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Ante todo, la Consellería de Presidencia quiere dejar claro, como ya alegó ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que el fallo de seguridad que en noviembre de 2009 provocó la pérdida del archivo informático con las diligencias previas de la Operación Carioca en Lugo no supuso finalmente la desaparición del documento. Días después se recuperó con una copia de seguridad. Eso no fue argumento suficiente para el organismo, que, como publicó ayer FARO, dio por acreditado que "el grave incidente" alrededor de la investigación de la trama de burdeles y supuesta corrupción evidencia una "escasa seguridad" del sistema. La Xunta, a través de la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, lleva desde entonces con trabajos de mejora en la red. La "mitad" de los requerimientos solicitados por la AEPD ya se aplicaron y el resto se completará "antes de que acabe el año". La auditoría para verificar la seguridad de la aplicación comenzará "en los próximos días".

De hecho, la Secretaría asegura que acaba de informar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del inicio del estudio, que en una primera fase afectará a 16 órganos y servicios judiciales. La otra de las medidas que la AEPD exigió en su resolución sancionadora y que falta todavía por poner en marcha es la de una normativa y los recursos necesarios para garantizar la destrucción en buenas condiciones de soportes y documentación con datos de carácter personal. "Estamos trabajando en eso ya", sostienen en el departamento, con la intención de tenerla lista también este mismo 2011. 

El resto, según Modernización e Innovación Tecnolóxica, están incorporados y la red informática, a través del conocido programa Minerva, cuenta "con un mecanismo que registra todos los accesos a los procedimientos judiciales y que están bajo el control directo del responsable de seguridad competente" –algo que, con el fallo de las diligencias del caso de Lugo, no funcionaba, por lo que no se pudo determinar quién fuera el último usuario en entrar en el archivo–, además de establecer un mecanismo para impedir que nadie pueda extraer información y "revisar" el control de acceso. La AEPD aseguraba que había demasiadas claves para los usuarios que realmente deberían tener posibilidad de acceder a los archivos. 

La Xunta mantiene que en el momento en el que ocurrieron los hechos ya trabajaba en aliviar "las deficiencias históricas" que acarreaba el sistema informático judicial gallego. De entonces es el Plan de Medidas Urgentes que se activó para afrontar "las incidencias más críticas" ante "la precariedad" de los sistemas. Entre 2009 y 2010 la inversión ascendió a 5 millones de euros. Ahora está en vigor el Plan Senda, con 34 millones, para mejoras hasta 2014.

FUENTE: www.farodevigo.es