Parece que ya se aclaran detalles de este tema. El presunto “hacker”, usuario de Elotrolado llamado adan_gecko, tras haber vuelto de la comisaria ha explicado lo siguiente: este usuario accedió al sistema de Prueba y Veras y descubrió que la parte de administración estaba sin protección alguna, tras esto informó a Nintendo a través de diversos emails y les dijo que tenía intención de informar a las autoridades competentes (los mails tal vez no estaban del todo bien redactados, y daban lugar a interpretaciones negativas).

Para informar a la policía se bajó un log de los datos expuestos, lo cual es necesario para presentar una denuncia referente a protección de datos. Nintendo parace ser que sobrereaccionó en el caso (parece ser porque no tenemos información oficial de Nintendo) y procedió a demandar al usuario, y cerrar el sistema de acceso que no tenia protección. El presunto hacker, tras prestar declaración, ya vuelve a estar en su casa a la espera de un juicio que presumiblemente será desestimado. Los datos están en posesión de la policia en un pendrive. Teneis toda la historia en elotrolado.

A falta de un comunicado oficial de Nintendo, esta es la última información que hay sobre este tema. Os mantendremos informados.

[Act.]: Siguiendo un poco más el tema en la red de redes, el usuario de los correos, que con o sin intención suenan totalmente amenazantes, ha asegurado que sus intenciones eran loables, y que no se ha producido ninguna sustracción ni chantaje por su cuenta (al menos no intencionadamente). Por ello nos mostraremos cautos, e intentaremos sacar algo más de información, en la medida de lo posible, ya que este asunto al parecer, ya está en manos de la justicia y abogados.

Google tiene varios procesos judiciales pendientes en España por cuestiones relacionadas con la privacidad. Al procedimiento sancionador que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene abierto contra la compañía por la polémica captación de información de su servicio Street View se suma el reciente juicio en la Audiencia Nacional por la negativa del buscador a borrar enlaces."España es el único país en el que una agencia de protección de datos ha intentado obligar a Google a eliminar esa información", explicó el responsable mundial de privacidad de Google, Peter Fleischer, reunido ayer en Madrid con varios medios españoles.

La AEPD ha dado la razón a 93 ciudadanos que quieren que la compañía elimine de su buscador enlaces a páginas que les ofenden. Google se ha negado a ello, y 69 de esos casos se encuentran apelados ante la Audiencia Nacional. Para Fleischer, parte de la polémica está centrada en la interpretación del llamado "derecho al olvido". Este concepto, en su opinión, hace referencia a que alguien tenga derecho a eliminar de la web toda la información que él mismo ha subido, pero no a lo que dicen los demás. El responsable de privacidad quiso dejar claro cómo ve su compañía la eliminación de enlaces: "Nosotros estamos a favor de la privacidad, pero no de eliminar contenido. Es una cuestión de principios, porque esta decisión exigiría bloquear enlaces a un contenido que es legal. Además, se corre el riesgo de sentar un precedente muy peligroso".

Google teme lo que podría suceder si a esos 93 casos siguiesen otros miles y qué ocurriría si en ese borrado empezaran a influir intereses comerciales o políticos. "Lo que no queremos es que se nos utilice como un medio de censura indirecta", añadió. Google sostiene que la responsabilidad de eliminar el contenido que los demandantes consideran no adecuado debe corresponder a quien los publicó y no al buscador, que es un intermediario entre quien lo publica y el usuario que lo busca. Si las páginas retiran la información, los robots de búsqueda que utiliza la compañía para componer su página de resultados dejarán de mostrar los enlaces que llevan a ella.

El ex director de la Agencia Española de Protección de Datos José Luis Piñar ha reclamado hoy una Ley de Transparencia de acceso a la información que determine qué tipo de datos de las administraciones públicas deben ser públicos o no para evitar conflictos con derechos como la privacidad y la protección de datos.

Piñar ha participado en Vitoria en un seminario organizado por la Agencia Vasca de Protección de Datos para analizar los retos a los que se enfrentan las autoridades y la sociedad en esta materia.

Piñar, catedrático de Derecho Administrativo, ha opinado que una sociedad "no transparente no es democrática" pero una sociedad en la que no se respeta la privacidad "tampoco es democrática".

Los castellonenses no sólo tienen problemas para pagar la hipoteca, también se les hace cuesta arriba asumir el alquiler. Así lo demuestran los datos proporcionados por el Fichero de Inquilinos Morosos -entidad dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos-, que reflejan que el aumento de la morosidad en la provincia durante el año pasado respecto a 2009 se cifra en un 18,37%.

Unos números preocupantes si se engloban en el contexto nacional. Así, Castellón es la octava provincia española en la que más crecen los impagos y supera la media española, establecida en un porcentaje de subida del 16,81%. Los números tampoco son nada buenos en la Comunitat Valenciana, que es la tercera autonomía donde más se incrementan los impagos, sólo por detrás de Andalucia y Madrid.

En territorio castellonense, la morosidad media alcanza los 5.323 euros, bastante por debajo de la media nacional (7.771 euros) y muy lejos de otras comunidades como Madrid, donde la deuda es de 16.266 euros. La explicación se encuentra en el precio del alquiler, bastante más bajo en Castellón que en otros territorios del país.

Y la tendencia apunta a que la política de arrendamientos asequibles va a ir acentuándose cada vez más en la provincia. Así lo manifiesta Francisco Nomdedéu, presidente de la Agencia de la Propiedad Inmobiliaria (API), que asegura que «ha aumentado mucho la oferta de arrendamiento de pisos, por lo que es lógico que los precios caigan».

La crisis económica, como no podía ser de otra manera, es el factor principal que explica este fenómeno. «Hay mucha gente que está alquilando su segunda vivienda porque pasa por dificultades para pagar la hipoteca. Las inmobiliarias también se están decantando cada vez más por los arrendamientos, ya que construyen pisos que en principio están destinados a la venta y, como no consiguen compradores, optan por el alquiler. Además, los arrendadores son muy conscientes de la situación actual, por lo que ajustan los precios», explica.

¿Qué edad se necesita para trabajar? ¿Con cuántos años puedo carsarme? ¿Y entrar en una discoteca? Las leyes españolas fijan entre los 12 y los 18 años las edades mínimas a las que se pueden hacer determinadas cosas en nuestro país. Muchas requieren consentimiento de los padres y otras no. A partir de los 18 años, cada uno es libre de decidir por sí mismo.

Si tienes entre 12 y 14 años puedes consentir relaciones o abortar con el permiso de tus padres

La ley del aborto fija a partir de los 12 años la edad mínima legal para abortar en España. Entre esa edad y los 16 años, la menor será escuchada, pero la decisión final será de los padres o tutores.

Por su parte, el Código Penal fija en 13 años la edad en la que un menor puede mantener relaciones sexuales consentidas. El Congreso ha pedido al Gobierno que eleve este umbral hasta los 14 años.

La red social Tuenti pide 14 años para registrar usuarios, que deben ser por invitación. Si se detecta algún perfil de menores, se dan de baja.

Entre 14 y 16 años, ya te podrás casar, conducir un ciclomotor o registrarte en Facebook

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