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a una mujer de 26 años de edad, sin antecedentes policiales, como presunta autora de varios delitos de hurto. La misma sustrajo hasta en cuatro ocasiones la recaudación del establecimiento, cuyo importe total asciende a 2.700 euros. 

Los hechos se desencadenaron tras la denuncia del propietario de un bar ubicado en un centro comercial de la capital de Gran Canaria, manifestando que la recaudación del día había sido sustraída en repetidas ocasiones, ascendiendo a un total de 2.700 euros.

Tras el primer hurto, el mismo propietario manifestó a los agentes que había instalado cámaras de seguridad que vigilaban la zona en la que se encontraba la caja fuerte. El dueño empezó a desconfiar de sus empleadas dados los hechos y decidió poner una mayor seguridad en su establecimiento, con el fin de poder lograr esclarecer los hechos. Varios días después, las cámaras de seguridad  grabaron a una de las empleadas del denunciante mientras se apoderaba del sobre que contenía la recaudación del día, no sin antes asegurarse de que no había nadie en la oficina.

Tras revisar todas las grabaciones, los funcionarios policiales procedieron a la detención de la citada empleada, una mujer de 26 años de edad, como presunta autora de cuatro delitos de hurto. Instruido el correspondiente atestado policial, fue remitido a los agentes de la Comisaría de Distrito Norte de Las Palmas de Gran Canaria.

 

La seguridad siempre al servicio del ciudadano

 

Fuente: laprovincia