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Sobre la una de la tarde de ayer, un camión entró en el Canal de los Presos de Sevilla y abandonó en el campo cientos de currículos con datos personales —teléfonos móviles, direcciones, estudios, experiencia profesional y fotos— de demandantes de empleo, así como otros documentos y cajas de cartón en los que figura el membrete de la multinacional de restauración Receco, propietaria de cinco cafeterías y bares en la estación de Santa Justa. Tras la denuncia de testigos oculares, la Policía Nacional se presentó en el lugar de los hechos y recabó datos para abrir una investigación.

La documentación arrojada al Canal de los Presos quedó diseminada por una importante extensión de terreno, donde cualquiera que se acercaba podía coger currículos presentados en 2009 y 2010, copia de faxes dirigidos por Receco en 2010, así como partes de limpieza de baños y reposición de alimentos en cafeterías. Entre la documentación tirada al campo aparecían cajas de cartón dirigidas a Receco, con sede en la Estación de Santa Justa. Entre los papeles figuraban documentos con sellos impresos de Receco con su CIF, su dirección y su teléfono.

ABC contactó ayer con Antonio García, encargado de la multinacional Receco en Sevilla, quien negó que hubieran ordenado destruir documentos a ninguna empresa ni que la hubieran arrojado al Canal de los Presos. «Si nosotros queremos tirar documentos, lo hacemos a la basura y de ahí va al contenedor», explicó García, quien afirma que tiene en su oficina todos los currículos que les presentan para optar a puestos de trabajo en los cinco puntos de venta que tienen en la Estación de Santa Justa. Por su parte, Rocío Domingo, responsable de Recursos Humanos de la multinacional italiana, explicó a ABC que la empresa abrirá una investigación interna para saber qué ha podido pasar «porque —dijo— todo nuestro personal conoce nuestra normativa y nosotros cumplimos a rajatabla la Ley de Protección de Datos y tenemos destructores de documentos. Hasta ahora hemos pasado todos los controles internos y externos para salvaguardar la seguridad de nuestros documentos, pero investigaremos si algún malintencionado o algún personal externo ha podido tirar documentación nuestra para perjudicar a la empresa».

Entre los currículos arrojados al Canal de los Presos estaba el de Estrella T., una joven de 24 años vecina de Torreblanca, quien admitió haber entregado en las cafeterías de Santa Justa su currículum buscando trabajo como camarera. «Ese currículo lo dejé allí hace ya al menos un año porque ya estoy trabajando», explicó Estrella, quien se muestra preocupada de que sus datos personales y el de cientos de personas hayan estado tirados en la vía pública a la mano de cualquiera. Otra de las solicitantes de empleo en las cafeterías de Santa Justa es María Pastora S., quien también mostró su sorpresa al saber que su currículo con su foto estaba abandonado en el Canal de los Presos. «Voy a denunciar los hechos en la comisaría», subrayó Pastora.

Infracción «grave»

La Ley Orgánica de Protección de Datos establece sanciones que van desde los 900 a los 40.000 euros para infracciones leves; de entre 40.000 y 300.000 euros para infracciones graves; y de 300.000 a 600.000 euros para sanciones «muy graves». La Agencia de Protección de Datos, que tiene potestades de inspección y sancionadoras, podría calificar el abandono de currículos en la vía pública como una infracción «grave», según fuentes de ese organismo, porque se habrían vulnerado los artículos 9 y 10 de la Ley de Protección de Datos.

Fuentes de la Agencia de Protección de Datos informaron ayer a ABC que hoy estudiarán el caso para decidir si abre una investigación para ver si ha habido una vulneración de la Ley por la aparición de documentos privados en la vía pública. La apertura de la investigación puede hacerlo de oficio a raíz de las informaciones que aparecen en prensa, por denuncias de afectados o de autoridades, como la Policía. Precisamente, efectivos de la Policía Nacional hicieron ayer una inspección ocular del Canal de los Presos donde fueron arrojados los documentos privados y currículos. Si la Agencia de Protección de Datos encuentra indicios de infracción, podría abrir un procedimiento sancionador si el responsable es una empresa privada o una declaración de infracción si se trata de una Administración.

FUENTE: www.abcdesevilla.es