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Con el objetivo que todos los entes que reciban recursos públicos transparenten la aplicación de los mismos, el secretario de la Contraloría, Juan Manuel Menes Llaguno, junto con la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del estado de Hidalgo, Flor de María López González, así como Mario Souverbille, coordinador Jurídico del estado, entregaron la iniciativa que contiene una nueva Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales para el estado de Hidalgo.

En un evento sin precedente y derivado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de la Contraloría, el instituto de Transparencia y la comisión de Transparencia del Congreso Local, se entregó la propuesta que contiene 141 artículos.

Mario Souverbille explicó que la iniciativa presentada contiene el establecimiento de la protección de datos personales del ciudadano, así como la obligatoriedad de los partidos políticos y de la universidad estatal de informar qué es lo que hacen con los recursos que reciben del erario.

Por su parte, Juan Manuel Menes Llaguno mencionó que de aprobarse se estaría igual combatiendo la corrupción al transparentar los trámites y requisitos de programas. Al tiempo, destacó que la iniciativa contiene sanciones para quien sea omiso al entregar información a la ciudadanía.

En su oportunidad, el diputado Ramón Ramírez celebró se tomarán en cuenta experiencias estatales así como lineamientos internacionales, resaltando el trabajo previo y coordinado entre el gobierno estatal, y el legislativo mediante el cual se busca “simplificar procesos, eficientar la actividad gubernamental y transparentar los trámites”.

Finalmente, explicó que una vez entregada la iniciativa, comenzará el proceso legislativo “esperando sea breve”: ingresará a Oficialía de partes, posteriormente se dará lectura en sesión de su recepción, y se turnará a la comisión respectiva para su análisis y discusión, luego de este proceso será analizada y discutida en el pleno y en su caso aprobada.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a los asambleístas a la sesión 192 del Pleno, a realizarse el jueves 4 de octubre del 2012, donde tramitarán en segundo debate el proyecto de reformas a la Codificación de la Ley de Inquilinato, que fue trabajado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y tiene por objetivo proteger de manera integral los derechos de las personas que participan en la relación contractual de inquilinato; equilibrar derechos y obligaciones entre las partes que intervienen en la relación arrendaticia; así como cubrir vacíos legales y adecuar esta legislación a la norma constitucional y leyes orgánicas atinentes a la materia, como por ejemplo el Código Orgánico de la Función Judicial, entre otros.

Posteriormente, los legisladores debatirán en segunda el proyecto de Ley de Protección a la Intimidad y a los Datos Personales.

 

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, en el informe recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional, el archivo del proyecto por los errores en la determinación de los medios legales potenciales; la creación innecesaria de un organismo administrativo-burocrático de competencia y presencia nacional, denominado “Dirección Nacional de Protección de Datos Personales”, entre otros aspectos.

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Claudia Ruiz Massieu, vicecoordinadora de Derechos Humanos del equipo de transición de Enrique Peña Nieto, indicó que el proyecto de ley, presentado por Enrique Peña Nieto para dar plena autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), también faculta al Congreso para expedir una Ley General en materia de Transparencia.

Es decir, hacer una ley que contenga los mínimos comunes que deben compartir todos los órganos de transparencia para que después de la reforma, todos los institutos de transparencia del país compartan la misma naturaleza, "todos sean colegiados independientes, especializados, todos tengan los mismos procedimientos, todos tengan los mismos plazos, las mismas sanciones y haya más garantías para los ciudadanos".

Entrevistada en el espacio de Oscar Mario Beteta, Ruiz Massieu, explicó que el proyecto presentado por el político mexiquense, es en calidad de presidente electo, pues en su caso no puede hacer uso de la figura de iniciativa preferente como lo ha hecho el Presidente Felipe Calderón, ya que ésta está legitimada para ser utilizada sólo por el mandatario en funciones, lo cual podrá hacer Peña Nieto después del 1 de diciembre.

Por lo tanto, la iniciativa del proyecto de transparencia presentada ayer, fue en consideración a la bancada del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el Senado de la República, para que la discutan, la enriquezca y si lo deciden, la presenten como iniciativa al Pleno de la Cámara Alta.

Asimismo, aclaró que dicha propuesta no da inicio al proceso legislativo, ya que eso será hasta que sea presentada en el Pleno del Senado e ingrese al Congreso de manera formal como iniciativa, pues por el momento sólo es un proyecto del presidente electo, que espera que la bancada del Revolucionario Institucional y del Verde hagan suya.

La Vicecoordinadora de Derechos Humanos del equipo de transición de Enrique Peña Nieto, señaló que el propósito del proyecto del político mexiquense, es fortalecer el sistema de transparencia y rendición de cuentas en México, lo cual tiene que ver con el compromiso que el ex gobernador del Estado de México, hizo en campaña, respecto a cómo ejercer el poder público, ya que tiene claro que encabezará una Presidencia democrática y transparente.

En ese marco, dijo, esta iniciativa quiere dos cosas fundamentales, por un lado, incrementar las facultades del IFAI, para que sea un órgano autónomo que pueda tener competencia en materia de acceso a la información, sobre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es decir, los tres poderes, así como sobre los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal-, y también prevé que haya un recurso de revisión para los órganos de transparencia de los estados.

"Con la reforma del IFAI va a poder ser el órgano, la autoridad última y máxima en materia de transparencia para todos los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y todos los órganos autónomos, para que todos tengan los mismos procedimientos, misma forma, los mismos plazos, criterios y el IFAI siempre pueda ser la autoridad a la que el ciudadano acuda y diga el Poder Legislativo no me dio la información que yo quería –por ejemplo-, o el Consejo de la Judicatura, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (…) y también si no estás satisfecho con lo que te contesta el Instituto de Transparencia de tu estado".

De acuerdo con Ruiz Massieu, el ciudadano podría ir al IFAI y pedirle revisar la decisión que éste recibió, y en su caso que el Instituto ordene a la autoridad estatal entregar la información requerida.

Finalmente, indicó que el camino que debe seguir el proyecto de Peña Nieto, es que, si como se espera los senadores del PRI y del PVEM hace suyo el proyecto, lo enriquecen y lo presentan a la Cámara de Senadores, empezará su proceso legislativo.

Éste deberá ser aprobado en el Senado, para posteriormente ir a la Cámara de Diputados y después a la Constituyente Permanente a las legislaturas estatales.

De acuerdo con la priista, tiempo después se reformará la Constitución y se dará autonomía constitucional al IFAI, aunque después de ello, vendrá una segunda etapa de reformar leyes secundarias, a la Ley Federal de Acceso de Transparencia a la Información, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y se crearía una Ley Orgánica del IFAI.

Agregó que un punto muy importante, es que se faculta en esta reforma al Congreso para expedir una Ley General en materia de Transparencia.

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Protección de Datos, dirigidas a difundir y ampliar el conocimiento del derecho a la protección de datos personales, y facilitar el cumplimiento de la Ley en la materia.

Con este propósito, la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard Mariscal, y el presidente de CONCAMIN, Francisco J. Funtanet Mange, suscribieron un convenio de colaboración que, entre otros propósitos, contribuirá a generar condiciones de protección de los datos personales, en un ambiente de competitividad de las empresas.

En la ceremonia de firma, Peschard destacó la importancia que tiene que las organizaciones privadas obtengan y mantengan el consentimiento de las personas para el tratamiento de sus datos. En el caso de las empresas afiliadas a CONCAMIN, comentó que éstas son parte de un sector de gran relevancia en el tratamiento de datos personales de sus miles de usuarios y empleados.

“Conforme la cultura de privacidad de datos crezca, mayor deberá ser la preparación de las empresas para cumplir los requisitos que establece la Ley”, señaló la comisionada presidenta del IFAI.

El Instituto, dijo, ha diseñado un programa de formación de redes de asesores en materia de protección de datos, al interior de las cámaras y asociaciones empresariales, con el objetivo de que éstas puedan brindar asesoría a sus asociados en el tema de la protección de datos.

El cumplimiento de la Ley, subrayó, ayuda a las organizaciones privadas a incrementar los niveles de confianza de sus clientes, aumentando la confidencialidad, calidad y precisión de la información, factores que se traducen en ventajas competitivas para las empresas, sobre todo en términos de reputación.

Por su parte, Francisco J. Funtanet Mange expuso que la cultura de la transparencia y protección de datos tiene una vital importancia para el desarrollo de la industria mexicana.

“Mientras exista mayor transparencia al interior de los sectores público y privado del país, se podrá evitar la corrupción. Al mismo tiempo, a mayor y más eficaz protección de datos se resguardan los derechos de las empresas, y fomenta la competitividad e innovación en México”

El líder de los industriales destacó que con la firma de este convenio de colaboración se logran avances importantes y en correspondencia con las tendencias internacionales en el acceso a la información y protección de datos, y reafirma el compromiso del sector privado para fomentar la cultura de la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas en territorio nacional.

De acuerdo con el convenio suscrito, las partes acordaron establecer bases y mecanismos de colaboración para la ejecución de diversas, acciones y actividades dirigidas a difundir y ampliar el conocimiento del derecho a la protección de datos personales; capacitar a personal de la Concamin y brindar apoyo técnico en la elaboración, revisión e implementación de avisos de privacidad.


Asistieron al evento las comisionadas Sigrid Arzt y María Elena Pérez-Jaén, el secretario General, Mauricio Farah, y el secretario de Protección de Datos Personales, Alfonso Oñate; así como Carlos Noriega Arías, presidente de la Comisión de Educación, y Raúl Picard del Prado, presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria, de la Concamin.

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Un año se cumple hoy de haberse publicado la Ley de Protección de Datos Personales pero aún carece de reglamento.

Seis meses después de conformada la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), que empezó a funcionar el 5 de marzo pasado, debía emitirse la normativa reglamentaria. Ese plazo se cumple hoy y el reglamento todavía se encuentra en consulta.

Estará en consulta pública hasta el 7 de setiembre. La Comisión Interinstitucional creada al efecto es la encargada de determinar el plazo para el análisis de los comentarios que se hagan y seguir con el trámite correspondiente. No podría darle un aproximado de la fecha de publicación del reglamento porque es la comisión la encargada del mismo”, dijo a EF Ingrid Fallas, funcionaria de Prodhab.

Informó también que están realizando una serie de trámites para contratar más personal para la agencia, pero aún no saben cuándo serán contratados los nuevos funcionarios, ni cuántos serán.

Algunas empresas dicen que no se han preparado para cumplir con la ley por la falta de reglamento. Al respecto, Fallas sostuvo que “la ley menciona las prohibiciones sobre la recolección de ciertos datos y la autorización con que se debe contar”.

Por lo tanto, considera que las empresas responsables de una base de datos con fines comerciales, deben ajustar sus bases de datos, de conformidad con lo estipulado y cumplir con el plazo que indica el Transitorio I, que vence el próximo 5 de marzo.

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