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La Agencia Española de Protección de Datos lo confirmó. El secreto decretado por la jueza en relación con la operación Carioca podía ser vulnerado informáticamente y, parece que con bastante facilidad. El problema ya no solo era una cuestión exclusiva del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lugo. Afectaba también a los restantes de Galicia.

Las denuncias presentadas por la jueza Pilar de Lara Cifuentes derivaron en que la citada agencia abrió diligencias previas durante las cuales miembros de la citada agencia inspeccionaron el juzgado lucense, la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica de la Consellería de Presidencia y a la empresa Telecomunicaciones y Energía (Tecnocom).

Los inspectores de la agencia verificaron que en el juzgado lucense existen un total de 17 usuarios creados con acceso al sistema Minerva, tres con perfiles de secretario y trece con los de oficial tramitador. También verificaron que «constan dados de alta 21 usuarios con perfil de administrador -técnicos de sistemas- dichos usuarios funcionarios y de la empresa Tecnocom gestionan y administran el sistema Minerva por lo que pueden acceder a la información de los procedimientos judiciales». Recuerda, a su vez el informe, que la Xunta, dispone de un procedimiento para la gestión de bajas, altas y modificaciones de usuarios para el acceso al sistema de información.

Destaca el informe que, según la Xunta, se realizan copias de seguridad del fichero que contienen los datos personales correspondientes a los procedimientos. Desde el centro de proceso de datos de A Coruña, en remoto, se inicia el proceso de las copias de Lugo, almacenándose una copia en Lugo y otra en Santiago.

 

FUENTE: www.lavozdegalicia.es