La Policía Local de Mérida tiene todo preparado para que el próximo 15 de febrero comience a funcionar un nuevo sistema de control del acceso de vehículos a zonas restringidas al tráfico que cambiará las costumbres de muchos conductores que habitualmente circulan por el centro de la ciudad. Catorce cámaras y un ordenador central en las dependencias policiales conforman una nueva herramienta de trabajo que impide el paso a los no autorizados a amplias zonas semipeatonales sin necesidad de dedicar a varios agentes a tiempo completo a vigilar el cumplimiento de la norma.
Tras más de dos meses en pruebas, la Delegación de Tráfico ha tomado la decisión de iniciar su funcionamiento el próximo martes día 15 de febrero. El delegado del área, José Fernández, considera que se ha dado el tiempo suficiente a los residentes de la zona y a los profesionales que trabajan en ellas para registrar sus vehículos y obtener las tarjetas que les autorizan a pasar por las zonas afectadas.
La implantación de este sistema ha costado 160.000 euros, sufragados con los fondos del Plan E. Las cámaras están instaladas en dos zonas. Una de ellas, la más amplia, es la que rodea a la concatedral de Santa María y la Asamblea de Extremadura. En este caso las cámaras están situadas en la calle Morerías con calles San Salvador, travesía de San Salvador y Arquitas; calle Trajano con Obispo y Arco y con calle Alvarado; calle Puente con Castelar; plaza de España con plaza de Santa María; y Holguín con Sancho Pérez. Y la otra en la Puerta de la Villa, estando instaladas en Rambla con Puerta de la Villa; José Ramón Mélida con Sagasta, Pontezuelas y Hernán Cortés; Félix Valverde Lillo con Delgado Valencia; y Sagasta con Las Torres.
AUTORIZACIONES Más de 2.000 personas han pasado sus datos y los de sus vehículos a la Policía Local, con el fin de que cuando pasen delante de una de las cámaras instaladas esta no tramite la correspodiente denuncia. Aún faltan muchos usuarios por ir a recoger sus tarjetas en las dependencias de la Policía Local. Desde la Delegación de Tráfico se hace un llamamiento a los titulares para retirarlas antes de la fecha de inicio del nuevo sistema, para evitar posibles problemas.
Aunque la incidencia delictiva disminuyó en un 80 por ciento en el último año, la seguridad en los 202 kilómetros que tiene de red el Sistema de Transporte Colectivo Metro se incrementará con aditamentos especiales y policías, anunció el director del organismo, Francisco Bojórquez.
“Hemos abatido ya casi en un 80 por ciento la delincuencia, gracias al sistema de videovigilancia, a la mayor presencia policiaca y a todas las medidas de seguridad implementadas”, indicó.
El funcionario señaló que este año se pondrá en marcha un cuerpo especial con 150 policías que vigilarán al interior de los cerca de 350 trenes que hay en el Metro, los cuales se unirán a los 3 mil 285 elementos que conforman su cuerpo de seguridad.
También se instalarán arcos detectores de metales en por lo menos 100 estaciones, de las 175 que tiene la red del Metro. Actualmente esos dispositivos de seguridad están instalados en 30 estaciones consideradas de gran afluencia, como en Pantitlán, Chabacano, Indios Verdes, Zaragoza, Observatorio y Taxqueña.
Así mismo fueron colocados 16 equipos de rayos X en estaciones como: Pantitlán, Tacubaya, Tepito, Lagunilla, Balderas e Hidalgo.
“Nosotros sí seguimos incrementando las medidas de seguridad definitivamente, todos los policías tienen equipo garret, los que están en torniquetes, hemos terminado de instalar el sistema de videovigilancia, de videocámaras, incrementamos en mil policías más la vigilancia del Metro”, dijo Bojórquez.
“Hemos encontrado usuarios que de repente pasan por los detectores de metales y encontramos que llevan un desarmador, una navaja, incluso compañeros de corporaciones policíacas públicas que llevan su arma aunque la llevan sin las balas dentro de las cámaras, pero creo que las medidas se han implementando”.
Apenas pasa un minuto de las nueve de la mañana del martes 18 de enero cuando Marta Villayandre entra con su coche en la plaza de San Isidoro. Aparca en un lugar que no capta la cámara y a los pocos segundos se observa a una mujer, pantalón oscuro, abrigo de piel negro, pelo castaño. Lleva de la mano a una niña con mochila.
Esta imagen habría pasado desapercibida si ese día no se hubiera denunciado la desaparición de la joyera leonesa. El sistema de videovigilancia del casco antiguo de León registró una escena que hoy es sobrecogedora. La policía rebobinó la cinta para intentar averiguar si Marta Villayandre iba acompañada de otra persona, además de su hija, o si era seguida por otro coche.
Pero no había nada sospechoso ni anormal en el trayecto que realizaba cada mañana, de lunes a viernes, para dejar a su hija en el Colegio Leonés. El Peugeot 206 salió al cabo de unos minutos de la plaza y no se volvió a registrar más su presencia.
La mamá tampoco regresó. Durante trece días nada se supo de su destino, que ya se barruntaba trágico antes de que el 31 de enero fuera hallado el cuerpo sin vida de Marta Villayandre Bayón, de 40 años, en un barranco de la localidad asturiana de Parana.
La habían matado por unas joyas. Por nada. Ese día el magistrado Juan Carlos Suárez-Quiñones, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de León, empezó a tomar declaración a las cuatro personas imputadas en su desaparición, en el robo con violencia y en el homicidio.
De los cinco delitos graves registrados en el gremio de la joyería en León los últimos siete años ninguno ha tenido un final tan trágico. En enero de 2004 fue asaltada por el procedimiento del butrón una joyería en la calle Ordoño II, 12; en julio de 2004 y en noviembre de 2005, otro joyero de la misma calle fue víctima de dos robos con intimidación y en marzo de 2009 se produjo otro robo con intimidación en un establecimiento de Gran Vía de San Marcos.
A Marta Villayandre, que trabajaba en la venta directa de alhajas, le quitaron la vida por 20.000 euros, el valor de su muestrario que hoy constituye una de las pruebas del sumario y que fue encontrado por la Policía en uno de los registros domiciliarios.
La Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia firmará el próximo 9 de febrero un acuerdo para instalar servicios de video vigilancia y circuitos cerrados de televisión en los establecimientos de los integrantes del colectivo. El objetivo se centra en poder prevenir robos y actos vandálicos frecuentes en los sectores de pequeño comercio y hostelero.
Una empresa de la capital, 'Sferis', con implantación regional y nacional en el ámbito de la prestación de servicios de seguridad y protección, realizará un estudio personalizado y el proyecto que mejor se adapte a cada asociado. El acuerdo ofrecerá una oferta exclusiva e importante a los miembros de la asociación por parte de Sferis.
Según la compañía, «últimamente la sociedad es testigo de continuos robos y actos vandálicos, que hacen pensar que la delincuencia está desviando su punto de mira no solo hacia grandes empresas o negocios sino también al pequeño comercio o la hostelería. Este sector es el que más está sufriendo la nueva tendencia delictiva». Sferis nació en Palencia en abril de 2000 como una empresa instaladora, comercializadora y mantenedora de sistemas de protección contra incendios, así como para la prestación de servicios de seguridad, tanto en servicios de video vigilancia como en la instalación de alarmas, y otros sistemas como detectores de humos o circuitos cerrados de TV.
La empresa tiene implantación entoda Castilla y León y quiere extenderse a toda España.
FUENTE: www.nortecastilla.es
En la oportunidad ofició de anfitrión el Secretario de Protección Ciudadana, licenciado Diego Santillán, quien explicó: "Tigre es un municipio que cuenta con una población de más de 400 mil habitantes, desde hace casi tres años quintuplicamos la recaudación genuina, invertimos 30 millones de pesos en políticas de seguridad a nivel local, y con 440 cámaras estamos aplicando una política integral que suma a ello GPS, control policial y judicial y, por último, facilitamiento a las instituciones de seguridad para que desarrollen sus servicios en el municipio".
Por su parte, el diputado Gastaldi se mostró interesado en el marco jurídico y normativo de estas políticas: "En Santa Fe tenemos una ley de regulación de estos sistemas de videovigilancia, los cuales claramente son muy útiles, junto a otros sistemas que funcionen paralelamente, y creo que fue un acierto lograr los consensos necesarios para aprobarla. El desafío que sigue es la adaptación de los espacios locales a la misma, de manera de poder garantizar acciones concretas en la materia y preservar la privacidad y los derechos individuales de los vecinos".
FUENTE: www.sinmordaza.com