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SECURITAS DIRECT ALARMAS SIN HOMOLOGAR

Más de 200.000 clientes en España tienen instalados sistemas de Securitas Direct sin homologar que no cumplen las funciones más básicas de una alarma

Las Órdenes Ministeriales entraron en vigor el 18 de agosto de 2011 y, a día de hoy, siguen sin efecto. Los clientes cuentan con 10 años para cambiar sus alarmas, mientras que las empresas cuentan con numerosas prorrogas de gracia para homologar sus sistemas que siguen instalando a pesar de que no cumplen la normativa europea

El jueves 19 de diciembre de 2013, la peletería compostelana My Piel se quedaba en carne viva para soportar el crudo invierno. El motivo, un robo de 200 abrigos de piel valorados en 80.000 euros más una limosna de 500 euros que yacía en la caja registradora. El saqueo, al haberse producido en la etapa fuerte de ventas, dejaba a los dueños de la tienda en una situación más que delicada. Los causantes, un grupo de ladrones que, mediante la técnica del butrón, consiguieron acceder al establecimiento y llevarse cuanto producto de valor había en el recinto. La alarma no saltó. El domingo 6 de diciembre de 2015, una nave de alimentación sita en la localidad madrileña de Arganda del Rey, veía como los ladrones se llevaban un camión lleno de productos, valorados en 100.000 euros. A los cacos les dio tiempo incluso de elegir los víveres más cotizados. El modus operandi fue de lo más clásico: forzaron el portalón de entrada e inhibieron unas alarmas que tampoco saltaron.

Y como estos casos hay decenas: 80.000 euros en bicicletas en la tienda Serial Bikes o dos camiones de cobre de la sociedad Gamarra Recuperaciones. Casos en los que las alarmas tampoco emitieron ninguna señal. Muchas muestras más que evidentes de que las alarmas no están instaladas a prueba de bombas. Ni de butrones, alunizajes o forzamientos. Las alarmas son falibles y ese es el peor merchandising que puede tener una Compañía de seguridad. Máxime si esta se hace llamar Securitas Direct y presume de ser “la alarma número 1 en Europa”. Según los datos de Intersindical-STSP (Sindicato de trabajadores de Seguridad Privada), a día de hoy, al menos 200.000 clientes tienen sistemas de seguridad de Securitas Direct, instalados entre el 18 de febrero de 2011 y agosto de 2015, que no están homologados y que no cumplen ni las funciones más básicas de un sistema de alarma.

Leyes de obligado cumplimiento

Pero, ¿qué requisitos deben de cumplir estos sistemas? El 18 de febrero de 2011, a través del Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado nº 42 las siguientes Órdenes Ministeriales, que entraron en vigor el 18 de agosto de 2011: “Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de Seguridad Privada; Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada; y Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada”. En concreto, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre el funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, recoge que “cualquier elemento o dispositivos que forme parte de un sistema de alarma de los recogidos por la normativa de seguridad privada, deberá cumplir, como mínimo, el grado y características establecidas en las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398, o en aquellas otras llamadas a reemplazar a las citadas Normas, aplicables en cada caso y que estén en vigor. Los productos deberán estar ricados con arreglo a las Normas UNE o UNE EN anteriormente mencionadas y contar con la evaluación de la conformidad de Organismo de Control acreditados, por las Entidades de Acreditación autorizadas en cada uno de los países de la Unión Europea, de acuerdo con la Norma EN 45011”.

Esta aplicación era y es de obligado cumplimiento para aquellos sistemas de seguridad -intrusión, control accesos, CCTV, sistemas alarma social, sistemas y equipos de transmisión de alarmas, sistemas combinados o integrados- que se pretendiesen conectar a una central receptora de alarmas, centro de control o de videovigilancia a partir del 18 de agosto de 2011 y sobre nuevas instalaciones.

En detalle, estas normas adaptadas al marco europeo se enumeraban en la detección de la manipulación del panel de control y de los detectores; la detección de los fallos en los detectores y sistemas de transmisión de alarma; la detección de las señales de intrusión, inhibición y fallo de las comunicaciones; que el panel de control y los detectores de intrusión tengan medios para detectar la manipulación; que el período máximo permitido para detectar una inhibición no sea superior a los 120 minutos; que se procesen las señales de fallo cuya presencia sea superior a los 10 segundos; y que las incidencias queden registradas en la CRA o por el propio panel de control.

La treta de Securitas Direct

La treta de Securitas Direct, según la documentación que obra en poder de Extraconfidencial.com, descansa en no asumir estos requisitos como obligaciones, sino como servicios añadidos a la instalación de las alarmas. La protección contra la inhibición de señales es un requisito indispensable para todo sistema de seguridad que quiera contar con la oportuna homologación. Si nos dirigimos a la página web de Securitas, respecto a este servicio se dice: “La alarma de Securitas Direct es la única del mercado que protege a sus clientes en caso de inhibición de señales o cortes de línea, ya que detectan estos intentos de sabotaje y siguen transmitiendo señales mediante un canal de emergencia: la red de Transmisión de Señales de Alarma ATN”. Securitas Direct se aprovecha de esta situación para mandar un ataque a la línea de flotación de las empresas de la competencia (al asumir que ofrece un servicio que nadie tiene) y enriquecerse a costa de un extra que, además de funcionar erróneamente, debería de ser un servicio obligatorio para conseguir la homologación.

La defensa de Securitas Direct

Preguntado por Extraconfidencial.com, la opinión de Securitas Direct es diametralmente opuesta a esos hechos. La multinacional sostiene que todos sus clientes “disponen de equipos homologados y certificados conforme a la legislación vigente y cumplen correctamente con las funciones básicas de seguridad para las que son contratados”. Intersindical-STSP (Sindicato de trabajadores de Seguridad Privada), discrepa abiertamente en este punto, alegando que cuando entraron en vigor las Órdenes Ministeriales (18 de agosto de 2011) no tenían certificado ni un solo componente siendo los primeros certificados datados en noviembre de 2011 y junio de 2012. “A pesar de no tener certificado ningún componente a los clientes les certificaban el cumplimiento de las Órdenes Ministeriales, no solo antes de la entrada en vigor de las Órdenes Ministeriales, sino incluso cuando todavía no tenían certificados la mitad de los componentes que instalaban”, ahonda Intersindical.

Securitas Direct va más allá y afirma con vehemencia que las acusaciones que recaen sobre ellos están denunciadas “en múltiples instancias, y en todas ellas se ha considerado que cumplimos estrictamente”. A pesar de ello, en marzo de 2014, la UCSP publicaba una resolución que rezaba que los certificados aportados por Securitas Direct en el año 2012 no se podían dar por válidos “porque no acreditaban, en la evaluación de conformidad, el cumplimiento de los esquemas de certificación contemplados en el sistema 3 o superior de la ISO 67”. O lo que es lo mismo, que no se cumplían los requisitos mínimos de calidad que se exigen en España. Según la información facilitada por Intersindical, “ningún juzgado, a fecha de hoy, ha dicho que los sistemas de seguridad de Securitas cumplan normativa”.

En abril de 2012, Securitas Direct no disponía de certificados de la sirena modelo ES700ISN y el magnético modelo ES700MGLS. La norma UNE 50131-1, considerada como “la norma madre de la seguridad”, no aparece aplicada en los certificados Telefication, siendo aplicada por vez primera en noviembre de 2013. Por ello, Intersindical insiste en que Securitas engaña a sus clientes “haciendo constar que cumplen la Orden Ministerial 316/2011 y que esta norma está aplicada”.

Respecto a la inhibición, Securitas Direct pretende evadir la obligatoriedad de la detección de esta eventualidad apuntando que “no hay ningún precepto de la normativa que obligue a detectar la inhibición”. Sin embargo, acudiendo a la norma 50131-1 en el punto 8.1.4, se fija que “la detección de fallos en los sistemas de transmisión de alarma, son obligatorios”. En los puntos 8.8 y 8.9 aparece toda la información relativa a las inhibiciones que generan fallos de comunicación y que, por tanto, la central receptora de alarmas tiene que detectar obligatoriamente.

10 años para los clientes, toda una vida para Securitas

Parece ser que el único propósito de estas Órdenes Ministeriales era contar con la conformidad de instalar productos homologados para que los usuarios  tuvieran que modificar sus sistemas de seguridad y así provocar un mayor lucro de las empresas del ramo. Poco duró la vigencia de esta normativa, porque tras entrar en vigor las Órdenes el 18 de agosto de 2011, tan solo 12 días después, el 30 de agosto de 2011, el Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, Esteban Gándara Trueba, a pesar de no tener competencia para ello, dejaba sin efecto las nuevas normas hasta el 30 de enero de 2012, en lo que se describió como un “período de carencia extraordinario ante la imposibilidad temporal de contar con productos ensayados y certificados”.

¿En qué lugar se fundamenta entonces la campaña de marketing que escondían las nuevas Órdenes ministeriales? Cuando éstas entran en vigor, el 18 de agosto de 2011, se exige a los clientes cambiar sus sistemas de seguridad en un plazo de 10 años. Una inmejorable vía para amarrar el negocio de las multinacionales de la Seguridad Privada, laboratorios, organismos de control y distribuidoras.

Lo curioso es que ante la imposibilidad y consiguiente inexistencia de productos certificados conforme a las exigencias de la nueva normativa, las Unidades de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía ajustaron sus actuaciones de control al cumplimiento de unos criterios mínimos de seguridad. Los clientes seguían obligados a cambiar sus alarmas en diez años, mientras que las empresas de seguridad ganaban tiempo para adaptar sus sistemas y garantizaban a sus clientes el cumplimiento de la Orden INT/316/2011.

Una moratoria engañosa

No contentos con establecer esta moratoria, en detrimento del cliente y en favor de las empresas del sector, de nuevo la UCSP establecía un segundo período de carencia, esta vez, hasta el 30 de junio de 2012. Mientras tanto, y gracias a la connivencia de la UCSP, multinacionales como Honeywell aseguraban que sus productos estarían certificados antes del fin del segundo período de carencia, admitiendo de una forma velada que sus sistemas no estaban adaptados a la normativa y su instalación incurría en ilegalidad. De hecho, una vez terminado el segundo período de carencia, el 95 % del sector de la seguridad privada sigue incumpliendo la normativa.

El culebrón de las Órdenes Ministeriales y de las alarmas se cierra con dos hechos pasmosos. Por un lado, el 31 de octubre de 2011 la UCSP deja sin efecto las exigencias normativas en lo que respecta a los aparatos de grabación digital. Por otro lado, se modifican las Órdenes otorgando mayor margen de maniobra a las empresas por considerar “largo y costoso” el proceso de fabricación, certificación y acreditación de los nuevos productos y de los ya existentes al objeto de ser válidos y aptos para su comercialización.

De este modo, la UCSP regala al sector un tercer período de carencia de 30 meses para que cumplan las Órdenes Ministeriales que supuestamente entraron en vigor el 18 de agosto de 2011 y que nunca han tenido efecto sobre los ciudadanos, ni sobre las empresas. En todo este tiempo de prórrogas y carencias, el sector ha instalado miles de componentes de seguridad sin homologar. Unas instalaciones nuevas, que en algún momento -probablemente cuando la hucha de las empresas de seguridad esté lo suficientemente boyante-, tendrán que ser cambiadas para adecuarse a la norma europea. .....LEER NOTICIA COMPLETA

seguridad

7000 falsos avisos de alarmas en 2014

Ertzaintza recibió 7.000 falsos avisos de alarmas activadas por error en 2014

Seguridad muestra su preocupación por el incremento del 9% respecto al año anterior

La Ertzaintza recibió 7.021 avisos de falsas alarmas que se activaron de manera accidental o por errores en 2014, y como consecuencia de ello tuvo que investigar 885 casos de atracos que no eran tales.

Según datos difundidos este lunes por el Departamento de Seguridad, el pasado ejercicio aumentaron un 9 % respecto a 2013 el número de activaciones de falsas alarmas de avisos de atracos tanto por parte de las centrales receptoras como de las instalaciones particulares en comercios, empresas y viviendas, un asunto que preocupa a los responsables policiales.

En el mismo periodo de tiempo, los avisos verdaderos por robos, incendios y otras incidencias alcanzaron la cifra de 695, todos los cuales derivaron en intervenciones policiales.

Entre los motivos de las falsas alarmas destacan las activaciones por negligencias tales como olvidar las claves, no facilitarlas al personal de limpieza o descuidos.

El pasado año la Unidad de Seguridad Privada abrió 222 informes para posibles sanciones a usuarios por uso negligente del sistema de alarma. Asimismo, realizó 238 requerimientos de subsanación de errores cuando hubo dos o más alarmas falsas en un mes desde una mis instalación.

 

alarma mallorca ttcs

 

 

La inseguridad se paga.

Los trabajadores tienen derecho "a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo" -artículo 4.d) del Estatuto de los Trabajadores (ET)-. De ello se deriva que el empresario tiene el deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos ocasionados por el trabajo. Es un garante de seguridad. Es la actividad empresarial la que puede generar riesgos y, en consecuencia, es la empresa quien tiene la obligación de minimizarlos.

De no cumplir con este deber, y dejando al margen la posible responsabilidad penal, el empresario se enfrenta a tres posibles tipos de consecuencias: la imposición de sanciones administrativas; la responsabilidad civil por daños y la imposición de un recargo en las prestaciones de Seguridad Social.

Mediante el referido recargo, todas las prestaciones económicas de la Seguridad Social que tengan su causa en un accidente de trabajo o enfermedad profesional aumentarán, según la gravedad de la falta cometida, entre un 30 y un 50 por ciento. El coste del recargo recae directamente sobre el empresario, sin que pueda ser objeto de aseguramiento. Con ello se trata de compeler al empresario al cumplimiento de las medidas de seguridad, entendiéndose que tendrá una diligencia mayor si el coste del recargo recae directamente sobre su patrimonio. El inconveniente que tiene esta técnica es que, si el empresario resulta insolvente, al no haberse permitido su aseguramiento, el recargo no se hará efectivo.

La Sentencia del Supremo de 20 de noviembre de 2014 (Rec. 2399/2013) analiza un supuesto de responsabilidad por recargo. En el caso, el trabajador venía prestando sus servicios en una estación de servicio, como dispensador de gasolina. El 28 de febrero de 2009, hacia las 21.30 horas, fue víctima de atraco por tres encapuchados que, tras quitarle la cartera, le dieron una paliza, causándole lesiones graves en la cabeza y provocándole un derrame cerebral.

No era la primera vez que la empresa era atracada -había sufrido seis atracos con anterioridad-. En concreto, cuatro días antes de producirse el atraco en cuestión, se había sufrido otro intento de atraco. Pese a ello, la empresa no adoptó ningún tipo de medida y sólo después del último atraco en el que se lesionó gravemente al trabajador, ha instalado un sistema de alarma conectado a una central de alarmas. Tampoco tiene la empresa una cabina o recinto de seguridad para realizar el cobro a los clientes, ni ha contratado a un vigilante de seguridad, cerrando a las diez de la noche.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoció al trabajador, inicialmente, una prestación de incapacidad temporal y, con posterioridad, una prestación de incapacidad permanente total. No obstante, el INSS declaró que no procedía imponer recargo alguno a la empresa por falta de medidas de seguridad. Esta decisión del INSS fue objeto de demanda, que fue estimada por el Juzgado de lo Social número 4 de Santander, imponiendo a la empresa un recargo del 30 por ciento y confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Comienza el Tribunal Supremo recordando que el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) define el riesgo como "la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo".

Y recuerda que el empresario, como garante de seguridad, "ha de adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores", perfeccionando de manera continua el sistema de protección de los riesgos. Pues bien, partiendo de lo anterior, la Sala no duda en sostener que "el riesgo de atraco en una gasolinera tiene el carácter de riesgo laboral, dadas las condiciones en que se presta el trabajo".

Evidentemente, el empresario no tiene intención de provocar el atraco, pero lo relevante es que su actividad genera ese riesgo y debe procurar una efectiva garantía de seguridad al trabajador. Es el empresario quien tiene la obligación de poner los medios que minimicen los riesgos derivados de un posible atraco y el trabajador tiene el deber de cumplir con escrúpulo las medidas de seguridad que le indique su empleador. Recuerda el Tribunal que, en su STS de 28 de junio de 2006 (Rec. 70/2007), ya calificó como riesgo en el trabajo el atraco a un banco y que lo que ahora hace es, simplemente, ser coherente con su anterior doctrina.

El Tribunal Supremo reprocha a la empresa que, pese a la existencia de atracos anteriores, no instalase, al menos, una alarma conectada a una central de alarmas -lo que ha hecho posteriormente-, pues además de la "función disuasoria", aunque no hubiese impedido el atraco, sí podría haber aminorado sus consecuencias.

Hay, por tanto, una infracción del deber del empresario de adoptar medidas de seguridad, pese a ser consciente la existencia de un riesgo, puesta de manifiesto por la realización de atracos anteriores. En palabras del Tribunal "dada la imposibilidad de eliminar el riesgo de atraco, el empresario venía obligado a adoptar aquellas medidas de seguridad que supusieran una disminución de dicho riesgo".

Por último y ante la alegación de la empresa de que el desgraciado suceso se habría producido pese a la instalación de la alarma conectada a una central, el Tribunal Supremo es claro. La instalación de la medida hubiese "aminorado las consecuencias de la agresión sufrida por el trabajador".

Este último razonamiento nos parece especialmente relevante. Lamentablemente, los riesgos no pueden suprimirse y, pese al empleo de la debida diligencia por parte de la empresa, los accidentes ocurren. Pero lo esencial es que, con la adopción de medidas de seguridad, el riesgo hubiese disminuido, bastando con que exista una causalidad hipotética entre la medida omitida y el resultado producido para que se declare la responsabilidad del empresario.

Fuente: eleconomista

En dos meses, subió un 40% la venta de alarmas de seguridad

Por los constantes hechos delictivos en la provincia, crece la demanda de equipos electrónicos para prevenir robos.

La Cámara de Empresas de Seguridad registró un fuerte incremento en equipos de seguridad en los últimos 60 días, incluyendo instrumentos de monitoreo, cercos eléctricos y rejas con controles, según mencionaron desde esa entidad.

En estos últimos dos meses, sobre todo, marzo y abril y la demanda ha crecido cerca de un 40 por ciento en la venta de equipos de equipos electrónicos que sirven para prevenir posibles actos delictivos, como cámaras de grabación, alarmas, boyeros y otros tipos de instrumentos que brindan información sobre la posibilidad de que los espacios privados sean violados por malhechores.

Para tener una idea de los costos, hay que comenzar con que se debe instalar una alarma en el domicilio, cuyo costo ronda entre 3000 y 5000 pesos, si se trata de una propiedad estándar y agregarle un valor mayor si el inmueble tiene una mayor superficie construida. El abono mensual por hogar ronda entre los 250 y 300 pesos.

A partir de la colocación de la alarma se pueden incrementar los controles con una batería de herramientas, cada vez más sofisticadas y con diferentes prestaciones que se adecuan a las necesidades de los usuarios.

"Las personas que no pueden acceder a vivir en un country o barrio cerrado, o no pueden tener seguridad privada en la calle, son las que compran alarmas (...) Cuando hay ciertas situaciones resonantes de inseguridad la gente se asusta un poco más y trata de acceder a un alarma para su domicilio", afirmaron desde el sector. 

Fuente: cba24n

Grupo SPEC y Octime suman tecnologías y negocio para liderar el sector de control de accesos.

Ambas empresas tecnológicas han sumado conocimiento y negocio para desarrollar como un único grupo soluciones en los entornos de control de accesos, alarmas, gestión horaria y planificación, en los que son especialistas.

La tecnológica española Grupo SPEC, con sede en Barcelona, y la francesa Octime han firmado una alianza en los sectores en los que son expertos para constituir un nuevo grupo empresarial.

La primera está especializada en el desarrollo de software de control de accesos y de horario, con más de 4.000 clientes en el mundo, mientras que la segunda es un referente en software de planificación y tiempo de trabajo, con una base de 1.600 clientes y 8.000 centros instalados.

Esta alianza, en palabras de Joan Parés, fundador de Grupo Spec, surge de la búsqueda de un desarrollador “que nos permitiera aumentar y fortalecer nuestra oferta de productos y servicios para nuestros clientes. Octime es una empresa líder en un sector complementario y, a su vez, estratégico”.

Tras la firma del acuerdo, el nuevo grupo constituido bajo la denominación Grupo SPEC-Octime, se convierte en referente europeo del sector, con 15,3 millones de facturación, presencia en 40 países y oficinas en España, Argentina, Francia y Portugal.

Además, el nuevo grupo empresarial cuenta con 2,5 millones de usuarios en todo el mundo y 5.600 clientes activos.

Fuente: digitalsecuritymagazine