El Ayuntamiento de Santa Brígida apunta a un vecino con antecedentes penales compinchado con un empleado municipal de la Concejalía de Cultura y Festejos como el principal responsable del caso de las cartas a los reyes magos tiradas a las calles de Santa Brígida. Para el grupo de gobierno, ambos son los presuntos dos autores de una "patraña inventada para perjudicar al grupo de gobierno a pocos meses de las elecciones municipales, sin importarles el daño inferido colateralmente a los niños del municipio".
El alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna, aseguró ayer que la investigación municipal ordenada por él ha dado como resultado que "el vecino que denunció las cartas supuestamente tiradas en la calle es una persona con antecedentes penales que tiene pendiente un juicio por estafa y falsedad, por las que el fiscal le pide cinco años". Bravo de Laguna afirmó que el denunciante tiene desde hace tiempo una especial animadversión hacia su persona, "por lo que todo este tinglado ha sido orquestado para erosionar la imagen del grupo de gobierno a pocos meses de las elecciones del próximo mes de mayo".
La investigación municipal ha llegado a la conclusión de que el denunciante del caso pudo tener la complicidad de un empleado de la Concejalía de Cultura y Festejos. "Todos los indicios apuntan a esa persona y nosotros actuaremos para depurar responsabilidades. No sería extraño que se le facilitaran las cartas desde dentro del Ayuntamiento para poder fotografiarlas desparramadas".
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Aunque no fue sin previo aviso, como ocurrió en 2009 con el Klaus o hace un año con el Flora, el temporal de lluvia que anegó la mitad sur de Galicia la semana pasada no cogió a las autoridades todo lo preparadas que deberían estar ante un fenómeno que dejó a su paso precipitaciones torrenciales. Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, que avisó el pasado jueves por riesgo bajo de lluvias en el suroeste de A Coruña y la provincia de Pontevedra, estuvieron lejos de la realidad y le valieron ayer las críticas de la Consellería de Presidencia por quedarse corta en su previsión. "La Xunta movilizó numerosos efectivos para hacer frente al temporal de lluvia que afectó a Galicia, que dejó niveles de precipitaciones intensos a pesar de que el episodio fue catalogado con alerta amarilla, el nivel más bajo de alerta, por la Agencia Estatal de Meteorología", argumentó en un comunicado Presidencia.
Los reproches de la Xunta van dirigidos contra la Aemet porque, tal y como aclara, "es la única que puede emitir de forma oficial alertas ya que el Gobierno central no tiene transferido a Galicia el servicio meteorológico". Se trata de una vieja demanda competencial que tras el triunfo del PP en 2009, el Gobierno gallego volvió a reclamar junto a otros nueve traspasos pendientes.
Galicia es, de hecho, la única comunidad española que todavía no ha asumido esta competencia a pesar de contar desde hace años con un organismo de meteorología propio. Esto significa que, en la práctica, la Aemet es la única que puede decretar una alerta y ordenar que se activen los servicios de Protección Civil y emergencias de la comunidad para prevenir una situación de riesgo. El protocolo de actuación, no obstante, solo se pone en marcha a partir de un nivel de alerta naranja por lo que la semana pasada, a pesar de que las lluvias fueron torrenciales y de que en algunas zonas se superaron los 80 litros en solo 12 horas, la Dirección Xeral de Emerxencias no había recibido ninguna advertencia. "No había ninguna alerta, por lo tanto no se podía activar ningún operativo", explica Presidencia.
En las misivas aparecían datos personales e incluso fotos de menores, "lo que podría constituir un delito contra la intimidad”, según Casas.
La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Santa Brígida, Victoria Casas, ha presentado una denuncia formal ante la Agencia Española de Protección de Datos, tras “el grave episodio vivido” el pasado 5 de enero, cuando tras la Cabalgata de Reyes Magos, organizada por la corporación municipal, aparecieron "decenas de cartas esparcidas en la calle y en papeleras".
Casas considera que “ya de por sí los hechos demuestran una falta total de escrúpulos por parte de quienes tenían la obligación de guardar las misivas, pero más grave aún es que en dichas cartas, arrojadas literalmente a la basura, aparecían datos personales, nombres y apellidos, domicilios e incluso fotos de los menores, lo que podría constituir un delito contra la intimidad”.
La edil de CC critica al alcalde, Lucas Bravo de Laguna, del Partido Popular (PP) “por haberse cruzado de brazos y hacer una vez más la vista gorda ante una falta grave como esta, que ya debería haber tenido consecuencias entre los responsables de este evento”.
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La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria), Victoria Casas, ha interpuesto una denuncia formal ante la Agencia Española de Protección de Datos, tras "el grave episodio vivido" el pasado 5 de enero, cuando al finalizar la cabalgata de Reyes Magos del municipio, aparecieran "decenas de cartas esparcidas en la calle y en papeleras".
Casas señaló que los hechos "demuestran una falta total de escrúpulos por parte de quienes tenían la obligación de guardar las misivas" pero consideró "más grave" que en dichas cartas aparecían datos personales, nombres y apellidos, domicilios e incluso fotos de los menores, "lo que podría constituir un delito contra la intimidad".
En este sentido, y en un comunicado, la nacionalista criticó que el alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna (PP), se haya "cruzado de brazos", haciendo una "vez más la vista gorda ante una falta grave como esta, que ya debería haber tenido consecuencias entre los responsables de este evento".
Así, en la denuncia interpuesta por Casas se adjuntan fotocopias de la entrega por parte de un particular de 79 de esas cartas, fotografías de las mismas, fotocopias de una de las cartas donde aparecen los datos de un menor y las denuncias presentadas por dos vecinos del municipio.
La concejal nacionalista ha solicitado en su escrito a la Agencia Española de Protección de Datos que "se inicie un procedimiento sancionador o de infracción de las administraciones públicas o se incoen actuaciones con el objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación".
FUENTE: www.europapress.es
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el organismo estatal que vela por los derechos de los ciudadanos ante los abusos y anomalías en las bases y registros informáticos, ha dado amparo a un mallorquín que apareció en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) como moroso sin serlo. El reclamante había pagado en el plazo legal una multa de tráfico, pero salió en el boletín oficial como moroso de esa sanción y en rebeldía por estar en paradero desconocido.
Los hechos se remontan a principios del año 2008, cuando un palmesano fue multado por una infracción de tráfico. El conductor decidió abonar la multa en una entidad bancaria a los pocos días del hecho y mucho antes de que se agotara el plazo para el pago voluntario de la sanción. La sorpresa para el ciudadano fue enorme cuando, al cabo de unos días, vio como salían su nombre y apellidos y la cuantía y clase de la sanción en el BOIB. Esa inserción apareció en uno de los típicos edictos de las Administraciones en su sección de multas impagadas. El edicto daba claramente a entender que el conductor era moroso y que, además, no se le había podido notificar la sanción por estar en paradero ignorado.
Excusa del error informático
El contribuyente decidió trasladar su queja a la Agencia de Protección de Datos, donde denunció al ayuntamiento de Palma y aportó la oportuna documentación para demostrar que nunca había sido moroso.
La AEPD abrió un expediente de declaración de infracción contra la Administración, que se defendió alegando una supuesta anomalía en los ordenadores.
Según Cort, en este caso se produjo un error informático en la carga de datos de las notificaciones de multas de tráfico. Esa circustancia habría provocado que "el sistema informático, de forma automática, entendiera que el resultado de la notificación iba a ser la ausencia del infractor". El mismo programa, también sin intervención humana, pidió la publicación en el BOIB del edicto de morosidad.
La AEPD ha dado la razón al ciudadano y ha instado al Ayuntamiento a que adopte las medidas necesarias para evitar un nuevo error similar en los robots informáticos que tramitan la multas.