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El Ministerio del Interior ha ordenado mediante un oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad que se refuercen desde este viernes las medidas de vigilancia dentro del Nivel 4 de alerta antiterrorista por la coincidencia de la Semana Santa y la campaña electoral de las elecciones generales y de la Comunidad Valenciana del 28 de abril.

En el oficio, consultado por Europa Press, que firma la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, se menciona la confluencia de público en acontecimientos relacionados con la Semana Santa y el desplazamiento de muchos ciudadanos, “unido a la persistencia actual de altos niveles de riesgo de actuaciones terroristas”.

De acuerdo al análisis de los expertos reunidos el pasado 9 de abril en la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, el Ministerio del Interior ordena que se mantenga el Nivel 4 de Alerta, que permanece inalterado desde junio de 2015, unido a un “reforzamiento de especial intensidad”.

El refuerzo, que comenzará este viernes 12 de abril y se extenderá hasta el día 29, está dirigido a la vigilancia y protección de los actos electorales así como de las celebraciones con motivo de la Semana Santa. Se aplicará especialmente en espacios y medios de transporte, acontecimientos religiosos, de ocio o lúdicos con alta concentración de personas y en aquellos lugares estratégicos que son imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana.

Protección de las infraestructuras

Este oficio es complementario a la instrucción 5/2019, en vigor desde el 1 de abril, sobre el “Dispositivo Extraordinario de Ciberseguridad (DEC)” para garantizar que las infraestructuras que afectan a las elecciones generales del 28 de abril no sufran ningún ataque y velar contra las posibles campañas de “desinformación” que puedan alterar los comicios.

Además de a Policía Nacional y Guardia Civil, el oficio será trasladado a la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y a la Policía Foral, así como a los cuerpos de policía local, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y a los operadores de seguridad privada.

La Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista se reúne semanalmente y cuenta con representantes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Policía Nacional y Guardia Civil, junto a miembros de Mossos d’Esquadra, la Ertzaina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

 

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Fuente: Elindependiente

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El Gobierno de Navarra ha desarrollado e implantado en oficinas de Hacienda y centros de Salud una aplicación informática corporativa de alerta denominada “Botón de la Seguridad, con el fin de ayudar al personal público que se encuentre en situaciones de peligro, violentas o de amenaza.

El objetivo principal de la herramienta es dotar a las personas que trabajan en la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos de un sistema silencioso de alerta que ayude a gestionar las situaciones violentas a las que se pueda enfrentar, minimizando el tiempo de respuesta de la ayuda y reduciendo de esa forma las situaciones de riesgo.

El sistema se instala en los ordenadores del personal que se considera puede ser susceptible de sufrir estas situaciones y permite, en primera instancia, que la persona en riesgo solicite ayuda a compañeros que trabajan en el mismo centro, pasando desapercibida la petición ante otras personas.

Cuando un trabajador se siente en riesgo pulsa en su escritorio el icono de Botón de la Seguridad, en su barra de herramientas. Al pulsarlo, envía un mensaje de solicitud de ayuda a los equipos cercanos que están conectados al mismo y permite que éstos pueden contestar desde sus ordenadores enviando un mensaje anunciando que han recibido su llamada y trasladando de esta manera tranquilidad a la persona amenazada, en primera instancia, para acercarse a ese puesto de trabajo y actuar en consecuencia, rebajando con su presencia la tensión o interviniendo si fuera necesario.

En el supuesto de que en el edificio exista personal de seguridad privada, éste recibe un SMS en su teléfono móvil definiendo la persona y ubicación que ha pulsado el Botón de la Seguridad para que pueda acudir rápidamente en su ayuda. En un futuro próximo se plantea una conexión directa con el Centro de Mando y Coordinación de Policía Foral.

 

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DESARROLLO E IMPLANTACIÓN

 

Ángel Labiano, experto en seguridad y jefe del Negociado de Seguridad Privada y Sistemas del Servicio de Desarrollo de Políticas de Seguridad, ha liderado el proyecto junto a responsables de la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública, todos pertenecientes al departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, en colaboración con unidades de los departamentos de Salud y de Hacienda y Política Financiera.

Inicialmente la aplicación se implantó en las oficinas de Hacienda de Gestión de IRPF y Asistencia al Contribuyente en la calle Esquíroz y posteriormente en oficinas en las que se realiza Declaración de la Renta.

 

TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD NECESARIOS

  • Programa SOS Cliente. Este primer elemento informático que configura el Botón de Seguridad, se carga automáticamente en los equipos establecidos durante el inicio de sesión de cada usuario apareciendo en su barra de herramientas un icono rojo que hace referencia a un botón de emergencia.

  • Software SOS Server. Centralizado en el servidor que gestiona las comunicaciones entre los distintos usuarios como núcleo del sistema.

  • Histórico de alertas. Una aplicación web de parametrización y administración del sistema que realiza su configuración, gestiona el mantenimiento y obtiene informes estadísticos para su valoración posterior con un histórico de alertas registradas.

Fuente: Noticiasdenavarra

Sus puestos de trabajo están en juego. Un millar en todo el Estado, alrededor de 50 en Balears, la mitad en Mallorca. Se trata de los vigilantes de seguridad, que junto con efectivos de la Guardia Civil, están en las entradas de las prisiones. El Gobierno central ha decidido ir retirándoles de forma paulatina de los centros penitenciarios, para sustituirles por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para defender sus labores ayer al mediodía se concentraron frente a la cárcel de Palma. Fueron convocados por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO) en una convocatoria que tuvo eco nacional y se llevó a cabo en el conjunto del Estado.

Enterados "por la prensa

Con el calendario electoral ya activado, aún es mayor la zozobra de estos trabajadores, no saben si la decisión gubernamental quedará desactivada o si el ministerio de Interior seguirá adelante con su plan inicial.

"Lo más sorprendente es que nos enteramos de la decisión de Interior por la prensa", censura Miguel Sañudo, representante de los vigilantes de seguridad. "No hay excusa", critica, para prescindir de las labores de los trabajadores privados, ni de índole económica ni en lo referente a los efectivos de la Guardia Civil, "no son suficientes".

Los vigilantes privados custodian el acceso a la cárcel de Palma, reforzados por agentes de la Benemérita, de manera similar a la labor que realizan en los controles de seguridad del aeropuerto. Hasta la actualidad no se ha producido ningún problema "ni económico, ni organizativo", recalca Sañudo. En definitiva, no entienden la decisión del ministro Fernando Grande-Marlaska "para dejar a 1.000 familias en la calle".

Por el momento los vigilantes privados desconocen cuándo empezaría a aplicarse la medida de rescindir de ellos para custodiar el exterior de los centros penitenciarios.

En medio del revuelo generado entre el sector de los trabajadores de seguridad privada por esta medida, se alude a que podría estar generada porque hay empresas de seguridad ligadas al entorno del Partido Popular en las labores de vigilancia en las cárceles.

Vigilancia duplicada

Representantes de los funcionarios de prisiones consideran que los vigilantes de seguridad privada no son necesarios en los centros penitenciarios. Para la Asociación Tu Abandono Me Puede Matar, se trata de "un servicio duplicado", explica Antonio Gutiérrez, coordinador de dicha organización en la cárcel de Palma.

Los funcionarios rechazan la presencia de los vigilantes. Prefieran que solo haya guardias civiles y que los fondos destinados a pagar la seguridad privada se destinen a otros servicios. "El vigilante no nos da seguridad", advierte Gutiérrez. Es más, reclaman que la garita de seguridad de la entrada no está bien situada y en lugar de controlar la entrada de los funcionarios tendría que ser un control previo de los visitantes.

 

TTCS Vigilantes de seguridad Mallorca

 

Fuente: Diariodemallorca

 

Vigilantes de seguridad privada se concentrarán este martes frente a la Delegación del Gobierno de Valencia en defensa de su continuidad de en las prisiones valencianas, según ha informado CCOO de Construcción y Servicios PV, convocante la protesta, en un comunicado.

Al respecto, CCOO ha explicado que aboga por la convivencia del sector público y el privado, ya que la seguridad privada juega un papel "complementario", En ese sentido, ha apuntado que si la primera ejerce una función de protección en las instalaciones, reconocida como de alto riesgo, y la privada ejerce su papel a la hora de garantizar la seguridad de quienes acuden a las instalaciones.

El Ministerio del Interior ha avanzado su intención de sustituir por efectivos de Guardia Civil a los aproximadamente 1.000 vigilantes de seguridad que actualmente prestan sus servicios en el exterior de los 68 centros penitenciarios del país. La medida entraría en vigor hacia finales del próximo mes de mayo.

Hace seis años se produjo un cambio en la forma de trabajo en las prisiones para "paliar la falta de efectivos de la Guardia Civil". El propio Ministerio del Interior reconoció en varias ocasiones "la valía y eficacia de los trabajadores de la seguridad privada" en las cárceles españolas. La nueva modificación anunciada por Interior dejaría en la calle a un millar de vigilantes de seguridad privada, según han recordado las mismas fuentes.

Además, de la "reducción drástica" de puestos de trabajo, CCOO ha advertido de que esta decisión generaría "un problema de inseguridad ciudadana en las calles, ya que supondría la retirada de unos mil efectivos de seguridad ciudadana".

El delegado de CCOO en el centro de Picassent, Alberto Belloch, ha denunciado que "los vigilantes de seguridad de Prisiones asisten con incredulidad ante propuestas de partidos progresistas, que envían al paro a cientos de trabajadores, sin ofrecer previamente una alternativa viable que garantice los puestos de trabajo".

Por ello, el personal afectado, solicita a todos los partidos políticos, que en esta campaña electoral expliquen cuáles son sus intenciones para con los servicios de seguridad en dependencias de titularidad pública, que hasta el momento vienen desarrollando los vigilantes de seguridad.

"No podemos estar al arbitrio del político de turno que, desde un cargo, decide utilizarnos para esconder y parchear su incapacidad de ofrecer soluciones inteligentes e imaginativas a los conflictos que afectan su negociado" afirman

Los vigilantes de Seguridad de las Prisiones de Valencia han anunciado su apoyo a las movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo, y en protesta por las declaraciones del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luís Ortiz González, en las que propone la supresión como solución al conflicto que mantiene con los funcionarios de prisiones, según las mismas fuentes.

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Fuente: Levante-emv

Un juzgado de Palma ha condenado a dos vigilantes de seguridad del aeropuerto de Son Sant Joan por quedarse multitud de objetos perdidos en la terminal de forma continuada hasta que ambos fueron descubiertos en abril de 2017. La magistrada ha impuesto al principal acusado, un auxiliar administrativo que trabajaba para una conocida empresa de seguridad y que se encargaba de custodiar los efectos en la oficina de objetos hallados del aeropuerto de Palma, una pena de 11 meses de prisión y una multa de seis meses con una cuota diaria de cuatro euros por un delito continuado de apropiación indebida en concurso con otro de falsedad en documento mercantil.

El sospechoso, de 45 años, defendido por la abogada Isabel Fluxà, reconoció los hechos en el juicio y se conformó con la condena. Además de apoderarse de valiosos artículos extraviados procedentes de la oficina, también falsificaba recibos de entrega, poniendo como receptor a diversas personas que no se correspondían y falsificaba su firma para evitar ser descubierto.

En esas fechas, entre 2014 y mediados de 2017, el hombre era adicto a las drogas y al alcohol. Por ello, la jueza ha apreciado la circunstancia atenuante de toxicomanía como muy cualificada.

Mientras, su compinche, un vigilante de seguridad de 43 años que trabajaba en los filtros de Son Sant Joan, ha sido sentenciado a una pena de multa de seis meses a razón de seis euros diarios por un delito continuado de apropiación indebida por llevarse también efectos de la oficina de objetos hallados del aeropuerto. La magistrada ha fijado la pena de multa en la duración máxima al tener en cuenta la multitud de artículos de los que se apropió unido al hecho de que se aprovechó de que era vigilante de seguridad del aeropuerto para cometer el delito.

 

TTCS -  Vigilantes de seguridad privada condenados

 

Devolución a AENA

La sentencia, que aún no es firme, también condena a ambos trabajadores a que devuelvan a AENA todos los objetos intervenidos que fueron hallados en sus respectivos domicilios, salvo aquellos cuya legítima propiedad han justificado, con el fin de que por dicha entidad se lleve a cabo el protocolo de actuación.

La jueza no ha impuesto ninguna indemnización debido a que AENA y la empresa de seguridad en la que estaban empleados los dos encausados se han reservado el ejercicio de acciones civiles.

Según se declara probado, el principal sospechoso desde 2014 trabajaba como auxiliar administrativo en la oficina de objetos hallados de Son Sant Joan, donde tenía la obligación de registrar estos efectos, clasificarlos, custodiarlos y gestionarlos para su posterior entrega a sus legítimos propietarios o, una vez transcurrido el plazo establecido en el protocolo de AENA, entregarlos a la persona que los había encontrado o a una ONG. Desde esas fechas y hasta que fue detenido en abril de 2017, el hombre se fue quedando objetos que no habían sido reclamados. Para evitar ser descubierto, manipulaba las fechas de entrada y salida y elaboraba recibos de entrega con los datos de otras personas que estaban en las bases de datos, que habían extraviado su documento de identidad o que figuraban como sustraídos. Así, justificaba la salida de los objetos.

El segundo encausado, vigilante de seguridad en los filtros del aeropuerto, desde octubre de 2016 hasta abril de 2017 ayudaba al primero en la clasificación de los objetos en la oficina en sus horas y días libres. Durante este periodo, se fueron quedando género a sabiendas de que eran objetos perdidos. El 9 de febrero de 2017, se llevó de la oficina una maleta llena de ropa, material electrónico, gafas y otros efectos procedentes del almacén de AENA. El 5 de abril de ese año, en un registro en su domicilio, se encontraron numerosos objetos de la oficina.

Ese mismo día, se registró también la casa del otro encausado, donde se halló un iPad mini que figuraba como sustraído en Palma el 6 de enero de 2015; un ordenador MacBook, que coincidía con el que se decía que se había entregado a una extranjera en marzo de 2017 en un recibo que elaboró mendazmente el sospechoso; y otro ordenador que también figuraba como devuelto en un documento realizado adrede por el encausado.

El sospechoso elaboró otros recibos de entrega con la finalidad de quedarse objetos como un estuche con gafas, 3.500 euros en billetes de 500, un reloj Victorinox o un iPhone 6. Estos efectos no fueron recuperados y los datos que aparecían en los documentos de entrega eran falaces. El acusado inclusofalsificó las firmas de los supuestos propietarios.

La sentencia destaca que se trataba de objetos extraviados, no abandonados, ya que no es normal que alguien abandonde artículos de estas características. Además, la jueza asegura que con este modo de proceder no se sabe con exactitud los efectos que había en la oficina y se desconoce cuántos perjudicados hay. También resalta que apareciera un policía nacional en las cámaras de videovigilancia saliendo del aparcamiento con una maleta que estaba en la oficina. Esto indicaría la posibilidad de que el caso no se ha investigado debidamente.

Fuente: diariodemallorca