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En los últimos doce meses, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido 12 denuncias procedentes de Asturias, relacionadas con cámaras de videovigilancia. Los expertos aseguran que hay más que no cumplen con la legalidad pero que no se denuncian, por desconocimiento.
 
Los ciudadanos nos hemos acostumbrado a las cámaras de videovigilancia y es que están en las carreteras, en las calles, en edificios oficiales y últimamente incluso en garajes y portales. Nos sentimos vigilados pero también, dicen los expertos más seguros. 
 
A pesar de ello en los últimos doce meses se han presentado en la Agencia Española de protección de datos 12 denuncias por videovigilancia. Solo un caso, el de una cámara situada en el exterior de la Tesorería de la Seguridad Social de Gijón/Xixón ha sido obligada a cambios ya que captaba imágenes en calles aledañas y a ciudadanos que no habían dado su consentimiento.
 
La delegada del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias en Avilés, Flor Rodríguez, explica que la Ley dice que siempre tiene que haber un cartel amarillo que indique que la zona está vigilada, así como un documento de información que diga quién es el propietario de la cámara, a dónde van esos datos y la finalidad des mismos y cuándo se destruyen esos datos. "El ciudadano tiene el derecho a reclamar y a que le muestren el documentos en el que están los datos", asegura Rodríguez.
 
El caso de varias cámaras instaladas en el Ayuntamiento de Llanes y encontradas por casualidad por algunos trabajadores ha saltado la alarma. Nos pueden vigilar, dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no de cualquier manera. 
 
"Todas las grabaciones tiene un periodo de mantenimiento que puede ser de un mes, si esas grabaciones tienen que ver con un delito, es obligatorio comunicar al juez, en el plazo de 72 horas, que en esas grabaciones se observa que puede haber un posible delito", explica Rodríguez.
 
La representante del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias en Avilés anima a los ciudadanos a denunciar cuando consideren que su intimidad, protegida por la Constitución, está en peligro. 
 
Fuente: Radio Televisión del Principado de Asturias