La Agrupación Progresista de Culleredo (APdC) ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil de Culleredo y la Agencia Estatal de Protección de Datos, por "una campaña de acoso al cargo público electo José Ramón Rioboo Castro", portavoz de la formación.
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Los progresistas denuncian que diversas entidades asociativas del municipio "están recibiendo una carta sin remite en la que se incide en dañar la imagen de nuestro portavoz y candidato" desde el pasado mes de enero.
La APdC asegura que alguien está accediendo al registro municipal haciendo públicos de forma anónima datos estrictamente privados, que fueron remitidos al ayuntamiento con un fin diferente. Acusan a estas personas de "hacer un mal uso de los mismos con el fin de dañar la imagen del portavoz progresista con textos anónimos que son distribuidos por la Casas Consistorial" cullerdense. Añade que, estos anónimos difunden "situaciones irreales del estado del grupo de empresas del edil".
La Guardia Civil y la APdC piden la colaboración ciudadana a fin de dar con el ejecutor o ejecutores de los hechos. Por ello, solicitan que cualquier dato o anónimo que llegue a domicilios, sedes asociativas o cualquier otra entidad sea entregado en el cuartel cullerdense, que ya ha abierto una investigación al respecto.
José Ramón Rioboo sostiene que los hechos denunciados comenzaron en el mes de enero, a raíz de la denuncia presentada ante el juzgado de guardia por los progresistas contra el Gobierno local, con respecto a la certificación de una obra ejecutada en un sitio diferente al especificado.
El BNG de Cruces acusó ayer al gobierno local de incumplir la Lei de Protección de Datos al haber revisado, tal y como reconoció el edil de Comercio, José Luis Villaverde Gestal en el pleno del jueves, las alegaciones contra el vertedero de Camanzo. De esta forma, incide, al igual que hizo en la sesión, en solicitar la dimisión del regidor y de los concejales del gobierno que lo revisaron después de «que estiveran facendo labores de espionaxe».
Los nacionalistas apuntan a que al incumplimiento de la ley hay que añadir la falta de «principios éticos e de responsabilidade do cargo que ocupan». Recuerda que las alegaciones no iban dirigidas al Concello sino a otras administraciones. El Bloque entiende que esta actitud demuestra que, tras el proceso electoral, el grupo del PP volverá a ponerse del lado de los promotores.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es
La Audiencia Nacional tiene dudas en el llamado «caso Google». Por eso se plantea formular una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo antes de resolver por sentencia si el buscador debe borrar los datos de cinco particulares que fueron subidos a internet sin su previo consentimiento. La Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo dictó ayer una providencia en la que, como prescribe la ley, da traslado a las partes personadas en la causa —Google y la Agencia de Protección de Datos— para que informen sobre la conveniencia o no de que la Sala se dirija al Tribunal europeo.
El debate que se plantea es si en internet debe prevalecer el «derecho al olvido» o la «pena de buscador». Es decir, si cabe la posibilidad de que los datos de los particulares desaparezcan de la red definitivamente o, por el contrario, pueden permanecer colgados aún en contra del deseo de sus propietarios. El asunto ha llegado a los tribunales de la mano de Google, que ha recurrido varias resoluciones de la Agencia de Protección de Datos que le obligan a borrar la información que figura en el servidor sobre los cinco citados particulares.
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La oposición tendrá acceso a los datos de los contratos superiores a los 3.000 euros firmados por el Ayuntamiento de Oviedo. El PSOE había solicitado esta información al equipo de gobierno, que respondió de forma negativa argumentando que se vulneraba la ley de Protección de Datos. Los socialistas reclamaron a la Agencia de Protección de Datos, que ahora les ha dado la razón, según explicó ayer la portavoz del PSOE, Paloma Sainz. «Un informe de la Agencia de Protección de Datos remitido al Ayuntamiento el pasado 21 de febrero pone de manifiesto con total claridad que la solicitud de acceso a la documentación debe ser facilitada a los concejales de la Corporación», explicó Sainz, que acusa al equipo de gobierno de convertir la gestión municipal «en un agujero oscuro ajeno a cualquier fiscalización y transparencia».
Por otra parte, la portavoz socialista remitió ayer un escrito al alcalde, Gabino de Lorenzo, en el que reiteró su petición de los últimos días y le solicita que «ordene que se me dé traslado de los documentos que obren en el expediente abierto por la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en relación con la expropiación de "Villa Magdalena"». El Tribunal ha iniciado un proceso en relación a los supuestos indicios de responsabilidad contable en la expropiación advertidos por el Síndico Mayor del Principado, que fue quien remitió el caso al Tribunal de Cuentas.
FUENTE: www.lne.es
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