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El Servei de Salut no ha actuado contra el empleado del hospital de Inca que, según el informe que remitió a la Agencia Española de Protección de Datos, "cumplía con el patrón de consultas de datos de pacientes con la impresión de documentos", porque no tiene la certeza de que el usuario de ese ordenador sea el autor de la presunta filtración de esos datos a una concejala del PP para que cursara visitas de "cortesía" a los pacientes ingresados en el hospital comarcal que estaban empadronados en el municipio.
Al no tener esta certeza y ante los claros indicios de que se ha cometido un delito con la presunta filtración de esos datos, el Servei de Salut interpuso el pasado 18 de noviembre ante el juzgado de guardia de Inca una denuncia para que se investigara quién o quiénes han sido los responsables de una fuga de información desde el hospital al Ayuntamiento. En definitiva, las consultas de los datos de pacientes y la impresión de estos documentos a través de un ordenador determinado no implican necesariamente que su usuario habitual sea el autor de las mismas. Cualquier otra persona puede haber hecho uso de ese ordenador.
Pese a que desde el hospital de Inca se remitió al Servei de Salut un listado de 39 faxes enviados entre el 21 de septiembre de 2009 y el 2 de noviembre de 2010 al Instituto de Educación Secundaria Pau Casesnoves donde trabaja la responsable del área de Sanidad del ayuntamiento inquer, Margarita Horrach, presunta responsable de la organización de estas visitas a los pacientes con fines electoralistas. Y pese a que se haya constatado que el envío de los faxes iba precedido de una llamada a dicho instituto. Y pese a que, además, los picos de las consultas del usuario de ese ordenador coincidían con los días en que la edil del PP visitaba a pacientes de su municipio ingresados en el hospital.
El sindicato UGT, uno de los denunciantes ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de estos hechos desvelados por DIARIO de MALLORCA, no se mostró ayer tan cauto y consideró "importante" que la AEPD averigüe si se han vulnerado los derechos a los ciudadanos de Inca y pacientes del hospital y, si ha sido así, que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar.
Asimismo, el sindicato considera que la actuación de la AEPD debe "alejar de toda sospecha a la plantilla del hospital del Raiguer, por algo que presuntamente ha filtrado algún cargo político".
Por su parte, el director gerente del hospital, Federico Álvarez, señaló que no sabía quién era el usuario del ordenador desde donde se habrían filtrado los datos de los pacientes porque se desvinculó de la investigación hecha para "que fuera más objetiva".

FUENTE: www.diariodemallorca.es