En Cubelles

Barcelona:Detenido un empresario por tener a un trabajador con un contrato falso y explotado laboralmente

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El trabajador hacía jornadas de 12 horas y media por un sueldo de 500 euros mensuales y sin día de descanso

Los Mossos d’Esquadra detienen el responsable de una empresa de seguridad, un hombre de 24 años y vecino de Cubelles (Barcelona), como presunto autor de un delito de falsificación del contrato de un trabajador y de explotarlo laboralmente.

La investigación se inició en otoño de 2015 cuando agentes de los Mossos d'Esquadra detectaron un rótulo sospechoso de una empresa de vigilancia que se encargaba de la seguridad de una obra nueva en el municipio de Cubelles (Barcelona).

Tras una inspección administrativa en la obra, identificaron al vigilante y obtuvieron documentación que indicaba un presunto intrusismo en el ámbito de la seguridad privada.

Los investigadores analizaron el contrato entre la compañía de seguridad y el trabajador para determinar su validez y la Seguridad Social confirmó que los datos del contrato eran falsos y que nunca se había presentado al organismo competente.

Además, el trabajador hacía jornadas de 12 horas y media por un sueldo de 500 euros mensuales y sin día de descanso desde el inicio de la obra hasta el día de la inspección, lo que contabilizaban 45 días seguidos....LEER NOTICIA COMPLETA.

El PSOE propondrá un cambio en la ley de seguridad privada en las cárceles.

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Va a presentar una proposición para fijar que los ex escoltas del País Vasco sean los que ocupen las vacantes

El PSOE, pese a los plenos de investidura, no ha paralizado su actividad parlamentaria y tiene previsto presentar, esta misma semana, varias proposiciones de ley. Una de ellas defiende la contratación directa de los ex escoltas del País Vasco que protegieron a autoridades políticas antes del fin de ETA.

En abril de 2014 se aprobó la llamada Ley de Seguridad Privada, que permitía la contratación de vigilantes privados para las cárceles del Estado. La medida, que se empezó a aplicar ese mismo verano, se justificó asegurando que era una fórmula para que los ex escoltas del País Vasco tuvieran un nuevo empleo.

La norma acabó con las convocatorias públicas para cubrir las plazas vacantes en las prisiones y, a cambio, se optó por un concurso restringido a las empresas que tenían contratados a aquellos que habían protegido a políticos y empresarios en el País Vasco hasta el alto al fuego de ETA anunciado en 2009.

No obstante, según los responsables de Interior del Grupo Socialista en el Congreso, el objetivo final de la medida no se está cumpliendo: “Las empresas llevan a las cárceles a jóvenes agentes que no han trabajado como escoltas, por lo que además de incumplir con lo dicho se incorpora a gente con poca experiencia”, explican a El Confidencial Digital.

Objetivo: blindar la contratación de ex escoltas

Para cambiar esta deriva, el PSOE ha presentado este lunes ante la Mesa una proposición no de ley para reformar la LO de 2014.

En la PNL, a la que ha tenido acceso este diario, se pide blindar, por escrito, la contratación en las cárceles de aquellos que ejercieron como escoltas tanto en País Vasco como en Navarra. De esa forma, se pretende evitar que las empresas sitúen en su lugar a otros candidatos....LEER NOTICIA COMPLETA.

Tras la "puerta anti-okupas".

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El ayuntamiento avisa a los propietarios de pisos ocupados de que no pueden recurrir a "prácticas ilegales" de desalojo como la del jueves en el Raval -- La empresa de seguridad contratada llegó a instalar una doble puerta

La llaman "puerta anti-okupas" y es el producto estrella de los servicios de seguridad que ofrece una empresa privada especializada en desalojos que el jueves intentó 'vaciar' un piso ocupado por inmigrantes filipinos en el Raval. "La solución definitiva para la intrusión en su vivienda deshabitada", reza en su web. El desalojo fue impedido por los vecinos de la zona, que alertaron a la policía al ver a cinco hombretones de negro presionando a los filipinos para que se fueran, como avanzó ayer EL PERIÓDICO. Pero el consejero técnico del distrito, Jordi Rabassa, ha alertado desde su cuenta en facebook de la gravedad de este tipo de acción sin orden judicial, "totalmente improcedente desde el punto de vista legal", haciendo un llamamiento a propietarios afectados por okupaciones para que desistan de esta estrategia.

La puerta añadida, estilo mazmorra del siglo XXI, ha quedado instalada (sin cerrar) como recuerdo del intento y, con toda seguridad, para blindar una posible reokupación en cuanto el desalojo legal por vía judicial se produzca. Una situación brutalmente cotidiana en la zona, ya que según Rabassa entre enero y mayo el distrito ha trabajado en 149 casos de desahucios (por vía legal), de los que 70 afectan al Raval, con un total de 434 vecinos a un paso de la calle, un 26% de ellos menores. Desde el Servicio de Intervención ante Situaciones de Pérdida de la Vivienda y Ocupación, afirma que se han aplazado 99 casos y se ha encontrado solución temporal a 4 y definitiva a 46.

Así que la historia de Rodman y de Olimpia, dos de los al menos cinco ocupantes del 2º1ª de la calle de la Cera número 15, es la de tantos otros desdichados vecinos de Barcelona, de economía frágil y golpeados por la crisis. Cuenta ella, madre de dos niños, que años atrás se instalaron en el edificio con un contrato en regla. Creen recordar que pagaban algo más de 500 euros. Hasta que dejaron de hacerlo y fueron desahuciados, como muchos vecinos con pocos recursos en Ciutat Vella.

VOLVIERON AL PISO

Sabiendo que el piso estaba vacío, hace más de un año decidieron ocuparlo ilegalmente. "No teníamos donde dormir y aquí no había nadie", justifican estos inquilinos, que han generado algunas quejas en el vecindario por ruidosos y "problemáticos", explican otros residentes y Rabassa. Pero hace unos meses, comenzaron las visitas intempestivas de alguien que les instaba a irse. Lo definen como un acoso continuado, que culminó el pasado jueves por la tarde cuando se presentaron los cinco 'seguratas' que los vecinos y activistas de la zona identifican como la empresa STM Seguridad, aunque los Mossos mantienen que es la firma Desokupa, cuya actividad califican de legal.

Una y otra están vinculadas, aunque en Desokupa se ofrecen procedimientos de desalojo "amistosos" y respaldo "legal" para intermediar para que alguien se marche, mientras que en la de STM aluden a la prevención. No hay que olvidar que desde la crisis la ocupación de pisos vacíos ya no es materia exclusiva de los okupas, sino que muchos colectivos vulnerables en Ciutat Vella y barrios periféricos de la ciudad se han hecho con un domicilio dando una patada a la puerta, muchas veces en pisos antes desahuciados. En este escenario, el servicio de las puertas "anti-okupas" se vende como alternativa a "los tapiados y las antiestéticas chapas metálicas" -se anuncian- y sin duda tiene mercado.

Entre los nuevos casos de usurpación de viviendas se dan muy distintas coyunturas, que han propiciado la aparición de iniciativas como Desokupa, que en abril pasado saltó a la luz al enviar a ocho especialistas a desalojar una finca okupa de Gràcia, acompañados por paletas que procedieron a desmantelar el espacio, entre otras intervenciones. En La Cera, además de la puerta colocaron una alarma que finalmente retiraron.

INVITADOS A IRSE

Rodman no tiene muy claro qué ha sucedido exactamente con el inmueble donde viven. Un banco se hizo con él pero creen que después lo vendió (ya ocupado) a un inversor, que sería quien ha encargado el desalojo exprés. Los hombres no amenazaron a nadie, cuenta, aunque sí accedieron al piso y les dijeron que tenían que irse antes de las diez de la noche. Después retiraron enseres del domicilio y les invitaron a marcharse en ese momento, pese a que tienen fecha de juicio en noviembre, afirman a este diario. Fue entonces cuando llegaron los Mossos y la Guardia Urbana, avisados por vecinos y activistas que se habían concentrado ante el portal de la calle al ver que un hombretón les cerraba el paso a todos los vecinos....LEER NOTICIA COMPLETA.

El FBI confirma el hackeo del sistema electoral en dos estados a tres meses de las elecciones de EEUU

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El próximo 8 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, y a pocos meses de la cita el FBI ha desvelado que tiene pruebas de que hackers extranjeros podrían haber penetrado en por lo menos dos bases de datos electorales en las últimas semanas, de una de las cuales podrían habrían extraído información de los votantes.

Tal y como apuntan fuentes internas de Yahoo News, aunque el FBI no ha dado los nombres de los estados afectados estos serían Arizona e Illinois. En el caso de Arizona el ataque habría sido detenido en cuanto se detectó malware antes de que se consiguiera extraer ningún dato, pero en el de Illinois, sucedido a finales de julio, se apunta a que los atacantes podrían haber descargado los datos personales de hasta 200.000 votantes.

El FBI informó internamente sobre el hackeo a mediados de agosto mediante un boletín informativo, aunque lo descubrió en julio y este tuvo lugar en junio. Aun así, las primeras investigaciones apuntan a que no se ha manipulado el sistema de votos de los estados afectados, aunque en el caso de Illinois obtuvieron información como el nombre, el apellido, la dirección, el sexo o la fecha de nacimiento de 200.000 de los 15 millones que según la CNN tiene registrados la base de datos.. Los primeros indicios apuntan a Rusia

El boletín del FBI apunta a 8 direcciones IP desde las que supuestamente se accedieron a los sistemas de voto electrónico, y aunque ninguna de ellas fue utilizada en ambos ataques, los federales creen que los dos están relacionados, y para curarse en salud le han pedido al resto de estados que investiguen sus sistemas de votos en busca de posibles indicios de que también hayan accedido a ellos.

Rich Barger, jefe de la inteligencia de la firma de ciberseguridad ThreatConnect, le ha dicho a Yahoo News que las IPs han aparecido previamente en foros rusos de hackeo. También dice que los métodos y el software utilizados son similares a otros ataques realizados desde aquel país, como por ejemplo el sufrido por la Agencia Mundial Anti-doping el pasado 12 de agosto.

Aunque de momento el FBI no ha hecho ningún tipo de declaración sobre la investigación en curso, algunos agentes han confirmado sus sospechas de que el ataque venga de un país extranjero, y se está investigando una posible relación con el sufrido por el Partido Demócrata de EEUU a principios de mes....LEER NOTICIA COMPLETA.

La primera fuerza de seguridad es privada: ya hay más vigilantes que guardias civiles.

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Las compañías de seguridad privada lograron en 2015 que sus plantillas superen por primera vez en número a la Guardia Civil gracias a la crisis y a la nueva ley del sector

La patronal de las empresas de seguridad privada (Aproser) ha lamentado en su balance de 2015 que la facturación del sector solo aumentara el pasado año un 2,8%, una tasa ligeramente inferior al 3,2% que creció la economía durante esos mismos 12 meses. Pero lo que Aproser no ha destacado es que su negocio alcanzó un hito que dibuja un nuevo paradigma en el modelo de la seguridad nacional. Los vigilantes privados se convirtieron en 2015 en la fuerza de seguridad más numerosa de España, superando por primera vez en número de efectivos a la Guardia Civil. A la Policía Nacional ya la superaron hace años.

La cifra sale del propio anuario estadístico de la patronal de seguridad. El número de vigilantes privados en activo subió de los 75.628 que había en 2014 a los 78.200 de 2015, un 3,4% más. El crecimiento es moderado, pero suficiente para rebasar en agentes a la Guardia Civil. Según han confirmado fuentes del Instituto Armado a este diario, el catálogo de puestos de trabajo del cuerpo contempla una dotación de 83.220 empleados. Sin embargo, no todas las plazas están ocupadas y en esa cifra también se incluyen efectivos en la reserva. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de este año revela que, en realidad, la Guardia Civil contaba al cierre de 2015 con apenas 75.544 funcionarios en activo. El mismo documento señala que, el 31 de diciembre de 2014, la plantilla real del Instituto Armado era de 76.596 agentes. Es decir, que mientras que el número de agentes privados de seguridad no deja de crecer, la dotación de guardias civiles está en plena contracción.

El descenso del número de agentes de la Guardia Civil se explica sobre todo por la drástica reducción de las ofertas de empleo público para acceso al cuerpo. Entre 2010 y 2014, Hacienda autorizó convocatorias de únicamente el 10% de la tasa de reposición del cuerpo, es decir, que solo uno de cada 10 agentes que dejaron la Guardia Civil por voluntad propia, jubilación o fallecimiento fueron sustituidos por otro funcionario. En 2015, la convocatoria aumentó hasta el 50% de la tasa de reposición y 2016 es el primer año desde 2009 en el que salen a concurso vacantes suficientes para cubrir todas las bajas. Pero ni esos agentes se han incorporado todavía ni, cuando lo hagan, podrán revertir el descenso sufrido durante los años más duros de la crisis.

La Policía Nacional ha afrontado la misma encrucijada. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 31 de diciembre de 2014 formaban parte de la plantilla de la Policía un total de 66.519 agentes. Un año después, su número había caído hasta los 65.741, casi 13.000 menos de los que trabajan en la seguridad privada. El motivo es nuevamente el recorte al mínimo de la convocatoria de plazas de ingreso en el cuerpo. Hasta 2016 no se ha convocado una oferta que permita cubrir el 100% de las bajas que sufre anualmente la institución.

El escenario de la seguridad privada es completamente distinto. Las cifras de la patronal de seguridad privada reflejan que, a pesar de la crisis económica, el sector está aprovechando la pérdida de puestos de trabajo en el sector público y, por tanto, de capacidades de las Fuerzas de Seguridad, para ganar esas posiciones. Según su estadística, solo el 17% de su facturación procede de la Administración Pública y no ha habido ninguna variación en los últimos ejercicios en ese reparto de sus ingresos. Pero la compañías de seguridad han logrado que, en plena recesión, las empresas privadas se vean obligadas a mantener el 83% restante...LEER NOTICIA COMPLETA.