La Cámara de Primera Nominación de Córdoba condenó al gobierno de Mayú Sumaj al pago de casi cuatro mil pesos, en el marco del juicio iniciado por el secretario comunal Juan Carlos Pereyra contra la administración de Fabián Flores, que había instalado cámaras de seguridad para facilitar el cobro de multas de tránsito en esa localidad. El fallo fue por unanimidad y golpeó duro al mandatario peronista, quien se había negado a revelar la información vinculada a la iniciativa.
Los jueces Pilar Suárez Ábalos de López, Ángel Antonio Gutiez y Juan Carlos Cafferata, resolvieron avalar los requerimientos de Pereyra (ex mandatario de la comuna), quien buscaba conocer los pormenores de un "acuerdo" que permitió recaudar un total cercano a los tres millones de pesos, y que originó numerosas críticas por el virulento accionar de la comuna.
Tras presentar un pedido de informes el 10 de Febrero de 2009, Pereyra había intentado acceder a una información que Flores negó en numerosas oportunidades y con diversas excusas, al punto que llegó a descalificar el cargo que todavía ejerce en la función pública el propio demandante.
Sin embargo, nunca se entregaron los informes sobre el monitoreo del tránsito sobre la Ruta 14 y las quejas de los habitantes del sector fueron potenciándose. En ese sentido, se apuntó fuertemente contra el polémico y dudoso sistema recaudatorio que usaba la comuna y la empresa SERTRAN S.A, que tenía la concesión de las cámaras de seguridad y ejecutaba los cobros.
Con domicilio en Capital Federal, la empresa percibía el 70% de total recaudado y un "extra" de $40 por cada multa, que se cobraba a los propios infractores. De esta forma, SERTRAN y su apoderado, Alejandro José Abeliansky, se llevaban un bolsón incuantificable y llegaron a emitir un total de 250.000 multas a fines del 2009, a ejecutarse a través del Juzgado de Salsipuedes.
El convenio, que data del 2007, también permitía que la compañía pudiese seguir cobrando las deudas hasta la actualidad, pese a que se levantaron los controles y se interrumpió el contrato por orden expresa del gobierno provincial. Al respecto, el propio Pereyra reconoció: "Hicimos cinco pedidos de informes por el monitoreo de tránsito que se hacía con cuatro cámaras, en la intersección de la Ruta 14 y la Av. Las Moras. Cómo no contestaban presentamos un amparo por mora administrativa a la comuna de Mayú Sumaj, que preside Fabián Flores. Y cuando la situación se les complicó, presentaron una nota falsa como si me hubiesen entregado la documentación".
"Ahora, tenemos el fallo de la Justicia que establece que la comuna deberá pagar $3858 por el juicio que le hemos iniciado. Aunque, nosotros todavía estamos insistiendo para conocer las cuentas corrientes que se manejaban y los movimientos de cada una de ellas, porque es mucha plata la que se movió"; añadió el funcionario, quien luego recalcó: "La gente necesita saber en qué se gastó lo recaudado, en qué se invirtió esa plata que se cobró".

FUENTE: www.eldiariodecarlospaz.com