Se colocarán en la calle para vigilar la entrada y la salida de alumnos y docentes. Buscan prevenir la venta de drogas y otros delitos.

La Provincia instalará cámaras de seguridad, tipo domo, para controlar el entorno de 50 escuelas provinciales con la intención de prevenir hechos delictivos, venta de drogas y hechos de violencia.

La noticia fue primicia de LaVoz.com , y unas horas después fue anunciada en conferencia de prensa por el ministro de Gobierno, Carlos Caserio, y el de Educación, Walter Grahovac. Lo hicieron, además, después de que este diario realizara consultas con autoridades provinciales para confirmar la información. Antes de las 15, los funcionarios desconocían detalles del sistema de vigilancia y monitoreo por videocámara.

La iniciativa se enmarca en el Plan Provincial de Seguridad Social Ciudadana que, el año pasado, introdujo videocámaras para evitar el robo de bebés en cuatro hospitales de la ciudad de Córdoba y en otros 15 del interior provincial. Se prevé una inversión de 6,5 millones de pesos.

El coordinador del Ministerio de Gobierno, Javier Sosa, aseguró que Gatica declinó la invitación para firmar el convenio. El intendente lo negó.

La instalación de cámaras de seguridad en unas 20 localidades como parte de un convenio con la Provincia generó polémica entre el intendente de Jesús María, Marcelino Gatica, y el coordinador del Ministerio de Gobierno, Javier Sosa.

Gatica dijo que ofreció ensamblar las cámaras ya montadas en Jesús María con el sistema provincial pero que no obtuvo respuesta del Gobierno, mientras que Sosa aseguró que el intendente declinó la invitación para sumarse al convenio.

“Me llamaron el viernes previo a la entrega de las cámaras diciéndome que la provincia había puesto en marcha un plan parar entregar cámaras a las 20 ciudades más grandes de Córdoba. Yo les conté que hace cinco meses que Jesús María tiene 21 cámaras puestas, que me parecía bueno y nos gustaría ensamblar los dos mecanismos", dijo Gatica a radio Cadena Norte.

Un trabajador es investigado por presunta participación en disturbios en Oroño y 27 de Febrero, luego de ser capturado por una de las cámaras de vigilancia de la ciudad el pasado 14 de junio. El Concejo pidió al Ejecutivo conocer el protocolo que ordena su funcionamiento ante un posible caso de abuso. "La participación de los ciudadanos en las organizaciones sociales no debe ser motivo de persecución alguna", señaló el edil Alberto Cortés, autor de la solicitud

Las cámaras de vigilancia dispuestas en la ciudad volvieron a generar polémica. Ésta vez por un presunto caso de abuso luego de que un empleado municipal fuera sumariado por participar en una protesta, situación que fue filmada por uno de estos ojos callejeros. Desde el Concejo elevaron un pedido al Ejecutivo: que especifique el uso de esta tecnología a fin de aclarar cuál es el verdadero objetivo de su puesta en funcionamiento. 

De acuerdo a lo que publica hoy el Diario El Ciudadano, el jueves pasado el Concejo aprobó por unanimidad un pedido de informes elevado por el concejal Alberto Cortés, al Palacio de los Leones para conocer, si es que lo hay, el protocolo que rige el uso de las cámaras y los lugares elegidos para la ubicación de esos dispositivos.

Las cámaras ocultas acompañadas a la causa muestran cómo dos sepultureros del Cementerio platense se encargan, en su lugar de trabajo, de la venta de huesos. A los compradores les dicen abiertamente los precios y hasta les aconsejan cómo salir del predio para evitar la requisa del personal de la seguridad privada, señalaron fuentes policiales consultadas por este diario.

Los empleados del Cementerio fueron aprehendidos en las últimas horas y quedaron a disposición de la justicia local en una dependencia de la comisaría tercera de Los Hornos.

La denuncia fue realizada por un funcionario de la Municipalidad local el jueves pasado. Más tarde un llamado anónimo a la fiscalía a cargo de Fernando Cartasegna realizaba un relato en el mismo sentido que la presentación judicial.

Comerciantes del rubro aseguran que se mantiene la demanda de cámaras de vigilancia, porteros eléctricos con visor y sistemas de alarmas monitoreadas para comercios y viviendas particulares.

El negocio de la seguridad mantiene una carpeta de clientes estables, pero el mercado se renueva y ofrece productos nuevos, o los mismos que antes pero más sofisticados. Comerciantes entrerriano destacan que las ventas se mantienen y que los precios son accesibles, y hay para todos los bolsillos.

 

Las cámaras de seguridad, una especie de Gran Hermano pero de la puerta de la casa para afuera, son relativamente accesibles y fáciles de instalar. El kit trae la cámara y un pequeño monitor, más el cable que conecta a ambos, por unos 400 pesos. También se pueden conseguir con monitores de 10 pulgadas y mejor resolución a alrededor de 800 pesos. Existen dispositivos inalámbricos, con una central con antena conectada a un televisor. Las cámaras traen luces infrarrojas de baja, mediana y alta potencia para poder registrar lo que sucede, aún en la oscuridad.