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PALMA. El sindicato UGT confirmó ayer a este diario que hoy mismo remitirá por correo certificado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) un escrito en el que denuncia que el hospital comarcal de Inca no ha guardado como debía los datos de sus pacientes ingresados y le insta a investigar todo este asunto por si pudiera ser constitutivo de un delito al vulnerar la legislación vigente referente a la protección de datos.

Ahora, con la denuncia presentada por el sindicato UGT ante el organismo estatal, Protección de Datos tendrá que investigar todo este asunto. Desde la AEPD señalaron que, en caso de no recibir denuncia alguna, podrían actuar igualmente de oficio si tras analizar la documentación aparecida en los medios de comunicación se desprendiera una posible infracción de la ley.

Para ello, el sindicato adjuntará toda la documentación publicada en DIARIO de MALLORCA sobre esta presunta filtración irregular en el hospital comarcal. Como se recordará, este rotativo publicó varias listas de pacientes ingresados en el hospital comarcal en las que figuraban datos personales de los enfermos y el número de la habitación en la que estaban ingresados. Al parecer, listados como este son filtrados por alguien del centro sanitario al Partido Popular de Inca para concejales cursen visitas con un claro objetivo electoralista a los pacientes de su municipio.

Desde la conselleria de Salud se admitió que se produjo esta filtración de datos "no autorizada" por parte de los pacientes y se abrió una investigación que, hasta el momento, no ha arrojado ningún resultado.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Balears, Aurelio Martínez, reiteró que, en opinión de su sindicato, "la gerencia del hospital de Inca no ha cumplido con su obligación de guardar los datos de sus pacientes. Y de la investigación que ahora tendrá que abrir Protección de Datos se puede derivar un delito si alguien ha hecho un uso de esos datos para fines políticos, no es sólo el hecho mezquino de usar la enfermedad con estos objetivos".

Para Martínez, si la AEPD determina que se ha producido un delito tendría que sancionar a la Administración y pedir la intervención de la Fiscalía.

 

FUENTE: www.diariodemallorca.es