La ciberseguridad está redefiniendo el mercado de la videovigilancia

La industria esta entrando en una era en la que miles de millones de dispositivos serán capaces de almacenar y transmitir datos a través de Internet. Recientemente, la consultora Gartner pronosticó que habrá 6,4 millones de ‘cosas’ conectadas globalmente hasta el final del año.

Con la creciente cantidad de datos que se generan, comparten, se almacenan y acceden a través de modelos de computación en la nube, es fundamental protegerse contra las posibles vulnerabilidades de las soluciones conectadas a la red – incluso contra el acceso no autorizado a las imágenes de cámaras de videovigilancia en instalaciones críticas por parte de grupos de hackers independientes o atendiendo al supuesto interés de gobiernos.

La preocupación con la ciberseguridad de cámaras es creciente y encuentra fundamentación técnica porque, teóricamente, cualquier dispositivo conectado a la red es pasible de ser explorado por personas no-autorizadas. Pero eso no quiere decir que cualquier cámara de cualquier fabricante está igualmente vulnerable a potenciales ataques. Hay dispositivos bastante vulnerables y otros mucho menos vulnerables, de lo que depende una serie de acciones que pueden tomar el fabricante y el usuario... LEER NOTICIA COMPLETA.

La catedral de Santiago es la única de las grandes de España que carece de control de acceso

El monumento sigue siendo objetivo del terrorismo islámico

La catedral de Santiago es la única de las que figuran entre los objetivos del terrorismo internacional que carece de control alguno de acceso. Por tratarse de un símbolo del cristianismo, el monumento compostelano, como otros españoles y europeos, es uno de los objetivos prioritarios de los yihadistas, tal y como quedó reflejado en más de una ocasión en los documentos de las fuerzas de seguridad y en páginas web y mensajes en las redes sociales de los radicales islámicos. Sin embargo, catedrales como la de Colonia, Chartres o Notre Dame están vigiladas a diario y controlan quién entra y sale. Otras españolas, como la de Sevilla o la de Toledo no tienen contratada seguridad privada, pero sí cobran por la entrada, lo que en cierto modo es ya un sistema de control. En la de Santiago, en cambio, excepto en fechas señaladas como el 25 de julio, no hay ningún tipo de vigilancia, y los expertos en seguridad creen que ese déficit la hace más vulnerable.

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Entre las voces autorizadas a las que les sorprende esa laxitud está el director del Centro de Estudos de Seguridade de la Universidade de Santiago, José Julio Fernández, licenciado en Derecho y diplomado en Seguridad y Defensa, que ayer organizó en Compostela unas jornadas sobre inteligencia y terrorismo en las que intervinieron otros expertos como el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva, el director del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz o el periodista galardonado el miércoles con el premio Fernández Latorre, Miguel-Anxo Murado Las jornadas sirvieron para analizar los retos y las amenazas emergentes en terrorismo, así como los métodos para combatirlo, que hoy en día pasan inevitablemente por la inteligencia, «que recaba informes, los analiza y los pone a disposición del Gobierno para pueda prevenirlo».

A entender de José Julio Fernández, que fue también valedor do pobo, ese sistema ha dado buen resultado en España, «donde en los últimos dos años fueron detenidos 150 yihadistas y no hubo ningún atentado», pero no en otros países vecinos.  

El terrorismo islamista es, a entender de los expertos en seguridad, la principal amenaza que tienen ahora las sociedades democráticas, «porque a diferencia de otros como ETA o el IRA, no permite la negociación porque es un terrorismo suicida, y eso obliga a un cambio de estrategia por parte de las fuerzas del orden»....LEER NOTICIA COMPLETA

Rommy Arce defiende la supresión de seguridad privada en Junta de Arganzuela porque Policía Municipal puede suprirla

La concejala-presidenta de la Junta de Arganzuela, Rommy Arce, ha defendido este lunes durante el Pleno municipal la supresión de la seguridad privada en la Junta de Arganzuela en diciembre de 2015 porque "en coherencia con el área de Seguridad", y ha añadido que "las funciones que puede llevar a cabo la Policía Municipal en esa materia pueden suplir a los agentes privados".

Así ha respondido Arce a la pregunta formulada por la popular Carmen Castell, quien le ha indicado a la concejala-presidenta que "mientras apoyaba a los okupas de Patio Maravillas otros amigos de lo ajeno asaltaron la sede de la Junta Municipal".

"Hace meses que vecinos, trabajadores y oposición reclamamos medidas para garantizar la seguridad de edificios públicos en los que hay robos. Usted a lo suyo, que es estar defendiendo delincuentes y maltratadores, en vez de hacer lo que debe, garantizar la protección en polideportivos y otros edificios municipales", ha indicado Castell.

Arce ha indicado que el robo se debió a "un hecho de carácter fortuito, a un fallo de régimen interno del edificio, ya subsanado"... LEER NOTICIA COMPLETA.

DEBERÁN PAGAR 46 MILLONES DE EUROS

La CNMC multa a Prosegur y Loomis por prácticas anticompetitivas

Una denuncia anónima ha acabado con las dos empresas de seguridad privada sancionadas por repartirse el mercado de transporte y manipulación de fondos. Prosegur ya ha anunciado que recurrirá

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competenci (CNMC) ha sancionado con 46,44 millones a Prosegur Compañía de Seguridad y a su filial Prosegur Servicios de Efectivo España (Prosegur), y a Loomis Spain (Loomis) por infringir la ley de defensa de la competencia durante, al menos, siete años, concretamente entre 2008 y 2015. Según Competencia, las dos empresas se seguridad privada se repartieron el mercado de transporte y pactaron precios durante este tiempo. Prosegur ya ha anunciado que recurrirá la multa.

La CNMC considera que las dos empresas de seguridad privada "han acordado precios y se han intercambiado información comercial sensible durante 7 años para el transporte y manipulación de fondos que, según la normativa vigente, deben realizar empresas de seguridad privada autorizadas".

El grupo Prosegur se enfrenta a una multa de 39,4 millones, mientras que Loomis tendrán que pagar 7 millones de sanción. Dos directivos de estas empresas, José Luis Illana Garcia (Prosegur) y Juan Miguel Mata Montejo (Loomis), también han sido multados por Competencia con 36.000 y 16.600 euros, respectivamente.

La sanción a las dos empresas culmina la investigación que llevó a cabo la CNMC a partir de una denuncia anónima que daba cuenta de los sucesos en dos concursos para la recogida, transporte y custodia de fondos, efectos de franqueo y filatélicos del Grupo Correos en noviembre de 2014. Tras realizar inspecciones en las sedes de ambas compañías. Cometencia considera acreditado que ambas compañías llevaron a cabo distintas estrategias para repartirse el mercado, adaptando las mismas en función del tipo de contrato o de servicio, o del cliente a quien debían prestar el servicio.

Estas prácticas anticompetitivas han quedado acreditadas a través de las manifestaciones de los propios empleados contenidas en correos electrónicos y en la actitud adoptada por las dos empresas multadas en el mercado, que denota la existencia de un acuerdo previo, o cuanto menos de una concertación de actuaciones de cara a respetar la posición del rival en el mercado.

Según la CNMC, el reparto de mercado ha permitido a las dos empresas eliminar la presión competitiva entre ellas, así como preservar y mantener prácticamente inalterada su posición en el mercado durante un prolongado periodo de tiempo e impedir la entrada o expansión de nuevos competidores.

 Dicho reparto de mercado se ha visto favorecido por la existencia de un duopolio de Prosegur y Loomis en España...LEER NOTICIA COMPLETA