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«Ni soy, ni he sido nunca cliente de Vodafone». Con esta contundente respuesta contestó J.A.M., un ingeniero técnico bilbaíno jubilado de 76 años, a una carta que recibió en octubre de 2009 en la que se le reclamaba una deuda de 546,57 euros con una compañía telefónica. En menos de un mes, el hombre consiguió que Vodafone España reconociera que se trataba de un error, pero «soy muy peleón», y lo denunció ante la Agencia de Protección de Datos, que inició el pasado mes de enero un procedimiento sancionador contra Seinco, una empresa de intermediación financiera y cobros que se encarga de perseguir a morosos. La multa, que aún tardará en fijarse, puede oscilar entre 60.000 y 300.000 euros.

Tras varias llamadas de teléfono y comunicaciones vía correo, J.A.M. recibió un escrito de Seinco en el que admitía que se había cometido una «confusión en la dirección del envío», por lo que pedían «disculpas». La deuda correspondía a una persona homónima, pero con el número de DNI distinto. «¿De dónde han sacado mis datos?, ¿quién ha suplantado mi identidad?, es gravísimo, peligroso, de juzgado», protestó el hombre. La empresa reconoció ante la Agencia de Protección de Datos que había buscado la dirección del supuesto deudor en las Páginas Blancas.

Amenazas

En la primera carta que recibió en su casa del centro de Bilbao, le amenazaban con emprender acciones judiciales contra él si en el plazo de diez días no abonaba la cantidad de 546,57 euros. Además, le advertían de que la primera consecuencia de no pagar sería su inclusión en una «listado de incidencias judiciales», que el hombre cree que se trata del registro de morosos que manejan los bancos. En el mismo escrito figuraba un número de cuenta del Banco Santander donde ingresar la cuantía. Protección de Datos considera que Seinco ha incurrido en una infracción, ya que «el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá del consentimiento inequívoco del afectado».

El jubilado bilbaíno admite que no le preocupaba tanto la cantidad que le reclamaban, que no pensó nunca en pagar, como «que haya alguien por ahí que se hace pasar por mí, me gustaría saber quién es, ¿en qué manos estamos?». No obstante, lo que más le «cabreó» fue que «se cachondearan de mí, si me hubieran dicho lo siento, lo habría entendido, todos nos equivocamos en la vida», dice.

El caso de J.A.M. es el tercero en menos de un mes que salta a la luz pública en Vizcaya por una posible estafa por usurpación de identidad en los contratos de telefonía móvil. Hilda Chávez fue incluida en una lista de morosos, que le impedía pedir un crédito, y a una farmacéutica de Getxo recibía le atribuían líneas de un vecino de Aoiz (Navarra). «Siempre hay picaresca, pero los casos son muy limitados. Cuando el cliente se pone en contacto con nosotros, se elimina la deuda y se da de baja la línea», asegura un portavoz oficial de Vodafone.

 

FUENTE: www.elcorreo.com