La falta de seguridad es otro problema acuciante del barrio. “No nos estamos inventando nada. Se escucha y la gente lo ve y lo nota: robos, quemas de vehículos, falta de seguridad… Esto continúa y se hace muy poco. La solución que se está dando falla. No vemos ningún tipo de acción que pueda erradicar todos estos actos. Los vecinos están disgustados e indignados y encima se nos echa la culpa”, recuerda Kamal.
A la solución podría ayudar la presencia de una Comisaría de la Policía Nacional en el barrio, los vecinos y UDCE han demandado de forma reiterada a la Delegación del Gobierno su instalación en el Príncipe, el resultado: “Salen con un informe que dice que no es viable. ¡Qué la pongan en Loma Colmenar! Delegación del Gobierno está para velar por la seguridad de toda la ciudad, de la barriada también”, se queja Kamal.
La última afirmación, la que insta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a hacer su trabajo de garantizar la seguridad en el barrio, sirve también para responder a la solución propuesta por el PSOE para poner fin a los actos vandálicos en el bus: Que la empresa contrate seguridad privada.
En esa labor de seguridad juega también su papel la Policía Local, cuya presencia en el barrio era noticia por su ausencia no hace tanto tiempo. Kamal, aquí cambia de administración y cambia también de discurso.
“Tenemos a cuatro, de momento están haciendo su labor. Están a requirimiento de los vecinos, para mediar en los conflictos y en cualquier cosa que surja. Para la retirada de vehículos, para el control de los vertederos ilegales. Están siendo bien recibidos por los vecinos y eso es un punto a favor para ellos”, explica Kamal.
FUENTE: www.ceutaldia.com
Las instalaciones y el equipo docente de la Agasp son la envidia de cualquier entidad interesada en la formación policial y en seguridad. La academia ha tramitado los permisos necesarios para impartir cursos de seguridad privada y aplicará tasas oficiales por el alquiler de determinadas dependencias para cursos o actividades externas.
?¿Cuándo comenzarán a llegar los ingresos por esta vía?
?Esperamos poner en marcha esta vía complementaria de financiación este año. La orden de precios para impartir formación privada está publicada. Falta la aprobación final de Interior. Ofreceremos cursos formativos a empresas de seguridad privada. Muchas envían a su personal a formarse a sus sedes centrales, lo que les resulta más costoso que hacerlo aquí, en una institución pública de solvencia garantizada. Por otra parte, la orden de precios aprobada será rectificada en breve para fijar también tasas por el alquiler de nuestras dependencias, siempre que estén disponibles y no se interfiera con nuestra labor.
?¿Qué dependencias se alquilarán?
?Tenemos 10 aulas de formación con capacidad total para 400 personas, un salón con aforo para 80 y otro para 400, una residencia para 250 personas en la que este año se ocuparán 90 plazas y que podría ofrecerse para entidades que impartan jornadas y necesiten ofertar alojamiento, una galería de tiro para prácticas con revólveres del calibre 38 y pistolas 9 milímetros y un circuito de 4x4.
?¿Cuántos ingresos se prevén por esta vía?
?El objetivo no es ganar dinero. Tenemos el personal y las instalaciones. Si nos suponen un plus sería estupendo para reinvertirlo en formación. Por poco que sea, será mejor que nada.
?¿Qué ventajas tendrá la construcción anexa de la sede de la Axencia de emerxencias?
?Nos cederán la planta inferior del edificio, donde construiremos un aula para defensa personal con un tatami, eliminando el gasto que nos supone ahora el alquiler de la carpa donde se imparten las clases. Trasladaremos también allí nuestro gimnasio, eliminando las columnas actuales y doblando su superficie.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es
Cada vez más pontevedreses acuden a la seguridad privada o a la instalación de alarmas en sus viviendas particulares o en sus negocios. Así lo puso ayer de manifiesto el comisario de la Policía Nacional, José Manuel Salgado, al término de la comisión mixta de seguridad privada.
No obstante, el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, dejó claro que, cuando se alude a robos o delitos contra el patrimonio, «hay determinados ciclos (...) pero lo que importa siempre al final es la tendencia. Y la tendencia es francamente positiva».
En cualquier caso, la policía considera que este fenómeno es una gran ayuda de cara a la labor policial. No en vano, los agentes solo pueden entrar sin autorización judicial en domicilios donde tengan indicios de que se está cometiendo un delito, por lo que el hecho de que salte la alarma les permite intervenir.
El problema en estos casos son las falsas alarmas que se generan habitualmente. Solo en el 2010 se contabilizaron en la provincia 1.200 alarmas ?133 de ellas en negocios que están obligados a instalarlas?, de las que únicamente catorce eran reales. Un año antes, fueron 1.355 las que se activaron y dieciocho las reales.
Es la Guardia Civil la que sufre en mayor medida estas situaciones, que generan un importe gasto económico. En cualquier caso, la postura del comisario es contundente: «Prefiero acudir a dos mil falsas alarmas y no que quede un ciudadano sin atender».
FUENTE: www.lavozdegalicia.es
La situación en los campos valencianos es insostenible para el sector agrícola que empieza a tener uno de los peores años de producción. El expolio de naranja llega a tal extremo que, según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), las pérdidas en 2010 ya se cifran en 15 millones de euros. Lo que supone un 50% más que en el balance de 2009. Algunos agricultores y cooperativas alicantinas empiezan a contratar seguridad privada para vigilar sus cultivos, por su parte, AVA exige una ordenanza -como la implantada en la localidad de Alzira (la Ribera)- para protegerlos de los saqueos, sin embargo, el convenio que debía firmarse con la delegación del Gobierno de la C. Valenciana para aplicarlo a todos los municipios valencianos se ha quedado en el aire debido al cambio de titular. Como consecuencia, el consumidor es el principal afectado: la naranja descartada por no llegar a la calidad exigida para su venta -tanto al consumidor como a la industria de zumos- está llegando a la mesa porque se vende en los mercados a bajo precio. Es el resultado de los robos en los campos. La naranja que ha caído al suelo y se encuentra en mal estado es la de mayor consumo, la otra, más escasa debido a las pérdidas por bajas temperaturas de este diciembre, es más cara y casi un lujo en época de crisis.
El doble en pérdidas
El sector, se siente desprotegido. La ci?fra de pérdidas supone un au?men?to del 50% sobre la estimación realizada en 2009 y la atribuyen a diversas causas, entre ellas, a la "laxitud" con la que tanto el antiguo como el nue?????vo Código Pe?nal ti?pi?fican la delincuencia rural y, sobre todo, a la falta de vigilancia en los campos, "agra?va?????da por la des??coor?di?na??ción existente entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es?ta???do", según se pronunciaba el sector. La pelota, según parece, se encuentra en el tejado de la delegación del Gobierno, "lle?va?mos años es???perando a que la Delega?ción se to?me en serio este problema", lamentaba el presidente de los agricultores, Cristobal Aguado, quien reprocha a la entidad el retraso en la firma de un convenio que intentaba reforzar la vigilancia ya no sólo en los cultivos, sino a través de los transportes. El problema debía acotarse con la normativa que se aplica en la capital de la Ribera, y que es pionera en la C. Valenciana, ya que permite el acceso a la documentación en caso de transportar más de 30 kilos de fruta y hortalizas en cualquier vehículo. Sin embargo, el convenio sigue sobre la mesa, la causa, según suponen desde la asociación agrícola, se debe al cambio de titular en la institución, "con el anterior delegado, Ricardo Peralta, estábamos a punto de firmarlo, ahora ya no hay fecha", expone el presidente.
La provincia de Pontevedra cerró el pasado año con un aumento en la contratación de servicios de seguridad privada. La situación responde a la mayor demanda existente por parte de particulares y pequeños empresarios, según constataron ayer el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, y el comisario provincial de la Policía, José Manuel Salgado. Una subida que relacionaron con la circunstancial concentración de robos durante diferentes etapas del año. Pero ambos recordaron que en los establecimientos “de riesgo”, tales como bancos o joyerías, estos sucesos disminuyeron un 6% en 2010 con respecto al año anterior.
“Hay menos robos con fuerza y atracos”, insistió Fernández ayer tras la comisión mixta de seguridad privada, en la que se hizo un repaso a la situación de los últimos 12 meses. No obstante, dijo que “bienvenidos sean los sistemas de protección”, dado que, como apostilló el comisario “el delincuente va allí donde lo tiene más fácil”. El alza en la contratación de protección coincide con una disminución de los robos, algo que podría explicarse, según relató el subdelegado, en la concentración de “robos en cierta medida espectaculares” que se produjeron “durante los últimos meses”.
Más empresas
El aumento de los servicios contratados generó un positivo año para el sector. De hecho, en la provincia se pasó de las 51 empresas de seguridad privada que había en 2009 a las 53 de 2010. El número de empleados subió prácticamente en medio centenar, al pasar de los 1.159 a 1.193. De esta última cantidad, la inmensa mayoría de los asalariados se corresponden con la figura de vigilante, en total 1.048. Datos, todos ellos, que complementan a los cuerpos de seguridad del Estado, que entre efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional son 2.500 en toda la provincia. Las policías locales aportan otros 800 agentes.
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