El Ayuntamiento de La Laguna está llevando a cabo un proyecto de formación de sus trabajadores en la materia de protección de datos de carácter personal. En ese sentido, la pasada semana, la empresa de Telecomunicaciones Legistel impartió un nuevo curso cuyo objetivo principal es garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en esta materia. De esta manera, se persigue la concienciación de la relevancia y trascendencia de la materia por parte de todo el personal del Ayuntamiento, así como dar instrucciones precisas y claras de las medidas a adoptar por cada área y puesto de trabajo para la adecuación efectiva de la normativa vigente. Así, bajo el título “Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD): Normativa, adaptación e implantación práctica”, los trabajadores municipales han podido conocer las últimas novedades de la normativa, tales como las nuevas medidas de seguridad y régimen transitorio en su implantación (en función tipo de fichero, los datos a qué se refieran y nivel de seguridad), concreción de los principios básicos de tratamiento y de los derechos personales (derecho de oposición), régimen específico para los ficheros no automatizados, etcétera.

Siguiendo con su línea de actuación y pensando en facilitar el trabajo diario de las empresas de la provincia de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara ha firmado un convenio de colaboración con la delegación de Guadalajara del Grupo Corpodat, empresa de referencia en consultoría Ley Oficial de Protección de Datos (LOPD) y que cuenta con el sello GC LOPD, además de sistema de gestión de conexión directa, certificada y segura con la Agencia Española de Protección de Datos.Con la firma de este convenio, la Patronal alcarreña busca que todas las empresas se adapten a la Ley al mínimo coste posible. Una Ley de obligado cumplimiento y que, en caso de no cumplirla hay multas que oscilan desde los 900 euros a los 600.000 euros y con posible imputación de responsabilidad penal por la Ley Orgánica 5/2010.Una Ley que es obligatoria para todas aquellas empresas, autónomos y organismos que utilicen datos de carácter personal.

La Concejalía de Informática va a poner en marcha una auditoría para continuar con la adaptación del Ayuntamiento de Crevillent a la Ley orgánica de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), en la que se establece un reglamento de medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter personal. Esta Ley establece que a partir del nivel medio, los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento del presente título. Las Administraciones Locales están obligadas a adoptar medidas de seguridad por el sólo hecho de mantener ficheros y realizar tratamientos de los datos de los ciudadanos y de los empleados públicos. Además, en ocasiones, deberán implantar no sólo las medidas de seguridad del nivel básico, sino también aquellas otras adecuadas según el nivel de seguridad, medio o alto, que exija la naturaleza de los datos personales que contengan dichos ficheros.

Foro Asturias denunció ayer que la dirección de Cajastur en su sede central de Oviedo rehusó recibir y tramitar «las cartas personalizadas que se está intentando hacer llegar individualmente a cada uno de los consejeros generales que forman parte de la asamblea general» de la caja de ahorros asturiana. Personas conocedoras aseguraron que la entidad financiera había declinado servir de canal para cursar las misivas y hacérselas llegar a los casi 300 consejeros generales para no vulnerar la ley Orgánica de Protección de Datos. En concreto, los servicios jurídicos de Cajastur invocaron el artículo 4 de la ley y el 5 del reglamento que la desarrolla. El argumento es que los datos postales de que dispone la caja sobre sus consejeros y consejeros generales -al igual que los que tiene de sus clientes- son, por ley, de uso privativo para la relación bilateral y específica entre la caja y esos particulares, sin que tales datos puedan ser puestos a disposición de terceros. Foro Asturias presentó las cartas mediante un notario para dejar constancia fehaciente del envío, «dado que no se dispone de las direcciones postales de dichos consejeros generales para hacerlo por medio del correo ordinario». FAC ya lo había intentado el sábado con un recibí, por lo que fue necesario acudir hoy de nuevo. Hoy volverán a ser presentadas.   FUENTE: www.lne.es
El Pleno del Congreso votará este martes si toma en consideración una proposición de ley orgánica, presentada por el Partido Popular, para cambiar la legislación española e incluir a los menores en el listado de víctimas que reciben protección ante la violencia de género. En concreto, los 'populares' plantean modificar el artículo 1 de la Ley de Violencia de Género para incorporar a los menores dentro del sistema de protección de violencia machista. Además, proponen una nueva redacción para el artículo 173.2 del Código Penal, que fija penas de entre seis meses y tres años de cárcel para quien ejerza violencia contra su pareja o ex pareja, descendientes, ascendientes, hermanos propios o del cónyuge sean o contra los menores o incapaces que estén a su cargo.