El PSOE y el PP están negociando 'in extremis' una reforma constitucional que contemple la disciplina presupuestaria de las administraciones públicas y también están acercando posturas, de forma paralela, sobre una futura ley orgánica en la que se recogería la cifra de límite máximo de déficit.
Según han informado a Efe fuentes socialistas, el acuerdo sobre la reforma de la Constitución está "muy avanzado", no incluye una cifra exacta de tope de déficit y sólo falta cerrar algunos "flecos" con el Partido Popular.
A la vez, los dos principales partidos están negociando una ley orgánica posterior en la que sí se fijarían cifras concretas, que no han querido ser precisadas por las fuentes.
La coordinadora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha calificado como "fundamental" el acuerdo con el PP en el que está trabajando su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, y en el que los socialistas han insistido "mucho" para que las cifras no figuren en el texto constitucional.
Valenciano ha resaltado que este acuerdo permitirá "flexibilidad para que la economía pueda adaptarse a los tiempos buenos y también en los momentos malos", que garantice la sostenibilidad de la política social, y ha manifestado su voluntad de que otras fuerzas políticas apoyen el texto.
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Orden de 6 de julio de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la tramitación por medios telemáticos de los procedimientos administrativos de la Dirección General de Política Educativa del Departamento. (BOA de 24 de agosto de 2011). Texto completo.
ORDEN DE 6 DE JULIO DE 2011, DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, POR LA QUE SE REGULA LA TRAMITACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO
Preámbulo
El Decreto de 6 de julio de 2007, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, modifica la organización en Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, manteniendo en su artículo primero el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Posteriormente, el Decreto 18/2009, de 10 de febrero , del Gobierno de Aragón, aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Tras su arresto en 2010 hallaron en su casa bolsas de cocaína preparadas para la venta y cuatro básculas para el pesaje de la droga
El preso etarra Ibon Iparraguirre Burgoa ha abandonado la cárcel de Sevilla y será trasladado por motivos de salud a la prisión vizcaína de Basauri donde llegará en los próximos días, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.
Estas mismas fuentes han recordado que este tipo de traslados o conducciones entre cárceles no se hacen de manera directa ni individualizada y algunos presos suelen hacer escala en otros centros penitenciarios por lo que los desplazamientos largos pueden abarcar varios días.
La Audiencia Nacional condenó a Iparraguirre el pasado mayo a tres años de prisión por la comisión de un delito de daños terroristas derivado de la colocación de un artefacto explosivo en la sede del PSE de la localidad guipuzcoana de Elgoibar en la madrugada del 20 de abril de 2008.
Iparragirre lideraba un "comando" de legales que fue desarticulado tras su detención en enero de 2010. Esta operación permitió además el desmantelamiento de varios zulos de la banda. Asimismo, en la vivienda de Iparragirre en Ondarroa (Vizcaya), la Ertzaintza se incautó de dos bolsas de marihuana, decenas de bolsas de cocaína preparadas para su venta y cuatro básculas para el pesaje de la droga, materiales habitualmente usados para el tráfico de estupefacientes.
El jurista de la UPV/EHU Unai Aberasturi advierte de la inseguridad jurídica de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y recalca la necesidad la necesidad de una regulación para aportar una buena protección a los datos sanitarios.
Estas conclusiones se derivan del estudio conjunto de la normativa sanitaria y la de LOPD realizado por Aberasturi. Para el jurista, "esta ley habitualmente, deja en manos de la interpretación la manipulación de los datos sanitarios".
En el estudio también se ha tratado de aclarar el contenido de las normas de la LOPD que afectan a la protección de datos, y los derechos de las personas. Aberasturi puntualiza que "la LOPD otorga una protección especial a los datos de salud, por lo se les reconoce un régimen de salvaguarda más estricto".
El Programa Sitel, polémico sistema de escuchas telefónicas instaurado por el Ministerio del Interior para permitir a los cuerpos de seguridad obtener pruebas en la persecución de presuntos delincuentes, ha sido objeto de críticas desde su nacimiento, generando con ello una abundante jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo que ha confirmado, con el tiempo, y no sin alguna que otra controversia interna, su completa legalidad.
Aspectos como la interceptación programada, masiva y sin filtro de datos privados -frente a la anterior selección artesanal y analógica llevada a cabo por un agente físico-, o la dudosa presunción de validez de la prueba que el Supremo defiende por el simple hecho de haberse obtenido ésta digitalmente, han sido alegados constantemente en todo tipo de procesos penales, aunque la respuesta del Supremo sigue siendo unánime.
Con todo, asuntos de actualidad como el del Caso Gürtel -el propio Partido Popular cuestionó la constitucionalidad del sistema- han mantenido abierto un debate que la jurispruencia parece no poder cerrar. A pesar de todo, su conclusión es clara: no sólo el Supremo no cuestiona el sistema, sino que lo considera "preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación".
Una polémica trayectoria
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