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La denuncia fue corroborada por la Defensoría del Pueblo porteña que, en un dictamen, recomendó al Gobierno de la Ciudad que “oculte o traslade la cámara”. El episodio se agrega a la decisión de ceder las imágenes captadas a canales de TV.

Las videocámaras de seguridad, instaladas por el gobierno porteño, siguen generando polémica. A la decisión del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, de entregar a los canales de televisión las imágenes en vivo captadas en los diversos barrios, en abierta violación a la ley que regula su funcionamiento –tal como reveló Página/12– e instalar cámaras en escuelas, se suma la denuncia de un vecino que teme que su intimidad sea vulnerada por una videocámara instalada frente a la ventana de su baño. El vecino hizo una presentación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el organismo acaba de emitir una resolución por la cual recomendó al gobierno de Mauricio Macri que “tome las medidas necesarias para ocultar o trasladar la cámara” al fin de evitar que el vecino sienta “la amenaza de que está siendo vigilado”. En su dictamen, la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, advierte que en la colocación de videocámaras en la vía pública se debe “balancear la garantía de una vida íntima plena y el cumplimiento de las medidas necesarias en pos de la seguridad pública”.

El vecino, cuya identidad se mantendrá en reserva, planteó su preocupación en la Defensoría del Pueblo cuando advirtió que el gobierno porteño había instalado una cámara tipo “domo” –son aquellas que captan imágenes con un giro de 360 grados en la línea horizontal y 180 grados en la vertical– en una columna de alumbrado público, “muy próxima a una ventada de su domicilio, en el segundo piso de un edificio”, ubicado en una avenida de un barrio céntrico de la ciudad. La ventana es la del baño. En su presentación, el vecino cuestionó que la presencia de la cámara “viola su intimidad, ya que podría capturar imágenes del interior de su vivienda”.

El caso fue derivado al Centro de Protección de Datos Personales, de la Defensoría, que encabeza Eduardo Peduto, desde donde se viene siguiendo el cumplimiento de la Ley 2602, sancionada en 2007, por la Legislatura porteña, que regula el funcionamiento de las cámaras de vigilancia en la ciudad.

La Defensoría confirmó que la videocámara efectivamente está colocada a la altura de la ventana del baño del vecino y es una de las casi mil que ya ha instalado el gobierno porteño, cuyas imágenes son visualizadas por operadores del Centro de Monitoreo Urbano del Ministerio de Seguridad. Ante una consulta de la Defensoría, el gobierno porteño informó que solo se captan imágenes provenientes del espacio público y que no se obtienen sonidos. Además, indicó que no se habían captado imágenes del edificio del vecino como tampoco de otros inmuebles, dado que las videocámaras cuentan con un software que bloquea la visión cuando el zoom permite apuntar al interior de un domicilio y también cuando se acerca al rostro de una persona.

El Centro de Protección de Datos Personales evaluó que si bien la Policía Metropolitana “ha recurrido al procedimiento de enmascaramiento en pos de la protección de la vida íntima del ciudadano”, de todas formas “la sola amenaza sobre el derecho a la privacidad del vecino sería causal suficiente para modificar la ubicación del artefacto. Ello es así ya que no hay ninguna duda de que la colocación de una videocámara próxima a la ventana del baño de una vivienda –como lo está en este caso– genera de mínima una duda razonable sobre que uno podría estar siendo vigilado. Esto es así toda vez que los ciudadanos desconocen el funcionamiento y alcance de estos potentes aparatos”, señala la resolución 1456/11, firmada en los últimos días por Pierini, en la que recomienda al superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, Eduardo José Martino, que “tome las medidas necesarias para ocultar o trasladar la cámara”.

Pierini agrega que en la instalación de videocámaras se debe “balancear la garantía de una vida íntima plena y el cumplimiento de las medidas necesarias en pos de la seguridad pública”. Es decir, que “corresponde que las autoridades tomen medidas acordes entre el avance de las nuevas tecnologías y los derechos fundamentales de los individuos, como lo es el de la privacidad”, considera Pierini.

Consultado por Página/12, Peduto observó que “la mayoría de los porteños desconoce la existencia de las videocámaras y cómo funcionan”. Y advirtió que aunque la ley obliga al gobierno a colocar carteles que adviertan sobre la presencia de cada cámara, no siempre se cumple con esa regulación. El funcionario explicó que las imágenes capturadas por las cámaras en el espacio público se consideran, de acuerdo con las leyes vigentes, “datos personales”. En función de ello, “la recolección de datos debe ser en base a una razón legítima que, si bien en este caso podría estar fundada en la prevención del delito, debe revestir ciertos límites y garantías”.

 

FUENTE: www.pagina12.com.ar

 

En su sexto aniversario la Policía Comunitaria demandó ayer una mayor implementación de cámaras de vigilancia pública para efectuar una labor más idónea en la lucha contra la inseguridad ciudadana

En la actualidad esta fuerza cuenta con 308 efectivos policiales, 15 oficiales y tres cámaras de seguridad en el macro distrito de Max Paredes y Munaypata,

Según el coronel Eddy Espinoza Salazar, los distritos municipales que están a cargo de la Policía Comunitaria en este sector son: D7, D8 y D9 del sector oeste de la ciudad de La Paz, donde se incluyen las zonas de la Garita de Lima, 14 de Septiembre, Villa Victoria, Munaypata y La Portada.

“De acuerdo al manual de implementación referido a la Policía Comunitaria, dicho servicio debe estar orientado a contribuir en la construcción de la cultura de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, mediante la integración con la comunidad a través de la autogestión e interrelación con las autoridades y organizaciones, involucradas activamente mediante la aplicación de procesos”, establece el documento aprobado el 2009 mediante la resolución 0997.

El Secretario de Seguridad Pública reveló que existe la infraestructura para instalar más vigilancia e inhibir los delitos menores y robo de vehículos

Con el fin de atacar los problemas de inseguridad que se viven en el centro de Culiacán, el Secretario de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que se tienen planes para reforzar el sistema de videovigilancia en el primer cuadro de la ciudad y el Centro Histórico, donde ya existen líneas de fibra óptica para el funcionamiento de los equipos. 

Francisco Manuel Córdova Celaya comentó que se tienen pláticas con empresarios de la zona a quien se les ha planteado la idea de colocar más cámaras de vigilancia en las calles del primer cuadro, mismas que servirán para atacar delitos menores y robo de vehículos. 

El funcionario estatal dijo que de ser aceptado el proyecto su conclusión se realizaría en poco tiempo, ya que en la reciente restauración que sufrió el Centro de la ciudad y la zona histórica de Culiacán, se colocaron líneas de fibra óptica, infraestructura que es requerida por los equipos utilizados en los sistemas de videovigilancia urbana. 

Córdova Celaya explicó que sólo están en espera de que el proyecto sea totalmente culminado y entregado a las autoridades, para después plantearlo formalmente a los empresarios de la zona más visitada de Culiacán, a quienes beneficiaría directamente el moderno sistema de seguridad. 

Los equipos vendrían a reforzar las áreas donde ya se cuenta con el equipo urbano de vigilancia, el cual es monitoreado durante las 24 horas del día por personal adscrito a C-4, donde cuentan con enlace directo con las diferentes corporaciones policiacas.

FUENTE: www.noroeste.com.mx

En el municipio de Sincé serán instaladas  27 cámaras de seguridad  en sitios estratégicos para fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta por parte de la Policía Nacional. 

El proyecto denominado suministro, instalación y configuración de sistema de vigilancia para el Municipio de Sincé, fue aprobado por el Ministerio de Interior y de Justicia a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana con una inversión de $1008 millones.

El objetivo es contribuir a mejorar la seguridad con la implementación de nuevas tecnologías y está compuesto  por 27 cámaras móviles anti vandálicas con sus accesorios de montaje y protección de energía UPS, 25 postes de concreto de 18 metros, enlaces punto a punto inalámbrico para cada una de las cámaras, adecuación sala central, torre de comunicaciones, equipos de cómputo, monitores y muebles para la administración del sistema de vídeo vigilancia, aire acondicionado y UPS para la protección de los equipos de la sala.

Este trabajo es tripartito, pues está involucrado el Gobierno Regional, la Municipalidad de Punta Arenas y Carabineros.

Un viaje para profundizar los conocimientos respecto del uso de las cámaras de televigilancia realizará el concejal José Saldivia y el encargado de seguridad pública del Municipio, Claudio Carrera, junto al coordinador regional del área, Ricardo Chavarría.

Entre el 19 y el 22 de julio, las autoridades visitarán la prefectura de Cautín, en la IX Región y a otras comunas de la Metropolitana, quienes utilizan el sistema de televigilancia que podría ser implementado en Punta Arenas.

En la sesión del Concejo Municipal desarrollada ayer, se aprobó la participación del concejal y del funcionario del municipio en el viaje, siendo Saldivia quien explicó que el sistema que se utiliza actualmente hace funcionar “en cadena” a cada cámara, sin embargo, “ahora se pretende contar con un sistema de cámaras independientes, que puedan ser ubicadas en los puntos críticos que determine Carabineros”, explicó. Este trabajo se está realizando de manera tripartita, puesto que participa dicha institución, el Gobierno Regional y el municipio.