Arrestados en Palma por robar en una tienda tras ser sorprendidos por la encargada

Dos hombres de 41 y 46 años han sido detenidos por la Policía Nacional acusados de un delito de robo con violencia en una tienda cerrada al público en el barrio de Bons Aires, en Palma, en el que fueron sorprendidos por la encargada del local, que se encontraba en la trastienda. Los hechos se produjeron este martes a las 15.00 horas, cuando dos agentes que se encontraban fuera de servicio circulaban con sus respectivas motocicletas por el barrio de Bons Aires y vieron a varias personas persiguiendo a dos hombres, uno de ellos en bicicleta, al grito de «Paradlos, acaban de robar», ha informado el cuerpo policial en una nota.

Los policías se identificaron e interceptaron a los sospechosos del robo, a quienes se les intervinieron dos destornilladores y dinero en efectivo. Entre ambos suman alrededor de un centenar de detenciones por hechos similares. Los agentes solicitaron la presencia de patrullas de Seguridad Ciudadana y averiguaron que, momentos antes, los dos hombres, de origen español, habían accedido a una tienda de la zona para llevar a cabo un robo y que fueron sorprendido por la encargada, que se encontraba descansando en la trastienda.

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El reconocimiento facial, ¿un problema para la protección de datos?

Las técnicas de reconocimiento facial con fines de identificación biométrica suponen un tratamiento de categorías especiales de datos para los que el Reglamento exige garantías reforzadas, según advierte la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

El organismo estatal acaba de publicar un informe en el que analiza varias cuestiones que se le han planteado relacionadas con la seguridad privada, entre las que se encuentra la licitud de incorporar sistemas de reconocimiento facial en los servicios de videovigilancia proporcionados por empresas seguridad privada.

En este sentido, la Agencia explica que el empleo de tecnologías de reconocimiento facial en los sistemas de videovigilancia implica el tratamiento de datos biométricos, a los que se aplica el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que los cataloga como categorías especiales al tratarse de datos "dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física". "Esta tecnología supone un tratamiento que, en principio, se encuentra prohibido por el RGPD", añade.

 

Según ha concretado, la instalación de los sistemas de videovigilancia con fines de seguridad, que captan y graban imágenes y sonidos, "podría ampararse en el interés público", tal y como se plantea en la consulta realizada a la Agencia.

No obstante, ha aclarado que si se tratan categorías especiales de datos, como en el caso de la utilización de tecnologías de reconocimiento facial, la normativa requiere que exista un "interés público esencial" para que pueda ser legítimo, profundizando así en la importancia y necesidad de mayor protección de los datos tratados.

"La aplicación del interés público esencial como base de legitimación requiere de una norma con rango de ley que justifique en qué medida y en qué supuestos el empleo de la biometría respondería al mismo", ha manifestado.

En este sentido, ha advertido de que "la norma con rango de Ley que ampararía ese tratamiento de categorías especiales de datos no existe en el actual ordenamiento jurídico y, en el caso de tramitarse, tendría que justificar específicamente en qué medida y en qué supuestos la utilización de dichos sistemas respondería a un interés público esencial, así como incorporar garantías específicas como exige el Tribunal Constitucional".

"PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD"

Asimismo, la AEPD ha detallado que "debería cumplir con el principio de proporcionalidad y superar el juicio de necesidad, en el sentido de que no exista otra medida más moderada con la que se consiguiera el mismo propósito con igual eficacia".

"La existencia de otras medidas que permiten la protección de las personas, bienes e instalaciones con una menor intrusión en el derecho de los afectados, exigiría una especial justificación de la necesidad de optar por el reconocimiento facial respecto de dichas otras medidas, estableciendo asimismo garantías reforzadas", ha remachado.

De este modo, la Agencia rechaza, tal y como se planteaba en la consulta, que la legitimación reconocida para los sistemas de videovigilancia que sólo captan y graban imágenes y sonidos pueda abarcar otras tecnologías "mucho más intrusivas" para la privacidad como el reconocimiento facial u otras medidas biométricas como el reconocimiento de la forma de andar o el reconocimiento de voz.

"La regulación actual es insuficiente para permitir la utilización de técnicas de reconocimiento facial en sistemas de videovigilancia empleados por la seguridad privada, al no cumplir los requisitos anteriormente señalados", ha defendido.

La Agencia considera que existen supuestos excepcionales en los que podría quedar justificado el empleo de sistemas de reconocimiento facial siempre que la legislación lo prevea, como se ha mencionado con anterioridad, como en el caso de infraestructuras críticas.

"Sin embargo, la autorización, con carácter general, del empleo de sistemas de reconocimiento facial en los sistemas de videovigilancia empleados por la seguridad privada carece de base jurídica y sería desproporcionada, dada la intrusión y los riesgos que supone para los derechos fundamentales de los ciudadanos", ha concluido.

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Fuente: Deia

Inca instalará una red de doce cámaras en las calles principales para controlar el tráfico

Las principales calles y confluencias de Inca contarán con una red de doce cámaras que servirán para vigilar y controlar el tránsito, además de servir de apoyo para la investigación de accidentes.

El Ajuntament d’Inca ha obtenido todos los permisos necesarios de la Delegación de Gobierno y en estos momentos la iniciativa se encuentra en proceso de licitación. Está previsto que en los meses de verano ya pueda funcionar este sistema de cámaras que tiene su origen en una petición de la Policía Local.

Según un escrito del Jefe del cuerpo, el parque automovilístico de Inca cuenta con 25.000 vehículos para una población de 32.000 habitantes. Además es paso obligado para determinados municipios vecinos así como la principal ruta de acceso a Lluc. También resalta su condición de capital comarcal, con numerosas delegaciones de organismos así como centros de educación con alumnado procedente de otros pueblos.

Todo ello provoca que Inca padezca una considerable presión en el tránsito de vehículos que ya no se puede controlar en condiciones con el sistema tradicional, por lo que demandan la instalación de las cámaras.

Los doce puntos donde se instalará la videovigilancia del tránsito serán la avenida del Tren; avenida de Lluc (plaza del Bestiar); Plaza Mallorca; plaza Blanquer; las rotondas de Jaume II con Reis Catòlics y Gran Via Colom; el cruce General Luque con Gran Via Colom; la confluencia entre General Luque y Costa i Llobera; plaza Espanya; calle Sirena y dos cámaras en la calle Tren, en ambos lados del paso.

El sistema de cámaras de videovigilancia cumplirá los requisitos exigibles por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Seguridad ciudadana

El Ajuntament también ha renovado la autorización para seguir utilizando las seis cámaras dedicadas a la vigilancia de la seguridad ciudadana que se encuentran situadas en la zona del Mercat Cobert. Concretamente son dos en las calles Sant Francesc y Born, además de otras que funcionan en las calles Pau y la plaza Verge de Lluc.

En este caso son también utilizadas por la Policía Local para la grabación y captación de imágenes con la finalidad de prevenir los daños a personas y bienes, así como para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, ante la continuidad de robos, hurtos y actos vandálicos en la zona.

Otro sistema de videovigilancia experimentará una mejora con la iniciativa llevada a cabo por el Ajuntament. Se trata de las que se usan en el sistema de protección de determinados edificios municipales que han quedado obsoletas o presentan averías que dificultan su eficacia. Las más afectadas se sitúan en el cuartel General Luque, en el claustro de Sant Domingo y en el edificio central del Ajuntament.

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Fuente: Ultimahora

Los vecinos de barrio Sur  piden cámaras de seguridad.

Comercios, casas y transeúntes son blanco de delincuentes a toda hora. Preocupación y malestar por los últimos robos. Cuestionan que las denuncias no conducen a nada.

Modelo a imitar. Así son las cámaras de seguridad instaladas en la peatonal San Martín Norte.

Vecinos de barrio Sur, jaqueados por los robos, están tramitando la colocación de cámaras de seguridad. El último mes, la zona fue protagonista de varios hechos delictivos que incluyeron entraderas y toma de rehenes, con lo cual la situación no da para más. “Hay un gran descontento. Nos sentimos desprotegidos y creemos que la zona está liberada”, planteó Beatriz Gravois en diálogo con El Litoral.

Asaltos en los comercios -que llevaron al cierre de la tradicional panadería Santo Domingo-, arrebatos en la calle y entraderas a las casas particulares se repiten todas las semanas.

Por este motivo, la semana pasada los vecinos se reunieron con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia. “Nos recibieron muy bien y nos dijeron que hay más inversión, más móviles y más gente capacitada en las calles. Pero lo nuestro no es una cuestión de sensación de inseguridad, sino que tenemos la certeza de que la inseguridad nos está persiguiendo”, señaló la mujer, a quien le entraron a robar hace diez días a su casa de Entre Ríos y 9 de Julio.

Además de los asaltos, los vecinos plantean otro problema: las denuncias caen en saco roto. “Estamos confeccionando una lista con las denuncias realizadas en los últimos dos años en la seccional 1ª que es la que nos corresponde. En ningún caso, hubo una respuesta favorable o solución por parte de la policía. Entonces nos preguntamos: ¿para qué sirve denunciar?”, cuestionó la mujer.

Quieren cámaras

Hace tres semanas, Ana María Caputto fue otra víctima del barrio Sur. “Un sábado a las 4 de la tarde cuando salía para el supermercado, entraron a mi casa. Me ataron y amordazaron y se llevaron dinero. Eran profesionales, no unos rateros improvisados”, sostuvo Caputto.

En ese momento, intervino la policía de investigación, que remarcó la utilidad de las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes. “A raíz de lo que me pasó, sumado a otros robos en mi cuadra y en las cercanías, surgió la idea de colocar cámaras”, contó la mujer.

En la reunión en el Ministerio de Seguridad ya se planteó este pedido. “Les exigimos a las autoridades que la próxima inversión en cámaras contemple nuestro barrio”, indicó Gravois.

Además, los vecinos ya compraron una alarma comunitaria y están esperando su colocación. Pero también quieren pedirle al Municipio que incorpore a su barrio dentro del sistema de monitoreo de vigilancia. “Estamos dispuestos a comprar las cámaras, pero queremos que la Municipalidad realice el monitoreo”, concluyó Caputto.

fuente: ellitoral

Un robot 'cargado' de sensores y camaras de seguridad en el túnel eléctrico de Francia y España

• Robotnik crea un vehículo autónomo para el mantenimiento de la interconexión subterránea
• Gracias a su amplia red de sensores, detecta grietas, humedades o descolgamientos

España y Francia han duplicado la energía que pueden trasvasarse entre sí. Una nueva línea de interconexión eléctrica de 64,5 kilómetros de longitud ha permitido pasar de una capacidad de 1.400 a 2.800 megavatios, desde el pasado 2 de marzo. Todo un reto, principalmente porque 56 kilómetros del trazado son bajo tierra. De ahí que esta obra pionera, dirigida por la sociedad mixta Inelfe (constituida por REE y RTE), haya supuesto una inversión total de 700 millones de euros.

Pero la historia no acaba con la construcción e inauguración de la infraestructura. Ahora queda una de las tareas más monótonas y, a la vez, arriesgadas para los operarios: el mantenimiento subterráneo. ¿Y qué mejor aliado que un robot para este cometido? Aquí entra en juego la tecnología de la empresa Robotnik, con sede en Valencia, que ha diseñado y fabricado un vehículo capaz de realizar por sí solo las labores de inspección del túnel de la interconexión eléctrica entre Francia y España. «Dada la relevancia del proyecto es un hecho destacable nuestra participación en el mismo», afirman desde la compañía a INNOVADORES.

«Hacer llegar la automatización a entornos de difícil acceso o peligrosos es una de las finalidades de la robótica», comentan desde Robotnik. Los robots de inspección pretenden alejar a las personas de estas zonas de riesgo, garantizando su seguridad. Además buscan reducir los errores causados por la fatiga o falta de atención de los trabajadores debida a la monotonía y repetitividad de las operaciones de mantenimiento de la obra.

El vehículo autónomo de Robotnik cumple estas funciones gracias a su «amplia sensorización», que evita la intervención de personas en la inspección del túnel. Aunque el robot, con un peso de 3.200 kilos y una potencia de 33,6 kW, también está capacitado para transportar hasta tres personas. Incluso dispone de una capacidad de carga de 300 kilos para equipamiento, en los casos en que se considere necesario su uso.

Fuente: elmundo

¿Puedo instalar una cámara de videovigilancia en mi plaza de garaje de un bloque de vecinos?

El registro de imágenes personales con cámaras de videovigilancia y su posterior tratamiento es uno de los aspectos más controvertidos a los que ahora la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) trata de arrojar luz en la 'Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades'.

Una vez tomadas, pueden tener distintos usos. De dónde y cómo se haga podrá ser legal o no. Si bien es habitual utilizar estas cámaras con el fin de garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones, también pueden usarse con otros fines, como la investigación, la asistencia sanitaria o el control de la prestación laboral por los trabajadores.

En el caso de las comunidades de propietarios, «la captación de imágenes por cámaras de videovigilancia en los espacios comunes puede enmarcarse en el interés legítimo de dicha comunidad y la finalidad de seguridad es también legítima», apunta la AEPD.

Asimismo, advierte de que no se podrán tomar grabaciones de plazas de aparcamiento ajenas ni tampoco de la vía pública, terrenos y viviendas colindantes o de cualquier otro espacio ajeno. «Cumplido este requisito, el propietario de la plaza de garaje como responsable del tratamiento, estará sujeto a las restantes obligaciones impuestas por la normativa de protección de datos», concluyen.

Fuente: Diariosur

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¿Puedo poner una cámara oculta en casa?

Sí, pero cuando hay personas trabajando en el domicilio hay que cumplir una serie de condiciones

Hace dos años, una familia de Gijón despidió a su empleada doméstica tras comprobar que en la caja fuerte faltaba dinero y que la mujer había intentado abrirla después de que cambiaran la combinación. Tenían una prueba en principio irrefutable: una cámara oculta la pilló 'in fraganti'. Para su sorpresa, ella mostró su disconformidad presentando un recurso ante el Juzgado de lo Social y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias le dio la razón: dado que no había sido informada de la posibilidad de ser grabada y en el domicilio no había ningún aviso sobre la presencia de sistemas de videovigilancia, las imágenes carecían de valor probatorio. O, lo que es lo mismo, el despido era improcedente y la familia debía pagar una indemnización de 5.900 euros. Para colmo, por esa misma razón tampoco prosperó la denuncia por robo interpuesta por la vía penal.

La facilidad con que hoy se puede colocar una cámara en casa no tiene su reflejo en los juzgados, donde no es siempre sencillo determinar si las pruebas obtenidas mediante su uso son admisibles o si, por el contrario, al margen de lo que demuestren, han de ser invalidadas por considerar que vulneran el derecho a la intimidad de los trabajadores. «Es una cuestión con muchos espacios grises, donde la casuística es muy amplia. En el caso de los despidos, hay que tener en cuenta además que la jurisdicción social es muy protrabajador, por lo que el empleador debe tener muy bien documentados los motivos por los que prescinde del empleado. Y con 'muy bien' queremos decir conforme a lo admitido por la ley», señala Iñaki Pariente de Prada, exdirector de la Agencia Vasca de Protección de Datos, profesor de Derecho Digital de la Universidad de Deusto y socio fundador del despacho Dayntic Legal.

Pero eso no quiere decir que los empleados renuncien íntegramente a su privacidad. Es decir, hay que buscar el equilibrio entre ambos derechos y, para encontrarlo, se establecen unos requisitos que debe cumplir quien instale las cámaras. El primero impone que se tiene que informar al trabajador de la posibilidad de que sea grabado «con carácter previo y de forma expresa, clara y concisa» y que, además, se debe colocar un «dispositivo informativo» –puede ser un cartel– en un lugar suficientemente visible. Aquí ya encontramos uno de los espacios grises a los que hacía referencia Pariente de Prada.

«Puedes informar al empleado a través de un escrito –que tendría que firmar– o, incluso, por WhastApp, por lo que no debería de haber pegas para cumplir con esa parte. Pero, en cambio, nadie instala en su hogar un letrero que diga que se trata de una zona videovigilada», explica. Un matiz: lo que no exige la norma es indicar la ubicación exacta de las cámaras, por lo que emplear las que vienen camufladas en ositos de peluche, figuritas del Papa o cualquier otro inofensivo objeto decorativo es perfectamente legal.

En este punto, es básico comunicar al trabajador la finalidad para la que queremos contar con un sistema de videovigilancia. «No es lo mismo hacerlo para velar por la seguridad de los miembros de la familia o de los bienes que tengamos en casa que para cerciorarse de que los trabajadores realizan adecuadamente su labor. Si decimos que queremos garantizar la seguridad después no podremos utilizar las imágenes obtenidas para ningún otro fin», subraya el experto.

En cualquier caso, que haya que avisar no quiere decir que necesitemos el consentimiento del trabajador para instalar la cámara. «Si no está de acuerdo puede ejercitar sus derechos y denunciar, pero, de entrada, dónde y por qué se graba lo decide el empleador», afirma Pariente de Prada. Otra cosa que puede hacer es pedir explicaciones sobre el tratamiento y el almacenamiento de las imágenes y sobre las medidas de seguridad con que contamos para que no caigan en manos de terceros y, por ejemplo, se difundan en las redes sociales. Algo que, por ciento, no puede hacer tampoco el empleador bajo ningún concepto.

El segundo requisito exige que la colocación de estos dispositivos se ajuste a criterios de «idoneidad, necesidad y proporcionalidad». «La ley dice que no podemos invadir de una forma excesiva la intimidad del trabajador. Pero eso lo único que deja claro es que hay un espacio de privacidad que debes respetar, pero la delimitación de ese espacio queda al criterio de cada quien. Parece obvio que no podemos poner doscientas cámaras por toda la casa para pretender verlo todo o que hay que dejar libre de videovigilancia el baño o la habitación donde el empleado se cambie de ropa, pero no hay un punto exacto para marcar lo que es permisible y lo que no, por lo que también depende de la interpretación del tribunal», advierte el especialista.

Pero, ¿qué pasa si la instalación de la cámara viene motivada por la sospecha de que el trabajador pueda estar realizando algo indebido? En esos supuestos, la jurisprudencia puede dejar pasar que no se haya informado expresamente al trabajador, pero no es tan permisiva con la ausencia del «dispositivo informativo». Es decir, que podemos poner una cámara espía aunque no podremos denunciar nada con sus imágenes como prueba a no ser que colguemos un 'cartelito' al respecto en casa. Aun a riesgo de que resulte disuasorio. Ah, y en cualquier caso, tiene que hacerse ajustándose al fin perseguido. Esto es, de una forma temporal y ante una circunstancia muy concreta y acreditable.

Fuente: Elcorreo

‘Cazado’ robando perfumes en un centro comercial de Palma

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre, español de 28 años, por un robo con fuerza en un establecimiento comercial. El suceso se produjo a las 00.15 horas, en un establecimiento del Polígon de Son Malferit de Palma, después de recibir una llamada por parte de un vigilante que cubre la seguridad en dicho lugar, indicando que un hombre había accedido al interior fracturando el cristal de la puerta de entrada al local.

Los zetas observaron el cristal fracturado y que en el interior de se encontraba un hombre portando una bolsa de deportes, por lo que le indicaron que saliera al exterior. El hombre portaba una bolsa repleta de perfumes. Una vez fuera el presunto autor intentó darse a la fuga del lugar siendo impedido por los agentes.

Los policías consiguieron retenerlo e introducirlo en el vehículo policial. Posteriormente, se inspeccionó el local junto con el vigilante y localizaron una cesta cargada completamente de perfumes preparada para llevársela.

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Fuente: Ultimahora

Durante el mes de abril, el sistema de vigilancia también sirvió para resolver emergencias médicas, recuperar vehículos robados y detectar disturbios en la calle.

Más de 160 grabaciones aportaron datos en causas judiciales.

Las 1.030 cámaras de seguridad distribuidas en las calles de San Isidro sirvieron para detener a 52 personas durante abril, según las estadísticas que difundió el Centro de Control de Imágenes del Programa Cuidado Comunitario del Municipio.

Las filmaciones también fueron clave para detener asaltantes, identificar sospechosos, impedir robos, resolver emergencias médicas, recuperar vehículos robados, colaborar en accidentes de tránsito y detectar disturbios en la vía pública.

Fuente: Zona Norte Visión