La creencia de una considerable cantidad de ministros y funcionarios de que la Ley de Libre Acceso a la Información no es más que un “adefesio” provoca que no esté siendo cumplida, afirmó este jueves el director ejecutivo de Participación Ciudadana.
De acuerdo con Javier Cabreja, la cultura de la discrecionalidad impide que esa ley se aplique de manera efectiva. En muchas ocasiones, para denegar la información solicitada, los responsables alegan que tienen carácter privado y que se relacionan con la protección de datos personales.
Insiste el dirigente cívico en que es preciso superar los retos y limitaciones que aún existe para la implementación de la ley, para lo que no basta la instalación de oficinas de acceso en las instituciones.
La constatación de este incumplimiento, añade, motivó la convocatoria al panel “Diferencia entre lo íntimo, lo público y lo privado”, cuyo objetivo fue aclarar los alcances y aplicación de esos conceptos que se esgrimen para la no aplicación de la ley, con el alegato de que no fueron observados en la legislación
“Entendemos que ese derecho fundamental de acceso a la información pública tiene que ser garantizado por el Estado, por cuanto ya ha sido reconocidos por una ley pronunciada en el 2004 e incorporado como fundamental en la nueva Constitución del 2010”, explicó Cabreja.
En el panel participaron Rafael Molina Morillo, director del periódico El Día; Fausto Rosario Adames, director del digital acento.com.do y Francisco Cáceres, subdirector de la Comisión Nacional de Reforma del Estado (CONARE).
El tranque en TC
Por otro lado, Cabreja dijo que no hay nada que negociar para la aprobación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional en lo referente a la edad de los 13 magistrados. En su opinión, lo único pertinente es aplicar la Constitución, que señala que la edad de retiro de los jueces de ese tribunal debe ser la misma de que la de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, es decir, 75 años.
Explicó que el tranque en la Cámara de Diputados lo provocaron los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que modificaron el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo, en el cual se establecía que el TC tendría facultad para revisar las sentencias de la SCJ y limitaba la edad de sus jueces en 75 años. De ahí que, agrega, cualquier consenso o negociación debe darse respetando la Constitución.
Asimismo, Cabreja opinó que no procede convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para integrar el Tribunal Constitucional, sin que exista una ley orgánica, como se hizo con los miembros de la Junta Central Electoral, lo que a su juicio es lo que pretenden algunos sectores del oficialismo.
FUENTE: www.7dias.com.do