Sevilla. Alrededor de un centenar de funcionarios han abucheado hoy al presidente andaluz, José Antonio Griñán, y a varios miembros del Ejecutivo, entre ellos la titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, a la han reclamado que dimita, como rechazo al decreto del sector público andaluz.

La protesta se ha producido a las puertas del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) que esta mañana ha inaugurado el presidente y horas después de que la Junta, junto con CCOO y UGT, hayan acordado en la Mesa de Función Pública la aplicación del controvertido decreto ley que modifica las condiciones laborales de más 20.000 empleados de empresas públicas en Andalucía.

La cooperante catalana Isabel Terraza y el mexicano Antonio Velázquez han aterrizado esta tarde en el Aeropuerto de El Prat desde Las Palmas, adonde llegaron el miércoles tras salir de Marruecos después de vivir el conflicto entre el Gobierno marroquí y los saharauis.

La llegada se ha realizado bajo unas fuertes medidas de seguridad, con Mossos d'Esquadra y seguridad privada del aeropuerto. Han sido recibidos por familiares y amigos y han pedido "que no se olvide a las verdaderas víctimas del conflicto, que son los saharauis".

IBIZA. El comité de empresa de Eulen SA, la sociedad encargada del servicio de vigilancia del aeropuerto de Ibiza, denunció ayer que durante el verano pasado y «de forma sistemática» se han dejado «puestos descubiertos» en la seguridad privada del recinto aeroportuario. Según los trabajadores del servicio de vigilancia, de los 80 empleados que aproximadamente forman la plantilla, se ha llegado a alcanzar una reducción de hasta 20 vigilantes este verano, lo que a su juicio va en detrimento de la seguridad aeroportuaria y de la eficacia en el servicio. Esta desatención afectaría a todo tipo de instalaciones: aparcamientos, pistas, accesos y zonas restringidas.

BILBAO. ELA ha exigido, una vez más, negociar "en el ámbito vasco", las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector de la seguridad privada, después de que UGT y USO hayan firmado en Madrid "un convenio con dos años de congelación salarial".

Según ha informado ELA en un comunicado, el pasado 15 de noviembre los sindicatos UGT y USO "suscribieron con las patronales de seguridad privada del Estado un nuevo convenio para este sector".

“Imprescindible”, “un plus en seguridad” o “colaborador fiel” son algunos de los calificativos que el subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, y el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Ángel Miñambres, dedicaron ayer al trabajo de las empresas de la seguridad privada de León.