La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha advertido este martes, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Internet Segura 2011, de que si bien en los últimos años se han producido "algunos avances" en materia de protección de menores en Internet, "aún existen importantes carencias" en la implantación de sistemas para identificar la edad de los usuarios y limitar "la presencia incontrolada de menores en Internet".
La agencia ha señalado que el uso las redes sociales se ha convertido para los menores en una actividad cotidiana para el desarrollo de sus relaciones sociales, que implican "ventajas", pero "también riesgos que, en gran medida, nacen del desconocimiento por parte de los menores de cómo ejercer un control efectivo sobre sus datos y los de terceras personas".
Por ello, desde la AEPD se recuerda que La Ley Orgánica de Protección de Datos prohíbe recabar datos de menores de 14 años sin el consentimiento de padres o tutores, y su reglamento de desarrollo, recabar datos del entorno familiar del menor, sea cual fuere su edad y ha pedido "un compromiso activo en este sentido por parte de prestadores de servicios de Internet".
Recientemente, la agencia ha declarado una infracción grave a la empresa responsable de un portal de contactos por utilizar datos de menores de 14 años sin contar con las garantías previstas en la Ley, y difundir perfiles con fotografías de menores de edad sin restricciones.
No se infringe el derecho a la protección de datos personales aunque no haya consentimiento de la persona afectada y a pesar de la ilicitud en la obtención de los datos, cuando el destinatario es un órgano jurisdiccional.
Lo señala así la Audiencia Nacional (AN), en su sentencia de 22 de octubre, que permite su incorporación como prueba en el juicio aunque no hayan sido inicialmente solicitadas por el juez o tribunal, sino aportadas por una de las partes.
La ponente, la magistrada Buisan García, resuelve así un caso en que se aportó a un proceso judicial de separación por parte del ex marido de la recurrente un informe médico sobre el tratamiento psicoterapéutico que fue prestado a su esposa, que recogía con detalle su evolución psicopatológica, sus relaciones familiares y de pareja, recomendaciones y el diagnóstico.
Sin consentimiento
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Adicae ha presentado un recurso de suplica ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la suspensión cautelar de la entrega de los listados de clientes de BBVA que habían suscrito contratos de intercambio de tipos de interés hipotecario, los llamados "swaps", según el escrito enviado por la asociación al TC.
La asociación pide la nulidad de la suspensión porque genera "graves e irreparables perjuicios" a los cerca de 18.000 clientes de estos productos de la entidad, ya que deberán seguir haciendo frente a las liquidaciones negativas de los "swaps", que alcanzarían en 12 meses cerca de 54 millones de euros.
Además, Adicae recuerda que al existir un plazo de caducidad de cuatro años para presentar acciones de nulidad, el "indebido" retraso generado por el TC podría provocar la prescripción de acciones legales y priva a miles de afectados de sus derechos.
Asimismo, la asociación denuncia que el TC no ha seguido el procedimiento legal previsto, ya que dictó resolución sin que conste la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por el BBVA y sin dar trámite de audiencia a Adicae, al Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid y al Ministerio Fiscal, tal y cómo establece la Ley Orgánica del TC.
El pasado 28 de enero, la Sección Primera del TC aceptó la petición del banco de dejar sin efecto la entrega de los listados a Adicae por una posible vulneración de la protección de datos personales y el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por su parte, el mismo día, el Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid paralizó la entrega de los datos a la asociación por la demanda colectiva presentada contra el banco por comercializar estos productos vinculados a hipotecas y créditos como seguros contra las subidas de tipos cuando se trataba de derivados financieros complejos.
FUENTE: www.diariosigloxxi.com
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha abierto 1.869 expedientes por infracciones durante 2010, lo que supone un 24,78 por ciento menos que en 2009 en donde se tramitaron 2.478.
Así se desprende de los datos facilitados por la Agencia a Europa Press, en donde se desprende que el mayor número de denuncias se han presentado ha sido en el ámbito de residuos en donde se alcanzaron las 1.034 denuncias.
Otro de los datos revelados en las estadísticas es que en las construcciones se ha producido también un descenso progresivo en el número de expedientes abiertos, si bien sigue siendo la segunda causa por la que más interviene la Agencia de Protección. En total, en la dos áreas vinculadas a este temas se han registrado un total de 758 denuncias.
Los vertidos al mar han supuesto 29 expedientes, mientras que contra al Ley de Costas se han abierto 25, 16 por impacto y 7 por afecciones a cetáceos.
En cuanto a qué islas con mayor número de expedientes Gran Canaria y Tenerife encabezan el número de expedientes con 596 y 537, respectivamente. le siguen La Palma (233), Lanzarote (186), Fuerteventura (144), La Gomera (133) y El Hierro (40).
Las 'denuncias' mantienen la misma línea que en el grueso general, es decir, los residuos y la construcción son las principales causas por las que se interviene desde la Apmun. El mes en que más expedientes se han abierto ha sido en junio.
En una retrospectiva sobre los últimos 10 años, este ha sido el año con menor número de denuncias de la década en donde peor de los años fue 2006 con 3.812 expedientes. No obstante entre el 2002 y el 2008 se registraron una media anual de 3.000 causas abiertas, si bien comenzando a declinar en 2009.
FUENTE: www.europapress.es
La mayoría de los veinticinco empleados de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos se han afiliado a la asociación recientemente creada en el ámbito nacional y cuyo objetivo es la defensa de sus intereses tras el decreto ley que elimina la obligatoriedad de que las empresas se inscriban y paguen las cuotas camerales. Una decisión que pone en serio peligro la continuidad de estas entidades cuyo carácter es semipúblico.
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Los trabajadores camerales en Burgos recibían el pasado viernes por correo electrónico un boletín. Una vez cumplimentado con sus datos, lo reenviaban junto con una copia del documento nacional de identidad.
El siguiente paso es celebrar una asamblea para la constitución administrativa de la asociación y que ésta posea personalidad jurídica. Un ejemplar con los estatutos que, a priori, regirán en la actividad de la nueva entidad se remitía a los asociados para su conocimiento. Fuentes de la entidad cameral en Burgos informaban de que se ha contratado a un bufete de abogados «para que nos guíe en nuestros pasos a partir de ahora».
3.000 en una semana
La asociación recibía en veinticuatro horas más de mil boletines de inscripción. La cifra a lo largo de esta semana se incrementaba a más de 3.000. La Comisión Gestora de la Asociación de Empleados de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, su Consejo Superior y Consejos Regionales se reunían el pasado sábado 29 de enero se reunió en Madrid.
Las decisiones adoptadas en esa reunión fueron encomendar a Manuel Merallo, de la Cámara de Castellón, coordinar las tareas de registro de los asociados y la elaboración de los ficheros de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal. A Ramón Cifuentes, de la Cámara de Albacete, las funciones de comunicación con los miembros de la Asociación, que se llevará a cabo, básicamente, a través del blog ‘empleados de Cámaras’, según se recoge en esta última dirección en la ‘web’.