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VIGO. La Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), la de mayor número de asociados y dimensión de toda España y Europa, pone en duda la legalidad e incluso constitucionalidad de algunos aspectos de la nueva Ley de Pesca Sostenible, que aprobó en agosto el Gobierno y que ahora se encuentra en tramitación parlamentaria, en plazo de presentación de alegaciones. Tras remitir sus planteamientos a los distintos grupos parlamentarios, el PP ha convidado a Arvi exponer sus alegaciones en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso, una intervención que asumirá el propio presidente de los armadores vigueses, Javier Touza, y que, según el propio interesado, podría producirse yala próxima semana.

Según avanzó Touza a este diario, la objeción prioritaria de los armadores a la ley afecta al artículo que establece la denominada reserva nacional de posibilidades de pesca que, a jucio de Arvi, significaría que "cuando se produzca la transmisión de derechos de pesca entre empresas, desguaces con subvenciones comunitarias y algún otro o supuesto, parte de ese derechosde pesca, hasta un 15%, se tiene que transferir a favor del Estado para administrarlo a su criterio".

Para Arvi, "esos derechos son individuales y adscritos a las empresas y entendemos que con esa norma se produciría una desposesión ilegítima o confiscación ilegal de derechos patrimoniales, lo que va contra la libertad de empresa y crearía una gran inseguridad jurídica".

Otro punto de oposición a la nueva ley se refiere a la regulación de las entidades asociativas del sector. "Es decir, que el Gobierno podrá dictar normas que regulen las asociaciones pesqueras y entendemos que eso es de dudosa constitucionalidad, porque nosotros estamos regulados por una ley orgánica, la de Asociaciones, y una ley de ordinaria, como la de Pesca, de rango inferior, no puede derogarla. 

Asimismo, se discrepa de las medidas provisionales o cautelares previstas en el proyecto de la nueva Ley de Pesca Sostenible, que prevé incluso, según Touza, que "pueda decretarse el apresamiento cautelar de un buque solo con que se tenga conocimiento de la comisión de una presunta infracción". 

Para la flota viguesa esta previsión de medidas cautelares es "desproporcionada" y podría ser causa de "importante quebranto económico para las empresas del sector, cuando lo lógico es que ante una supuesta infracción se abra un expediente para investigar lo ocurrido y actuar y sancionar una vez probados los hechos".

Otro aspecto que sucita las protestas de los armadores radica también en la obligatoriedad que impondría a las asociaciones del sector de colaborar con la Administración. "Nuestra Constitución y los convenios internacionales señalan que nuestro papel es representar y defender los intereses del sector y tenemos que ser oídos por la Administración en nuestros planteamientos, que pueden ser contrarios a los suyos; lo que no se nos puede exigir es la colaboración,excepción hecha de las inspecciones, y más cuando eso choca con la Ley de Protección de Datos, porque no podemos ofrecer información sobre nuestros asociados sin su autorización o bajo mandato judicial; Es decir, no podemos convertirnos en chivatos", señala Touza.

 

FUENTE: www.farodevigo.es