GUDALAJARA, JALISCO. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, emitió dos recomendaciones dirigidas a los presidentes municipales de Casimiro Castillo y Lagos de Moreno, por una serie de omisiones cometidas por autoridades de sus ministerios públicos y personal de los separos, mismas que terminaron en la muerte de dos personas que luego de ser detenidas por la Policía municipal se quitaron la vida ante la poca vigilancia de los custodios.
La primera recomendación está dirigida al presidente municipal de Casimiro Castillo, Víctor Manuel Olguín Flores, ya que en agosto de 2008, una persona que en notable estado de ebriedad había sido responsable de un accidente de tránsito, se ahorcó una vez instalada en los separos.
El segundo documento va a nombre del alcalde de Lagos de Moreno, José Brizuela López, y describe que en octubre de 2008, un hombre detenido por alterar el orden público también se quitó la vida una vez que fue recluido.
“Las investigaciones realizadas en los dos casos revelan que el personal encargado de custodia no tomó las medidas adecuadas por falta de capacitación básica sobre su tarea y de cómo intervenir en situaciones de crisis”, declaró el ombudsman.
Entre las recomendaciones para la modificación de infraestructura y mejoramiento de prácticas administrativas, la CEDHJ pide se instalen equipos de video que permitan observar y proteger la integridad física de los detenidos.
A partir de hoy, las autoridades municipales de ambos sitios cuentan con 10 días hábiles para pronunciarse al respecto.
De acuerdo con datos de la CEDHJ, de las 23 cárceles municipales que existen en Jalisco, sólo nueve —menos de 40%— operan sistemas de circuito cerrado de videoviligancia.
“En los separos municipales no hay equipo de videograbación y la infraestructura es inadecuada para que los alcaides y custodios vigilen la seguridad, salud y protección de la integridad física y la vida de los detenidos”.
Enfermero se hizo pasar por médico
Asimismo, el ombudsman del Estado dirigió una tercera recomendación al secretario de Salud, Alfonso Petersen Farah, por el caso de una joven que falleció a causa de un mal diagnóstico expedido por un hombre que no era médico, sino enfermero del centro de salud de la colonia Constitución.
Y es que el enfermero adscrito a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), tomando facultades que no le correspondían, diagnosticó erróneamente y hasta recetó a la paciente, quien después perdió la vida.
Según explicó Álvarez Cibrián, en septiembre de 2008, una mujer con síntomas intensos de fiebre y dolor de cabeza y cuerpo acudió al Centro de Salud Constitución, donde Hugo Ezequiel González Ramírez le diagnosticó dengue y le recetó paracetamol y amoxicilina.
Con el paso de los días la salud de la mujer empeoró hasta que falleció. La necropsia reveló que la causa de la muerte fue una pancreatitis hemorrágica secundaria de un proceso infeccioso severo en las vías respiratorias. Nunca tuvo dengue.
“El enfermero incurrió en una prestación indebida del servicio público que se tradujo en la violación del derecho a la protección de la salud, pues no la canalizó a hospitalización, lo que provocó que su estado empeorara y finalmente perdiera la vida”.
Además del pago para la reparación del daño a los familiares de la fallecida, la CEDHJ pidió a la Secretaría de Salud que disponga lo necesario para que todo el personal que labora en las instituciones de salud porte un gafete con su nombre y cargo, a fin de que los usuarios del servicio puedan identificarlos plenamente.
FRASE
"El personal de custodia (de los separos) no tomó las medidas adecuadas por falta de capacitación básica sobre su tarea y de cómo intervenir en crisis", Felipe de Jesús Álvarez Cibrián,presidente municipal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
FUENTE: www.informador.com.mx