US$755 MILLONES AL AÑO  

Argentina:La inseguridad en alza, promotora de la seguridad electrónica

Los US$ 755 millones al año que factura la seguridad electrónica en Argentina para detectar intrusión e incendios, controlar accesos, velocidad vial y tránsito, monitorear en remoto cercos eléctricos perimetrales y video sistemas de seguridad, e integrar los distintos sistemas no alcanzan a explicar por qué las cámaras del edificio en el que vivía el fiscal Nisman justo no funcionaron el día de su muerte, ni por qué pese a estar cubiertas las calles de dispositivos de vigilancia haya que esperar a que sucedan los delitos o las desgracias para buscar lo que registraron, con un bajo nivel de prevención

La inseguridad hace crecer la actividad en todo el mundo. De tal modo que un estudio realizado por la firma de investigación de mercado, Freedonia Group, indica que la demanda global de servicios de seguridad privada experimentará un incremento de 6,6% anual, entre 2014 y 2018, hasta alcanzar los U$S 331.000 millones.

Ante el volumen actual de la operación y las proyecciones, a los empresarios que pilotean el próspero negocio de vender servicios para cuidar a las personas físicas y jurídicas, cuerpo a cuerpo y/o apelando a la tecnológica alusiva, agrupados en la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica –CASEL-, les preocupa que “hoy existan unas 20 legislaciones en todo el país, tantas como jurisdicciones provinciales, donde algunas son leyes, otras normas, y otras disposiciones, pero en todos los casos se trata de regulaciones atrasadas e incompletas que desconocen la actividad y que ponen en riesgo su viabilidad económica y la seguridad en general”, según expuso Daniel Banda, vicepresidente de CASEL, al presentar horas atrás un proyecto de ley que regule la seguridad electrónica, que consta de 91 artículos y en el que se ve el asesoramiento externo del estudio Cassagne.

El eje de los desvelos corporativos para alcanzar una regulación adecuada se revelan en la justificación que hizo el ejecutivo acerca de la importancia de que se sancione la ley. Puso como ejemplo ante más de 300 asistentes al hotel Colón, entre autoridades nacionales y provinciales, fuerzas de seguridad, legisladores, representantes de cámaras, y empresarios del sector, los que calificó de servicios sensibles que hoy se ofrecen sin la adecuada legislación y control y que ponen en riesgo la vida humana: “Si un individuo coloca 220 voltios en un cerco perimetral puede costar vidas; si un individuo adultera equipos de control de acceso a establecimientos público-privados, o estos no se encuentran debidamente homologados y fiscalizados, e ingresa mayor cantidad de gente que la permitida, puede costar vidas; si alguien instala un servicio contra incendios deficiente en la búsqueda de economizar costos y una empresa se lo provee, puede costar vidas”, dijo Banda.

El asesor legal de CASEL, Raúl Alfredo Castro, lo puso en blanco sobre negro: “Si bien el objetivo del proyecto es la uniformidad regulatoria a nivel Nacional, se trata de un proyecto de ley local, destinado a las provincias y a la CABA. No resulta constitucionalmente viable sancionar una regulación nacional integral que unifique la normativa en todo el país”.

Claramente, la propuesta de CASEL va en la dirección de tapar las filtraciones en la competencia que produce la compra sin la intervención de sus asociados de alarmas, cámaras y otros dispositivos, lo mismo que de ofrecer complementación humana de los servicios de seguridad por personal no registrado.

Amplió Banda el concepto: “Establecer un marco regulatorio eficiente no sólo es prioritario para nuestro sector como actividad económica, es esencial para la seguridad pública en su conjunto”.

Estándares de seguridad pública

El titular de la entidad, Enrique Greenberg, resaltó que la intención es colaborar en el mejoramiento de los estándares de seguridad pública a través de una regulación más eficiente y adecuada a las necesidades actuales del sector, estableciendo requisitos técnicos mínimos según el objetivo al que se presente el servicio y cuál es el servicio prestado.

Al respecto, dimensionó la actividad: “La seguridad electrónica en nuestro país creció un 250% en los últimos diez años. Hoy emplea a más de 14.500 personas y factura 755 millones de dólares al año. En la década del 80 hablábamos sólo de alarmas sonoras y sistemas básicos de detección de incendios. Treinta años después contamos con una tecnología que nos permite reconocer en vivo rostros en una noche cerrada a través de cámaras de visión nocturna automatizadas”.

Y agregó: “la tecnología evolucionó, el mercado creció, los delitos se complejizaron, y los riesgos aumentaron, pero aún no contamos con una legislación que regule nuestra actividad”.

Ante este panorama, reconoció que  “no es habitual que una cámara empresaria elabore un proyecto de ley para regular su propio mercado, pero nosotros nos hicimos cargo de esta necesidad, que consideramos esencial tanto para acompañar el crecimiento profesional de nuestra actividad como para resguardar la seguridad pública”.

Entre sus principales objetivos, el proyecto propone fijar un marco normativo propio que profesionalice la actividad a nivel nacional para la aceptación de dispositivos a instalar, la adopción de normas técnicas, la habilitación de personal técnico y profesional matriculado; como así también la obligatoriedad de la intervención de profesionales para la confección de pliegos de especificaciones técnicas en las compras del Estado.

Según datos recogidos por CLAVES, el servicio de vigiladores para personas, inmuebles y bienes muebles es el más demandado por el comercio, la industria y las grandes corporaciones a las empresas de seguridad privada. De cada 100 pesos que factura el sector, 7 corresponde a la seguridad física.

La electrónica no llega a $20 pesos cada $100, pero requiere cada vez más inversión de capital en dólares. La tecnología se incorporó hace más de una década, desde que los precios se tornaron más accesibles y la comunicación, Internet y demás acercaran a la tecnología de punta a los países emergentes. A la guardia personal se le agregaron GPS, cámaras,etc, y demás herramientas tecnológicas que, al brindar información en tiempo real y llegar hasta donde no da la vista humana, exigen mayor capacitación y eficacia de los recursos humanos de la seguridad. Pero a la vez, honestidad y transparencia.

Las firmas más grandes del sector disputan la clientela en la banca, retail, vivienda e industria, como plantas productivas, parques, minería, energía, salud, puertos y aeropuertos. Ofrecen servicios itinerantes, remotos u off site, en el cual se hace control de video de guardias y rondas desde el centro de operaciones...LEER NOTICIA COMPLETA.

Brasil: Las amenazas a la seguridad en los juegos olímpicos de Río (I)

El Estado Islámico ha anunciado que actuará durante el evento, y esa amenaza no puede ser subestimada, sobre todo tras los recortes en gastos de seguridad

Por estos días, Brasil está en los titulares de los medios debido a la muy posible revocatoria de su presidenta Rousseff, lo que sería el mayor golpe a toda la izquierda latinoamericana que viene perdiendo el poder que ha detentado en los últimos 20 años en la región. Para algunos, esta turbulencia  política vaticina perturbación social y confrontaciones callejeras en el país que, además, sufre la peor recesión desde 1930.  En medio de la confusión político-económica-social, la realización de los Olímpicos a menos de 100 días, plantea serios interrogantes sobre la seguridad del evento.

El relatorio de atentados olímpicos es corto pero dramático. En 1972, Septiembre Negro, facción de la OLP, atacó las instalaciones Olímpicas en Múnich y asesinó a 11 atletas y entrenadores judíos. En 1996, un “Lobo Solitario”, el ultraderechista norteamericano Eric Robert Rudolph  instaló una bomba en el Centennial Olympic Park de Atlanta, en donde se celebraban los Juegos Olímpicos de Verano: dos personas resultaron muertas y mas de 100 heridas. En  2014, el Estado Islámico (EI) anunció que atacaría a los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Rusia. El evento se realizó con muchas expectativas y ningún incidente.

Para los juegos de Rio, el asunto de seguridad se ha venido complicando. El  viernes 15  de abril, dos reconocidas agencias de seguridad privada, la inglesa Control Risk y la norteamericana  Stratfor, distribuyeron a sus abonados en el mundo una alerta informando que la amenaza del Estado Islámico (EI)  contra el evento, eran auténticas, citando  la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). Tal amenaza saltó a las redes sociales poco después de los atentados en París, en noviembre de 2015, y en ella Maxime Hauchard, un militante francés dijo: “Brasil, eres nuestro próximo objetivo” y agregó: “Podemos atacar ese país de mierda”.

“La amenaza es contra el país —me argumentó un especialista que trabaja para el Gobierno en la seguridad del evento—  y no contra los Juegos. Una amenaza similar ocurrió en noviembre de 2015 contra México”, me aclaró, en referencia  a un video del EI en el que amenazaba a 60 países que considera sus enemigos, México entre ellos.

Pero varios hechos podrían dar validez a los temores generados por la amenaza.

Brasil no ha sido objeto de un ataque terrorista de ningún tipo, mucho menos alguno que implique la participación de suicidas o “Lobos Solitarios”. La experiencia de las fuerzas de seguridad no va mas allá de lidiar con los anarquistas de Black Block que intentaron torpedear, sin éxito,  el Mundial de Fútbol de 2014.

Los recursos asignados a la seguridad del evento se han reducido en un 33%. El Secretario de Seguridad del Estado de Rio de Janeiro reveló que no hay fondos para articular un dispositivo de emergencia. Aportar mas recursos para este torneo deportivo global, en momentos en que la economía se contrae a un ritmo de un 3 o 4% anual, es una tarea harto complicada.

El aumento de la delincuencia común, es otro factor que deteriora la imagen de seguridad de los Olímpicos. Según las estadísticas en el Estado de Rio de Janeiro cuatro personas son robadas cada 15 minutos y alguien es impactado por una bala cada dos días.

Paulo Storani, excapitán del Batallón de Operaciones Especiales,  BOPE, popularizado en una exitosa película, dijo a la prensa que: “las organizaciones extremistas podrían intentar promover acciones, y mas en un país vulnerable como el nuestro”.

Por otra parte, uno de los objetivos apetecidos por extremistas islámicos ha sido Brasil, en donde viven un poco mas de un millón de musulmanes. Aunque no existe una estructura terrorista formalmente identificada dentro de sus fronteras, en el gigante sudamericano habría al menos 20 células operativas de Hezbolá, la Yihad Islámica y Al Qaeda, según fuentes oficiales, citada por la revista Veja.

De acuerdo con el diario Estadão la inteligencia brasileña estuvo en alerta el marzo pasado al detectar que grupos terroristas intentaban reclutar a jóvenes “Lobos Solitarios

El periódico brasileño O Globo informó que  la policía había detectado conexiones entre el grupo terrorista libanés Hezbolá y la banda Primer Comando de la Capital (PCC). De acuerdo con ese periódico, que citó fuentes de la Policía Federal (PF), hay indicios de que “traficantes” ligados al movimiento chiita abrieron canales para la entrega de armas al PCC y, a cambio, la banda brasileña debía proteger a los presos vinculados con la organización detenidos en el país, principalmente por tráfico de drogas.

Los primeros indicios de estos nexos datan de 2006, pero las pruebas empezaron a aparecer en 2008. Los trabajos de inteligencia se realizaron también en la Triple Frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, que las autoridades estadounidenses han señalado desde hace varios años como sede logística y financiera de un gran número de células extremistas

Un jeque sunita de una mezquita en Sao Paulo, miembro del Consejo de Líderes de las Sociedades y Asuntos Islámicos de Brasil, fue vinculado hace varios años con una red de la Triple Frontera a la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos considera una de las que proporciona mayor apoyo financiero y logístico a Hezbolá. En 1995, se rumorea que el jeque albergó al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden y al cerebro del atentado del 11 de septiembre, Khalid Sheik Mohammed, en esa zona trifronteriza.

El Director de Contraterrorismo de la ABIN dijo recientemente en una rueda de prensa que existe un creciente número de  personas en el país que viene adhiriendo a la ideología de un Califato y al uso de la violencia y mostró banderas del Brasil con la frase “Dios por encima de todo” escrita en árabe y con símbolos de EI. Los “Lobos solitarios” son la principal preocupación de la agencia, dijo el funcionario....LEER NOTICIA COMPLETA

Nueva York:El sistema de entrenamiento de los guardias de seguridad es burlado

Las autoridades de NY tratan de frenar a las escuelas donde las licencias pueden “ser compradas”

En 1992, Nueva York se convirtió en líder a nivel nacional en los esfuerzos para profesionalizar la industria de seguridad privada cuando el gobernador Mario Cuomo firmó la Security Guard Ac. Por primera vez, a partir de un par de años después, en 1994, se exigió a los guardias de seguridad que trabajan en Nueva York que se registren con el estado y que aprueben un entrenamiento anual obligatorio.

Pero más de dos décadas después, al tiempo que se reducen los recursos, las agencias estatales encargadas de supervisar la industria privada de seguridad continúan luchando para garantizar que las empresas y los guardias que emplean están siguiendo las reglas. Una investigación de City Limits reveló la existencia de un desordenado sistema en la escuela de entrenamiento en Nueva York, lleno de discrepancias y falta de información, en las que es posible incluso “comprar” un certificado sin tener que pasar el proceso de entrenamiento obligatorio.

Durante las últimas dos décadas, ha habido pedidos para actualizar la Security Guard Act, pero aparte de algunos retoques aquí y allá, los requisitos no han cambiado mucho desde 1992. En entrevistas con City Limits, no sólo los líderes de la industria y los investigadores dijeron que querían ver cambios, sino también los propios guardias opinaron que se necesita una mayor supervisión y una mejor formación.

Los requisites para ser guardia

Para ser un guardia con licencia en Nueva York, el aplicante debe tener 18 años de edad, asistir a un curso de entrenamiento de ocho horas, pagar una cuota de $ 36, pagar $ 102 para obtener las huellas digitales y pasar por una verificación de antecedentes federales para asegurarse de que no ha sido condenado por un delito grave. Una vez que un guardia es contratado, él o ella deberán completar 16 horas de entrenamiento dentro de los 90 días y cada año deberá completar ocho horas de entrenamiento. En el caso de los guardias armados, deben completar un curso de 47 horas antes de aplicar para un empleo.

Las reglas no son precisamente onerosas. Nick Sierra, de 23 años, comenzó a trabajar en un Duane Reade a principios de este año y dijo que su entrenamiento fue de ocho horas completas y que la clase fue “fácil” y sólo debió usar su “sentido común”.

“Para obtener la licencia, todo lo que tiene que hacer es ver un vídeo y tomar el examen”, dijo.

Sin embargo, la “fábrica de diplomas”, las escuelas donde entregan certificados por un precio, así como las escuelas que no exigen que los guardias tomen los cursos como corresponde siguen siendo un problema en Nueva York. En una encuesta informal entre 35 guardias activos, 27 guardias de diferentes niveles de experiencia dijeron a City Limits que nunca, se sentaron en una clase por más de cinco o seis horas para tomar cualquiera de los cursos requeridos de ocho horas. Once de los guardias dijeron que de las 16 horas, que es el curso de entrenamiento para obtener un puesto de trabajo, éste se completa a menudo en solo ocho horas, en lugar de que se divida en dos días de ocho horas.

“Yo estuve allí por 30 minutos. Ellos ya tenían el certificado impreso”, dijo el guardia de 32 años de edad, Luis Báez sobre su experiencia en la clase anual de capacitación de ocho horas. “Te dan una prueba que en realidad es una basura e inclusive te dan las respuestas. Solo tienes que llenar los círculos y la envías al estado”.

En el momento de la prueba, recuerda Báez, pensó que era una maravilla. Muchos guardias tienen que pagar por el entrenamiento de su propio bolsillo y toman la clase en sus días de descanso, por lo que la obtención de créditos por el entrenamiento sin sentarse en un aula durante ocho horas hace que sea más fácil ser guardia.

“Usted sabe, en ese momento, pensé, “Esto es genial, estoy de regreso a casa y tengo el resto del día libre”, dijo.

Eso fue en 2011, y la escuela National Security Training & Placement, ha tenido desde entonces su licencia revocada. Ahora Báez dice que busca activamente una escuela de entrenamiento que realmente haga la formación porque él reconoce el valor del curso de actualización anual. Incluso abrió un blog en el que ha elaborado una lista de las escuelas que han tenido sus licencias revocadas.

“Creo que es necesario que haya la capacitación anual o de lo contrario tendremos  estas personas trabajando como guardias sin saber cuál es su papel”.

Menos escuelas, los mismos problemas

El curso de formación de ocho horas deberá completarse en una de las más de 400 escuelas de propiedad privada que han sido aprobados para emitir certificados de formación.

Hay inconsistencia masiva entre las escuelas.

Algunas escuelas cobran a los estudiantes $ 80 por sus cursos de ocho horas, mientras que otros cobran tan poco como $ 30. Una escuela en El Bronx cobra $ 50 por dos de sus cursos de ocho horas, pero cuando un reportero llamó para preguntar acerca de las clases, la compañía dijo que costaría un adicional de $ 50 si reside de Queens, afirmando inexplicablemente que el “entrenamiento  es sólo dentro del condado”. Muchos guardias con los que hablamos tienen que pagar de su propio bolsillo por este entrenamiento fuera, algo que ellos creen que es injusto.

También encontramos confusión entre los guardias quienes realmente necesitan la licencia. Uno de los guardias, que pidió ser identificado sólo como Randy, cuyo trabajo es estar parado en la entrada de una tienda de ropa en la 5 Avenida vestida todo de negro. Recordó que su empleador le dijo que no necesitaba una licencia porque no estaba allí para arrestar a nadie. Pero, dijo, que trabajó antes  como guardia en Old Navy y allá sus supervisores le requirieron tener  licencias.

La División Estatal de Servicios de Justicia Criminal (DCJS) está a cargo de la supervisión del entrenamiento de los aproximadamente 69,000 policías y 180,000 agentes de seguridad actualmente en el registro de entrenamiento del estado, así como los cientos de escuelas privadas que proporcionan entrenamiento a los guardias.

La DCJS ha tratado de mantener a los infractores bajo presión , pero su personal se ha reducido significativamente en los últimos años, pasando de más de 700 empleados hace una década a alrededor de 400 ahora. Por lo que la agencia ha tenido que ser creativa.

“Nuestros esfuerzos están enfocados en a las escuelas fraudulentas que se aprovechan de los hombres y mujeres que buscan puestos de trabajo – incluyendo la promulgación de regulaciones y requisitos más exigentes para la aprobación y renovación de las escuelas. Estamos trabajando con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y con quienes se hayan desempeñado en los procesos penales y acciones civiles para llevar a los estafadores a la justicia, de igual forma con las auditoría y revisión de documentos que tienen que presentar al estado, han producido resultados”, dijo a través de un correo electrónico Janine Kava, portavoz de la DCJS.

Preocupación por las escuelas que supuestamente estafan

Otra escuela, Manhattan’s Security for America, también le fue revocada su aprobación el mes pasado cuando el estado recibió quejas de que la escuela hacía publicidad en Monster y Craigslist donde prometía puestos de trabajo, pero sólo para aquellos que invirtieran más de $ 300 a $ 400 en los cursos de entrenamiento. Al final no había trabajo, los guardias denunciaron al estado. El propietario de la escuela negó las acusaciones en una audiencia en enero.

Estos supuestos trucos no son nada nuevo. La Oficina del Fiscal General del estado llegó a un acuerdo con 1st Security Prep and Placement en 2013 por prometer empleos a los guardias si pagaban cientos por el entrenamiento. En 2011, la Oficina del AG alcanzó un acuerdo de $ 4 millones de dólares con C.P. International Security, después de descubrir un esquema similar.

“Cuando obtienes tu certificado, no esperabas este tipo de problemas, pero estas escuelas no se preocupan por estos jóvenes. Lo único que les importa es tomar su dinero”, dijo Leroy Abramson, de 74 años, un miembro de la 32BJ que ha sido guardia de seguridad durante 16 años.

“No entiendo por qué existen estas escuelas, ya que desconocen lo que realmente pasa en estos puestos de trabajo. He hecho trabajado en seguridad 15 años en tiendas minoristas, edificios de oficinas y hospitales, y te puedo decir que ninguna de las escuelas de entrenamiento te preparan”, dijo un guardia de El Bronx que trabaja en One World Trade Center y pidió que no se divulgara su nombre.

“Creo que el Estado debería hacerse cargo del entrenamiento y asegurarse de que no sólo estamos preparados para el tipo de trabajo de seguridad que vamos a hacer, sino también evitar que los jóvenes no se deje engañar”, añade.

Las violaciones a la ley

Las escuelas que violan la ley rara vez reciben la atención de los fiscales. “El fiscal del distrito y el fiscal general pueden investigar estos casos, pero ellos están investigando asesinatos y crímenes importantes. Ellos no van a gastar recursos para averiguar quién está vendiendo certificados”, dijo Robert S. Tucker, director general de T&M Protection Resources y presidente del Consejo Asesor de Guardia de Seguridad del estado.

Tucker fue designado originalmente como vicepresidente del consejo en 2009 por el gobernador David Paterson y en 2013 fue nombrado presidente por el gobernador Andrew Cuomo.

Tucker le dijo City Limits que debe haber más rigurosidad y que le “encantaría encontrar una manera de trabajar con el gobernador” para que sea una prioridad. Agregó que el DCJS está “tan sobrecargados de trabajo y la falta de personal, es patética”.

“El mecanismo para procesar a las escuelas de entrenamiento ilegales donde se pueden comprar certificados de entrenamiento sin tener que sentarse a tomar cursos y otras prácticas ilegales que tienen lugar en nuestra industria tiene un presupuesto tan pequeño que es embarazoso”, dijo.

El inadecuado entrenamiento y las escuelas fraudulentas en ocasiones han llamado la atención de los funcionarios públicos. Una encuesta realizada a más de 100 guardias de Manhattan, llevada a cabo en 2005 por Betsy Gotbaum la defensora pública de la ciudad de Nueva York, reveló una serie de problemas con la industria de  guardias de seguridad, incluido el pobre entrenamiento. Gotbaum tituló su informe “subentrenados, mal pagados y sin preparación”, pedía  al estado realizar cambios en la Security Guard Act y advirtió que los requisitos de entrenamiento son “obsoleta”. Nada, que City Limits  pueda decir, fue hecho en el ámbito estatal hasta ahora.

Los límites de la reconversión

La necesidad de reciclar a los oficiales de policía aparece en los medios de comunicación y las discusiones de políticas todo el tiempo, pero el tema rara vez se aborda en relación con los guardias de seguridad. Y cuando se lo hace, la naturaleza de la industria de la seguridad privada hace que sea difícil para cualquier agencia pública poder hacer un cambio....LEER NOTICIA COMPLETA.

EL Salvador:Hogares invierten $15 millones y las empresas $157 millones en seguridad privada

Los hogares salvadoreños gastan en el año $15 millones, mientras que las empresas $157 millones en seguridad privada que los resguarde de la ola de criminalidad que vive el país, según los datos proporcionados por el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Oscar Cabrera.

La entidad financiera realiza estudios anuales sobre los elevados costos que genera la violencia en las familias, en las empresas, así como los gastos en materia de  salud y los efectos psicológicos que ésta causa. La investigación del BCR refleja la estimación del costo directo e indirecto de la delincuencia.

 Cabrera calcula además, que a raíz de las muertes violentas, El Salvador deja de percibir anualmente unos $45 millones. "La mayoría de las víctimas son jóvenes en edad productiva. Se pierden $818 millones en producción por los jóvenes que están en pandillas", lamentó en RepúblicaSV, canal 33.

"Nuestra estimación es de $1,303 millones el impacto directo de la delincuencia a la población, entre extorsiones y robos", dijo.

El costo de la violencia en total en 2014 fue de $4,200 millones confirma el presidente del BCR. Señaló además que ante un hecho de violencia, las instituciones del Estado como el Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República, invierten anualmente más de $350 millones....LEER NOTICIA COMPLETA