Madrid. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ha resuelto que la Universidad Complutense vulneró la Ley de Protección de Datos cuando usó las direcciones de correo electrónico de sus empleados para enviar un comunicado del rector Carlos Berzosa contestando acusaciones del diputado del PP Juan Soler.
La resolución, contra la que cabe recurso, da la razón al parlamentario 'popular', que denunció el pasado abril a Berzosa, por "uso fraudulento del listado de correos electrónicos de los profesionales docentes y no docentes" de la Complutense.
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Un nuevo nubarrón se cierne sobre los intentos de la industria de contenidos culturales y de entretenimiento por evitar las masivas, progresivas y continuadas descargas ilegales: el intento que lideran determinados grupos por entorpecer el buen funcionamiento de la futura norma contra la piratería. La última tentativa, presentada como enmienda a la disposición final segunda del proyecto de Ley de Economía Sostenible, pretende la judicialización hasta el absurdo del procedimiento de actuación del organismo encargado de admitir denuncias (Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual) y, en su caso, tramitarlas y actuar contra quienes vulneren los derechos de propiedad intelectual.
MADRID. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) recurrirá la decisión de la Agencia de Protección de Datos (APD) de la Comunidad de Madrid, que considera que el centro ha vulnerado el artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) al utilizar el rector de la universidad, Carlos Berzosa, las direcciones de correo electrónico con fines diferentes a los que ha sido creado, y cree que "ha podido ser utilizada con fines políticos".
En la era de la transparencia la privacidad sigue siendo, si cabe, más importante que nunca. A pesar de que la Unión Europa ostenta, probablemente, una de las legislaciones más estrictas del mundo a la hora de proteger la información personal, todavía no es suficiente para resistir los voraces avances de las nuevas tecnologías y la total supremacía de la sociedad de la información como cauce de intercambio social, político y económico. Ante esta situación, Bruselas ha abierto una consulta que permanecerá vigente hasta el 15 de enero para actualizar el contenido de esta normativa, abogando por la transparencia por parte de agentes como los motores de búsqueda de Internet que deberían dar a conocer con qué fin y quién recoge los datos registrados.
Esta iniciativa se hace conveniente en una época en que la era de la Información, con Internet como transmisor de datos y acontecimientos en tiempo real, provoca que los blogs y las redes sociales se erijan como cauces de comunicación corporativa, de contacto e interacción. Además, según admite el comunicado de la Comisión de Justicia, las compras online y el intercambio de datos personales en redes sociales se han convertido en “parte esencial de la vida cotidiana”. Así, la nueva estrategia para la protección de los datos personales pretende garantizar a los ciudadanos el conocimiento total de lo qué ocurre con la información que facilitan a las administraciones públicas y las compañías a través de Internet, introduciendo además el concepto de “derecho al olvido” " (es decir, la posibilidad de solicitar la eliminación completa de los datos que ya hayan cumplido su propósito).
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MADRID. La Agencia de Protección de Datos (APD) de la Comunidad de Madrid considera que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha vulnerado el artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) al utilizar el rector de la universidad, Carlos Berzosa, las direcciones de correo electrónico con fines diferentes a los que ha sido creado, concretamente para responder a unas acusaciones del portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Juan Soler.
Se trata de un email que el rector envió en abril y para el cual utilizó el fichero 'Directorio Web UCM' de forma que dicho correo electrónico llegase a toda la comunidad universitaria. El texto en cuestión suponía una contestación al portavoz adjunto popular en la Asamblea de Madrid, Juan Soler, quien días antes le había acusado de utilizar dinero de la Universidad para la construcción de una residencia para profesores en Somosaguas.