¿Quién tiene hoy sus datos personales? ¿Qué está haciendo con ellos? ¿Cómo tenemos la seguridad de que no están siendo mal usados? Estas y otras preguntas forman parte de la reflexión que nos dejó el Dr. José Luis Piñar Mañas, ex titular de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, quien visitó la ciudad hace unos días.
Sobre la primera, es fácil responder con certeza que nuestros datos como nombre, edad, teléfono, domicilio y otros, los tienen: los bancos, la empresa en la que trabajamos, la compañía de luz, la del agua, la del cable, la escuela en la que estudiamos, el club al que pertenecemos, el gimnasio, el tipo que vende tarjetas de crédito –¡que ah cómo jode!–, el seguro, nuestro médico, la agencia de autos, el padrón electoral, Relaciones Exteriores, el departamento de Tránsito, el Registro Civil y los lugares donde alguna vez pedimos crédito (aunque no nos lo dieran).
Pero si vamos más allá nos toparemos con que también los tienen las empresas que manejan nuestro correo electrónico y las redes sociales como Twitter y Facebook y las páginas donde alguna vez compramos algo en internet, que a su vez pudieron haberlos hecho llegar a otras empresas que son las que nos vendieron el servicio. Cada una de estas con una política de privacidad distinta, que, como está escrita con letras chiquitas, no conocemos.
Hoy no tenemos la certeza de que si autorizamos a esas empresas a que nuestros datos sólo sean de consumo interno, no los vendan o los filtren, y no tenemos ninguna protección ante la posibilidad de que sus mecanismos de seguridad sean violados y algún empleado se pele con la base de datos de todos los clientes, o si éstos son hackeados.
El problema nos puede representar todo tipo de amenazas; desde que se utilice en nuestro nombre la tarjeta de crédito para hacer compras, hasta que un grupo delincuencial sepa dónde y cómo localizarnos. Eso, sin entrar en fantasías hollywoodenses de robo de identidad y que al tomar un avión nos detengan por terrorismo o jaladas por el estilo, que sin embargo, podrían suceder.
El ministro de Hacienda ha anunciado un proyecto de ley que, sin lugar a dudas, tendrá mucha discusión y generará un intenso lobby por los efectos que significa tanto en lo comercial, bancario y, especialmente, en lo referido a la información privada de todos los chilenos. No será fácil concordar hacia dónde avanzamos, pues la información determina en estos tiempos prácticamente casi la totalidad de lo que hacemos y quien la posea tendrá ventajas comparativas inmensas. Basta con imaginarnos un gobierno que la utilice para su propio respaldo o bien en el ambiente financiero para "presionar" o mejor "seleccionar" consumidores o potenciales clientes-usuarios.
No cabe duda que mercados con más información serán siempre deseables, y por ello cualquier intento de mejorar lo existente será bien recibido, siempre y cuando se contemplen los resguardos adecuados y partiendo por potenciar, especialmente, sus recursos de todo tipo, como el Sernac, también la Fiscalía Económica y por qué no decirlo, incluso la Contraloría General. ¿Están dispuestos el Ejecutivo y la Dirección de Presupuestos a incrementar los recursos a estos organismos?
La información comercial circula libremente y sus reales dueños, los consumidores, no tienen idea de cómo se manejan sus datos, y de hecho creo que no se han beneficiado de "su información" al servicio de terceros interesados. Mi colega Harboe nos ha liderado en lo que pensamos debe ser el resguardo de los datos personales partiendo por los RUT de las personas. Hoy, sin en el consentimiento de nadie, circula dicha información, que algunos la llaman positiva, otros prefieren la negativa y los más la integrada, pero siempre con fines pecuniarios y no pensando en la ciudadanía. ¿Consolidar? Tal vez, pero antes de cualquier discusión solicito se cree una Agencia Estatal que sea quien controle el flujo y correcto uso de la información personal, sea la que sea.
En la región de América Latina, de 5 a un 15 por ciento de los niños no cuenta con ningún documento de identidad, hecho que los hace vulnerables al tráfico de menores con distintos fines, advirtió José Luis Piñar Mañas, ex director de la Agencia Española de Protección de Datos (2002–2007).
En entrevista con este diario, el especialista detalló que nuestro país se encuentra en el rango de 5 por ciento de menores sin registro. “En México es mucho más bajo que en otros países de la región, pero hay países de América Latina que llegan hasta 15 por ciento de niños que no existen” oficialmente.
El doctor en derecho subrayó que en todo caso la carencia de una identidad es una situación muy grave, pues al no contar con acta de nacimiento, estos niños son más vulnerables a la trata de personas con fines de pornografía, prostitución infantil, tráfico de órganos u otros. “Desgraciadamente hay que ser muy realistas, porque si un niño no existe, en ningún registro consta que ese niño ha sido secuestrado. Ese delito queda impune. Un niño que no tiene datos ¿quién lo va a reivindicar?”.
Piñar Mañas abogó por la identidad como un derecho fundamental de todas las personas y la vinculó con el tema del cual es experto. “Cuando hablamos de protección de datos, la premisa, el presupuesto inicial es que se tengan datos”. Y los primeros datos a proteger son los referidos a la identidad. “Se puede vigilar mucho más lo que acontece con ese niño registrado en una base de datos que quien no lo está”.
Los fabricantes de smartphones, tabletas y otros dispositivos móviles no podrán traer de serie en los aparatos que comercialicen en Europa aplicaciones de geolocalización, del tipo de lugares de interés cercanos o localización de amigos, en funcionamiento, según un dictamen emitido por el grupo de trabajo del artículo 29 en el que se encuentran representadas las Autoridades Europeas de Protección de Datos.
En este sentido, el dictamen, dado a conocer este miércoles por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), establece el marco jurídico aplicable en Europa para este tipo de aplicaciones y señala que "de forma predeterminada, los servicios de localización deben estar apagados y que la activación de estos servicios requiere de un consentimiento informado y especifico a los diferentes fines para que los datos sean captados o almacenados".
Además, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores, el dictamen señala que "la información debe ser clara, completa y comprensible para un público general que no disponga de conocimientos técnicos". Asimismo destaca que el consentimiento no se puede obtener a través de la aceptación obligatoria de los términos y condiciones generales, y que los usuarios deben ser capaces de retirarlo de una "manera fácil, sin ningún tipo de consecuencias negativas para el uso de su dispositivo".
Amenaza a la privacidad
Con estas indicaciones, las autoridades de protección de datos, que mediante este dictamen establecen la manera concreta en que la industria debe actuar para cumplir con la directiva europea de protección de datos, pretenden prevenir algunos de los "riesgos" de estos servicios. En este sentido, el dictamen explica que la tecnología de dispositivos móviles inteligentes permite "la monitorización constante de los datos de localización", al mismo tiempo que estos "dispositivos están íntimamente ligados a una persona concreta; y a que normalmente existe una identificabilidad directa e indirecta del usuario".
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Público-Milenio.
El doctor en Derecho, quien impartirá en Guadalajara una conferencia sobre el tema y su vínculo con la Internet, advirtió que la violación de la protección de datos pasa desapercibida para la mayoría. “Constantemente están haciendo uso de nuestros datos personales, un uso no siempre legítimo… pero no somos concientes de que roban nuestra información”, dijo.
Piñar enumeró ejemplos que van desde correos electrónicos no deseados, hasta el robo de identidad, la discriminación laboral por motivos personales y el mal uso de los datos privados en las redes sociales, por lo cual las consecuencias pueden ser muy graves.
El entrevistado advirtió que también el sector público puede hacer mal uso de la información privada y que de no contar con las medidas de seguridad correctas ésta puede caer en manos de particulares o peor aún, del crimen organizado.
De acuerdo con Piñar no se trata de satanizar la internet y las redes sociales, sino de garantizar la privacidad pues, “el derecho a la protección de datos personales es una condición para configurar un estado democrático en una sociedad avanzada”, afirmó.
FUENTE: www.milenio.com