¿Cumplen las empresas de seguridad privada con los pliegos y convenios de trabajo?
UGT está elaborando un estudio específico para analizar de forma pormenorizada si las empresas de seguridad están cumpliendo con los pliegos de los contratos adjudicados por las instituciones públicas, así como si están ejecutando todos los puntos del convenio colectivo del sector. El secretario de la Federación de Servicios de Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT de Melilla, José Luis Faus, aseguró que este proyecto se está desarrollando ya en Melilla, y que luego esos datos se pasarán a nivel nacional para hacer una comparativa entre las autonomías.
Faus indicó que el objetivo es observar de cerca a estas empresas que no siempre ni en todos los casos se han portado de forma correcta con los vigilantes de seguridad, bien porque se saltaban los acuerdos de los convenios o porque no se cumplían todos los puntos del pliego que firmaban.
En Melilla “hay dudas” de que todas las empresas cumplan con todos estos requisitos. Pero será más adelante,cuando se concrete ese análisis en un documento, cuando se pueda hablar de forma particular sobre las problemáticas de Melilla en este sector. Faus explicó que se van a estudiar tanto las empresas que trabajan para la Administración local, como para la central, en relación a todos los ministerios, como el Defensa o Sanidad.
El secretario del sector servicios de UGT remarcó que saben que hay empresas que cumplen a raja tabla con el pliego de condiciones, pero, en cambio, no aplican todos los puntos del convenio nacional de seguridad privada.
En otras ocasiones, es al contrario, sí se cumple con el convenio pero no se ponen en marcha todas las mejoras que se dijeron que se iban a hacer para ganar el concurso y que precisamente hizo que la Administración le adjudicara a dicha empresa el contrato.
En Melilla hubo problemas con una de las empresas contratadas por el Ministerio de Defensa, Marsegur. Faus aseguró que, afortunadamente, ésta se fue y desapareció, no sólo por el bien de los trabajadores de este sector en la ciudad, sino en todo el país porque fue la ganadora de un contrato para vigilar los acuartelamientos de Defensa. Esta empresa implantó su propio convenio privado para los trabajadores reduciendo el salario que recibían, saltándose el convenio laboral nacional y sin respetar las condiciones de trabajo de los empleados. Asimismo, llegó a pagar tarde las nóminas y a reducir los complementos. Desde que se marchó, el sindicato no ha vuelto a tener quejas de los trabajadores que están destinados en estos espacios para su vigilancia y seguridad.
En el buen camino
No obstante, sí que hay un tema que está pendiente de mejoras y son los profesionales que están en el Centro de Estancia Temporal del Inmigrantes.
Faus explicó que han mantenido en este 2018 reuniones con la Secretaría de Estado de Trabajo y también con la Delegación del Gobierno de Melilla para aportar soluciones a los problemas que tienen estos vigilantes en el desarrollo de su trabajo en el centro y mejorar sus condiciones. Subrayó que “estamos en el buen camino” y hay “voluntad muy positiva por parte de la Administración” para llegar a un buen puerto en este asunto lo más pronto posible.
Por otro lado, UGT dentro de su campaña ‘A mí quién me protege’ viene denunciado desde el ámbito nacional la escalada de agresiones sufridas por vigilantes de seguridad durante el desempeño de sus funciones.
“Resulta lamentablemente habitual observar como vigilantes de seguridad, prioritariamente en lugares denominados de pública concurrencia, son agredidos con total impunidad, sin que empresas, usuarios de seguridad y el propio Ejecutivo, tomen ningún tipo de decisión ante las constantes reuniones y peticiones al respecto realizadas desde UGT”, indicó.
Mejorar a través de un reglamento y en forma global las medidas de protección para este tipo de colectivos en lugares de pública concurrencia, así como reforzar la colaboración entre la seguridad pública y privada son “elementos para poner en marcha sin más dilación, más allá de esconderse en el ámbito competencial o seguir dando calladas por respuesta”, remarcó el sindicato.
Fuente: Elfarodemelilla
La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) organizó ayer un curso en colaboración con la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (Ciseg) destinado a formar a los miembros de los distintos cuerpos de seguridad pública y privada en materia antiterrorista. Para ello, Pablo Vázquez, criminólogo analista en terrorismo yihadista, delegado de Ciseg y miembro de la Guardia Civil, ofreció una clase magistral de cuatro horas en el Centro de Formación de Seguridad Privada del edificio Calatrava en el que expuso las cuatro pautas fundamentales para prevenir la alarma: conocer el problema, reconocerlo, analizar los métodos e intervenirlo de forma temprana.
«Al Qaeda pretende establecer un califato mundial y reunir a todos los musulmanes bajo un mismo gobierno; sin embargo, Daesh va más allá, pues su objetivo es imponer la Sharía (ley islámica) en todo el mundo», relató Vázquez para fijar entre la audiencia el contexto de las dos principales organizaciones terroristas del medio oriente.
En ese sentido, también explicó que uno de los métodos más «reconocibles» del Daesh para fijar su estado del «terror» es la utilización de la violencia extrema y retransmitirla. Para mostrar esto, el especialista proyectó una serie de documentos gráficos «muy duros» en los que quedaron patentes este tipo de prácticas (vídeos de ejecuciones públicas, en su mayoría).
Por su parte, el coordinador general de Avispa, Jorge Cuesta, expuso que para los vigilantes privados este tipo de talleres formativos es «imprescindible», ya que, en la mayoría de los casos (atentados en grandes espacios masificados), son los «primeros» en «enfrentarlo»
Fuente: elcomercio
Muchas empresas de seguridad privada siguen sin cumplir las nuevas cláusulas de los contratos
UGT ha afirmado que llevará a los juzgados a las empresas de seguridad privada adjudicatarias de los aeropuertos que no respeten el acuerdo de Aena suscitado en la Mesa de Fomento, que contemplaba la inclusión en los pliegos de adjudicación de una serie de cláusulas a cumplir por parte de las compañías para mejorar las condiciones laborales de los vigilantes.
En un comunicado, la formación sindical destaca que este acuerdo se incluye en las nuevas adjudicaciones, celebradas en su mayoría en el mes de junio de este año, por lo que considera que es "tiempo suficiente" para que las cláusulas se apliquen de forma "más fluida" en comparación con lo que ocurre actualmente.
Por ello, analizará la implantación del acuerdo por parte de las empresas adjudicatarias en el territorio nacional e iniciará procedimientos jurídicos en caso de que no se cumpla lo pactado, "sin descartar posibles movilizaciones en todos los aeropuertos donde "no se este aplicando en la forma acordada en la Mesa de Fomento"
En concreto, el acuerdo establece en el ámbito económico una serie de pluses para los vigilantes de seguridad fijados en función del puesto de trabajo y rotación en los filtros, puntos que, según UGT, "no todas las empresas están aplicando en forma suficientemente correcta en consonancia con lo recogido en el acuerdo".
De hecho, recuerda que esta situación generó el pasado verano varias convocatorias de huelga con la participación de UGT en el aeropuerto de Girona, tras la que se alcanzaron acuerdos que garantizarán que los vigilantes vean "compensado su trabajo en forma clara y en consonancia con lo acordado".
UGT también informa de que ha mantenido reuniones al respecto tanto con Aena, el Ministerio de Fomento y la patronal Aproser, en las que han defendido que las empresas deben "cumplir sin excusas con un acuerdo que conocían con anterioridad a la presentación al concurso".
Fuente: eleconomista
La Delegación del Gobierno en Aragón ha recibido veintiún informes de propuesta de sanción por incumplimientos en materia de seguridad, fruto de las 847 inspecciones realizadas por efectivos de la Policía Nacional en Zaragoza. Así se ha puesto de manifiesto durante la reunión de la Comisión provincial de Seguridad Privada que ha presidido este el subdelegado del Gobierno de Aragón en Zaragoza, José Abadía, y que no se convocaba desde 2009.
Esta reunión ha contado con la asistencia de representes de las Fuerzas y Cuerpos del Estado y la Unidad Policial Adscrita del Gobierno de Aragón, de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y de expertos de diversos sectores de la seguridad privada, informan fuentes de la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.
El sector de la Seguridad Privada en Zaragoza, donde trabajan más de 2.500 personas, está integrado por 47 empresas de seguridad (trece de vigilancia y protección de bienes, dos de protección de personas, tres centrales receptoras de alarmas, una de transporte de explosivos, dos de transporte de fondos y veinticinco de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad), trece centros de formación y veinticinco despachos de detectives.
Uno de los aspectos que preocupan en el sector es el intrusismo de personal no cualificado y acreditado por el Ministerio del Interior, si bien, en la reunión se ha puesto de manifiesto la disminución del número de casos que se ha detectado en los últimos años. En Zaragoza hay actualmente 2.059 establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad: 1.089 entidades de crédito, 207 joyerías, 183 estaciones de servicio, 481 farmacias y 99 administraciones de lotería.
En este encuentro también se ha dado cuenta de las inspecciones llevadas a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía cuyos efectivos levantaron cuatro actas por infracciones en espacios de ocio y conciertos durante las pasadas fiestas del Pilar.
Asimismo se ha informado de que de los 1.161 avisos de señales de alarma en establecimientos recibidos, solo 78 fueron reales y 1.083 falsas alarmas, una cifra menor que en 2017. La Guardia Civil, por su parte, ha presentado los datos de actividades realizadas en materia de seguridad privada en 2018, entre las que figura la relación con armeros, explosivos y habilitación de guardas particulares y de campo.
Hasta noviembre han informado de veinticuatro inspecciones a puntos de consumo de explosivos, cinco a armeros de guardas particulares de campo; una a una fábrica de armas con componente explosivo y otra a depósito comercial de explosivos que derivaron en seis infracciones y que se suman a las cuatro detectadas en las 128 inspecciones realizadas en armeros.Respecto a control de vigilantes de explosivos, el instituto armado realizó 38 inspecciones en fábricas de armas, transportes o depósitos sin detectar ninguna infracción.
Fuente: heraldo
Pedro Sánchez retirará de los espacios públicos a la seguridad privada
El Gobierno de Pedro Sánchez quiere una regulación más restrictiva sobre la actuación de los vigilantes de seguridad privada en la vía y espacios públicos. Los socialistas promueven una revisión de la Ley de Seguridad Privada, de 2014, por considerar que estos trabajadores han adoptado un papel “complementario” y no “subordinado” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así se ha constatado en las últimas reuniones de la comisión creada en el Congreso ‘para el Estudio del modelo policial del siglo XXI’, donde el PSOE ha expresado sus recelos sobre la legislación vigente.
En opinión de los socialistas, “cuando (la seguridad privada) deja de ser subordinada y empieza a ser complementaria, llega a la calle y ocupa espacios públicos”.
“Aquello que se decía de que se salía fuera porque era fin de semana, se había roto un cajero y había que estar de vigilancia para la seguridad, no; la seguridad privada debe estar constreñida a desarrollar una función subordinada de lo que es la seguridad pública, porque esta se ejerce a través del poder público y sus agentes, que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, creo que habría que dar una vuelta en esta regulación, para encaminarla hacia la subordinación y eliminar ese otro factor“, expresó, en una de las últimas sesiones, el representante del PSOE, Pedro Muñoz.
La ley defiende la “complementariedad” entre seguridad privada y Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado
El partido cuestiona así la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que, ya en su preámbulo, dice pasar “de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad, mediante una técnica legislativa más flexible que permite una adaptación permanente a los cambios que experimente la sociedad”.
Para el Ejecutivo de Rajoy, la exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos resultaba “excesivamente rígida” y habría “dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano”. Por ello, la ley de 2014 amplió extraordinariamente sus competencias.
En la práctica, los vigilantes privados pueden ocuparse de la vigilancia de espacios públicos, como calles y en espectáculos y eventos que se desarrollen en el exterior, como se determina en el artículo 5, que establece como actividades de seguridad privada “la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos”.
La ley actual establece además que las compañías de seguridad pueden participar en la “prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial” y “cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” y permite a los vigilantes privados practicar detenciones en la vía pública siempre y cuando se trata de “flagrante delito”. La seguridad privada puede encargarse, entre otros, de la vigilancia perimetral de centros penitenciario, centros de internamiento de extranjeros o edificios e instalaciones de organismos públicos.
Ahora, el PSOE quiere aprovechar la citada comisión parlamentaria para negociar con el resto de grupos un nuevo modelo de seguridad privada, “extraordinariamente restrictivo”, especialmente en lo relativo a su presencia en el espacio público.
La modificación del papel de la seguridad privada es reclamada también por Podemos.
El partido de Pablo Iglesias quiere revisar las penas para el delito de “atentado” contra estos trabajadores, previsto en el Código Penal, porque, al no tener consideración de “agentes de la autoridad o miembro de las fuerzas armadas” no merecen ser tratados por igual. La formación añade-en sus enmiendas para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana- que la “equiparación” de la seguridad privada es “injustificada” y pide una nueva redacción del artículo 554 del Código Penal, que establece que los atentados -entendidos éstos como agresiones o resistencia con intimidación grave o violencia- contra el personal de la seguridad privada “debidamente identificado” y que desarrolle sus actividades “en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” deben ser tratados por igual “a la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos”.
El Código Penal establece las mismas penas: “Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos”.
Fuente : okdiario