El Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de la Región de Murcia celebra el próximo lunes 16 de mayo una jornada formativa sobre la implantación de la Ley Orgánica de Protección d Datos –LOPD- a fin de hacer llegar a comercios y empresas del ramo los requisitos estipulados en esta norma y su aplicación práctica.

De 9.30 a 13.15 horas, en el Salón de Actos del edificio anexo del Ayuntamiento de Murcia, el director de consultoría y auditoría de Legitec expondrá el marco legal y el resumen de las obligaciones de los responsables de los ficheros de datos, las infracciones y el régimen sancionador, así como los factores que ha de tener en cuenta un comercio a la hora de implantar la LOPD en su establecimiento.

El Gremio de Joyeros, conocedor de que a pesar de que la LOPD entró en vigor hace más de diez años, sigue siendo una gran desconocida en muchos ámbitos. Actualmente, todos los comercios o empresas que manejan datos de sus clientes en el ámbito de sus actividades cotidianas deben cumplir lo dispuesto en la ley. Con esta charla se pretende explicar, en un lenguaje simple, los requisitos de la ley y su aplicación en el día a día.

El Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de la Región de Murcia fue fundado hace más de 30 años para aunar esfuerzos a fin de compartir y solucionar problemas e inquietudes de este sector.

La secretaria de emigración del Partido Popular (PP) de Madrid, Victoria Cristóbal, ha cuestionado hoy cómo puede ser que el candidato socialista a presidente de la Comunidad, Tomás Gómez, tenga la dirección postal de los 175.000 madrileños en el exterior a los que ha dirigido una carta.

En declaraciones a EFE, Cristóbal ha recordado que de acuerdo a la reciente reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a los partidos políticos sólo se les puede suministrar el censo de aquellas personas que han solicitado votar en estos comicios municipales y autonómicos del próximo 22 de mayo, una cifra que se sitúa en los 12.195.

Gómez ha dirigido una carta a los 175.000 madrileños que residen en el exterior con derecho a voto, en la que les pide su "confianza" para gobernar con "transparencia", "austeridad" y "proximidad".

"Mi compromiso firme y honesto contigo se sustenta en un modelo en el que los valores de libertad, igualdad y justicia social son irrenunciables", afirma Gómez en su carta, en la que habla de tú a tú a los votantes.

Cristóbal ha recordado que durante años el PP se ha dirigido a la administración -a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Exteriores- y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), entre otros, para saber con qué censo se contaba, sin haber tenido éxito.

Las nubes amenazan con ensombrecer el horizonte de Google. Al varapalo en Francia y Alemania por su servicio de mapas por satélite, Street View, se suma ahora la puesta en marcha, por parte de Microsoft, de un servicio similar para competir con él. Todo esto, sin olvidar que en el mercado español, Googlesigue pendiente de que el Juzgado de Instrucción nº 45 dicte Sentencia y que, posteriormente, la Agencia Española de Protección de Datos decida sobre el Expediente Sancionador por infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

El conflicto con Street View radica en el hecho de que, durante el recorrido por las calles de las ciudades para captar las imágenes para los mapas, los coches de Google recopilaron datos sobre líneas wifi privadas e información sobre tráfico de dichas redes. Una práctica que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Informática y Libertades (homóloga gala de la Agencia Española de Protección de Datos), infringe las leyes sobre Protección de Datos de carácter personal lo que ha llevado a la autoridad francesa a multar  a Google con 100.000 euros.

La resolución francesa podría desencadenar un efecto dominó de multas contra la compañía en varios estados en los que actualmente investigan los datos recopilados por Google con el servicio Street View. En el caso español, aunque la existencia de la multa gala no debería condicionar la decisiones pendientes de resolución en España, lo cierto es que este precedente sí supone un importante indicio, sobre todo si tenemos en cuenta que las leyes francesa y española sobre Protección de Datos derivan de la misma normativa europea.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha acordado iniciar procedimiento de declaración de infracción de Administraciones Públicas contra el ayuntamiento de Inca y contra el hospital comarcal de este municipio por la presunta cesión irregular y no autorizada de los datos de algunos de los pacientes ingresados para que políticos del Partido Popular les cursaran visitas con fines electoralistas, hechos denunciados por DIARIO de MALLORCA en exclusiva.

Así, en el procedimiento de declaración de infracción abierto contra el ayuntamiento de la capital de es Raiguer, la AEPD considera que, tras la investigación realizada, el consistorio de Inca podría haber incurrido en una infracción del artículo 7.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos que señala que "los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente".

De la investigación llevada a cabo por este rotativo, en el trascurso de la cual se habló con algunos de los pacientes "visitados" por políticos del PP mientras estaban ingresados en el centro hospitalario, no se desprende que los usuarios hubiesen dado su "consentimiento expreso" a la cesión de sus datos que posibilitaron la visita de "cortesía" por parte de los políticos.

Por su parte, en el proceso abierto contra el hospital comarcal de Inca y contra el Servei de Salut del Govern de les Illes Balears, se abre la posibilidad de una infracción del artículo 11.1 que estipula que "los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado".

La Escuela de Formación FES, a través delDepartamento de Prevención, ha programado para el próximo lunes 16 de mayo una jornada informativa sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos, un asunto acerca del que la Federación Empresarial Segoviana está recibiendo numerosas consultas.

Las empresas, profesionales u organizaciones de cualquier tipo que manejen datos personales deberán implantar o actualizar sus sistemas de seguridad de la información y tratamiento de datos, ya no sólo por cumplir con la normativa y evitar las sanciones, sino para eliminar posibles fugas o robos de datos y ofrecer así mayores garantías de seguridad y calidad para sus clientes, trabajadores, proveedores, etc.

La sanción mínima, por no solicitar la inscripción del fichero en la AEPD, es de 601,01 € pudiendo llegar dependiendo de la naturaleza de los derechos personales afectados, entre otras circunstancias que sean relevantes para determinar el grado de culpabilidad,hasta sanciones de 601.012,1 €.

Las personas o entidades que manejen este tipo de datos tienen la obligación, entre otras, de notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), así como de tener elaborado el documento de seguridad.

La Jornada informativa pretende aclarar las dudas del empresariado segoviano y explicar cómo adecuarse a la normativa. Está dirigida principalmente a las actividades o sectores que integran la Agrupación de Actividades Varias (AAV) de FES y tendrá lugar, de 19 a 20 horas, en el Salón de actos de FES. Es gratuita previa reserva de plaza, ya que el aforo es limitado.

 

FUENTE: www.segoviaudaz.es