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El ‘caso Facebook’ restaría poder a la Comisión en favor de los Estados.

 
Las agencias nacionales de datos no estarán obligadas a bloquear las transferencias de datos de europeos a Estados Unidos de oficio, en el caso de que el Tribunal Europeo de la UE incorpore el criterio de su abogado general, publicado hoy, en su sentencia sobre el caso Facebook, sino que simplemente podrán decidir si lo autorizan o no en cada caso concreto. Para adoptar una decisión tendrá que mediar una denuncia, como la que interpuso contra la empresa de la red social el austriaco Max Schrems.
Este usuario de Facebook se dirigió al Comisionado de Protección de Datos de Irlanda, homólogo de la Agencia Española de Protección de Datos en ese país, para solicitarle que bloqueara el envío de sus datos personales a los servidores de la red social en Estados Unidos. Consideraba que el país no era un destino seguro después de que Edward Snowden, exagente de la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU, revelase que la inteligencia americana tenía acceso a los datos de la compañía.
La compañía Facebook tiene su sede europea en Irlanda, de ahí que los usuarios de los países de la UE tengan que recurrir a su Administración para tramitar sus reclamaciones.
En la práctica, la futura sentencia supondría que el acuerdo de puerto seguro, un listado de empresas estadounidenses que el Departamento de Comercio de EE UU considera seguras en protección de datos, deje de ser incuestionable en Europa.
La legislación europea no permite que los datos personales se envíen fuera de sus fronteras salvo si su país de destino cuenta con un reglamentos de protección adecuados. En el caso de Estados Unidos, con una legislación muy fragmentaria, se acepta el listado del Departamento de Comercio como criterio para permitir las transferencias de datos a determinadas empresas.
 
 

EU y la UE logran acuerdo sobre protección de datos

 

Bruselas. La Unión Europea y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre la transferencia de datos personales para luchar contra el crimen, "incluido el terrorismo", que permite a ciudadanos de la UE recurrir a la justicia estadunidense en caso de uso inapropiado de informaciones, indicó el martes la Comisión Europea.

El acuerdo marco, negociado desde hace cuatro años bajo la sombra de las revelaciones sobre el espionaje estadunidense a escala global, cubre el intercambio de "todos los datos personales (por ejemplo nombres, direcciones, antecedentes criminales) entre la UE y EEUU en el marco de la prevención, detección, investigación y acusación por delitos, incluido el terrorismo", explica en un comunicado.

Según la Comisión, el acuerdo "ofrecerá amparo y garantías legales para la transferencia de datos (...) facilitando la cooperación entre la UE y EU y la restauración de la confianza".

"El acuerdo garantizará un alto nivel de protección de todas las informaciones personales transferidas a través del Atlántico entre las autoridades", indicó, citada en un comunicado, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.

"Garantizará en particular que todos los ciudadanos europeos tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos en los tribunales estadunidenses", agregó.

Estados Unidos no tiene reglas en materia de protección de datos. La legislación europea en cambio, prohíbe desde 1998 la transferencia de datos personales hacia terceros países no miembros del Espacio Económico Europeo (EEE que reagrupa a los 28 de la UE así como a Noruega, Islandia y Liechtenstein) si no tienen la misma protección que en la UE.

En la UE se reconoce este derecho a los ciudadanos estadunidense. Bruselas pedía reciprocidad.

Este acuerdo marco debe ofrecer "los mismos derechos a los ciudadanos europeos como a los estadunidenses de poder recurrir a la justicia en Estados Unidos" si hay un problema en el uso de sus datos, dijo el secretario de Justicia estadunidense, Eric Holder, el año pasado.

 

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El comisionado del IFAI, Óscar Guerra Ford, pidió a los diputados que se tome en cuenta la opinión del organismo sobre la geolocalización, a fin de proteger los datos personales en la legislación secundaria en telecomunicaciones.

"Hasta el momento como fue aprobada (en el Senado) no se garantiza totalmente la protección de datos personales porque tenemos un problema, puede acceder cualquier autoridad en el entendido de una presunta violación a una ley”, señaló.

Por ello, consideró necesario que debe intermediar cuando menos una orden judicial en el acceso a datos personales, pues de lo contrario, advirtió, la información que pudiera tener una autoridad puede emplearse para otros fines.

Llamó a los diputados a tomar en cuenta la opinión técnica sobre geolocalización enviada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a todas las bancadas, para que pudieran modificar ese punto y garantizar la protección de datos personales reconocidos en los artículos 6 y 16 de la Constitución.


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FUENTE:tiempoenlinea.com.mx

Bruselas demanda a España por falta de depuración de las aguas

La UE ha demandado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento, una vez más, de las directivas sobre depuración de aguas residuales urbanas. La Comisión Europea mantiene desde hace años un marcaje sobre el cumplimiento de las normas que buscan una adecuada calidad del proceso de limpieza de estos caudales.

España tiene abiertos en este momento cuatro expedientes por la falta de depuración de aguas residuales, que afectan a unos 800 núcleos de población repartidos por todo el país. La demanda que ahora ha presentado la Comisión ante el tribunal europeo se refiere a uno de estos cuatro expedientes y parte de un procedimiento de infracción abierto en 2003. El recurso afecta a siete núcleos de Andalucía, Cataluña y Galicia, cada uno de ellos con más de 10.000 habitantes. Se trata de “zonas sensibles”, es decir, enclaves en los que las exigencias de depuración son mayores por tratarse de áreas con valor ecológico o “destinadas a la obtención de agua potable”, como establece la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas de 1991.

Desde los noventa, España tendría que haber cumplido con esta directiva. Pero en siete “zonas sensibles” no ha sido así. Se trata de las aglomeraciones de Bollullos Par del Condado (Andalucía); Abrera, Berga, Capellades, Figueres y El Terri (Cataluña); y Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (Galicia).

En su escrito, la Comisión Europea recuerda que en diciembre de 2003 ya envió una carta de emplazamiento a España sobre esta falta de tratamiento de las aguas residuales. Bruselas apunta a que “el objeto del proceso ha venido reduciéndose conforme se iban regularizando por España las instalaciones de saneamiento, tratamientos y vertidos de ciertas aglomeraciones”. Pero indica que el incumplimiento “persiste” en las siete aglomeraciones de Andalucía, Cataluña y Galicia. Por ello, la Comisión Europea presenta su demanda, en la que pide “que se declare que el reino de España ha incumplido sus obligaciones”. Bruselas solo reclama que el Gobierno sea condenado a pagar las costas del proceso.

Esta demanda fue anunciada por la Comisión Europea a finales de noviembre. Bruselas resaltó entonces que España “continúa rezagada en la aplicación de la normativa”. “Los informes procedentes de las autoridades españolas indican que sigue faltando un sistema de tratamiento adecuado” en las siete aglomeraciones mencionadas. Según la Comisión, los datos que el Gobierno facilitó eran “incompletos” o mostraban “que no se cumplen todavía los niveles exigidos”.

En 2011, el tribunal europeo ya condenó a España porque 38 ciudades de más de 15.000 habitantes no depuraban correctamente las aguas urbanas. Pero, de momento, el Gobierno se ha librado de las millonarias multas a las que otros Estados ya han sido condenados por este mismo motivo.

Santiago Martín, responsable de aguas de Ecologistas en Acción, critica la lentitud con la que está abordando Bruselas los incumplimientos. En su opinión, así se da tiempo a los Estados para que, a través de ayudas europeas, puedan cumplir con las directivas a pesar de haber expirado las prórrogas concedidas. Además, Martín sostiene que la Comisión Europea “no valora el funcionamiento” de las depuradoras. “Muchas están anticuadas y se han quedado pequeñas”, afirma.

Fuente: elpais

México pasó de ser un “paraíso de datos”, en el que éstos no tienen ninguna , a ser reconocido como un puerto seguro, donde la información es ampliamente protegida, señaló la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard.

Durante el V Seminario para la Prevención del Fraude, organizado por el Capítulo México de la ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados), Peschard Mariscal indicó que ese avance ha sido posible gracias a las reformas a la Constitución.

Subrayó que con la en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y otras normas derivadas de ella, a partir de 2010, el derecho a la protección de datos personales se incorporó al sistema jurídico mexicano, poniéndolo a la vanguardia a nivel en el tema.

“Por lo que hace a los datos personales, en el país se está realizando una lucha importante para su protección; poco a poco se han generado para regular esa situación e incluso han existido reformas a la Constitución, con el propósito de controlar el uso indiscriminado de esta información”, recordó.

La comisionada presidenta del Instituto Federal de a la Información y Protección de Datos (IFAI) comentó que de acuerdo con un reporte sobre delitos informáticos elaborado por un desarrollador de programas de , a nivel mundial se estiman 556 millones de víctimas por año, lo que equivale a 18 por segundo.

“Respecto a los daños económicos se estima que el costo rebasa los 110 mil millones de dólares, para el último periodo anual estudiado. De este monto 42 por ciento se refiere a fraudes cibernéticos”.

Desde el punto de vista de los usuarios, dos de cada tres adultos han sido víctimas durante su tiempo de vida. En el mismo sentido, 46 por ciento de los sujetos estudiados fue víctima durante el año anterior”, apuntó.

Fundada en 1998, la ACFE cuenta con 60 mil miembros y 149 capítulos distribuidos en el mundo. El capítulo mexicano está conformado por profesionales vinculados a la lucha contra la corrupción, la prevención y la detección de fraudes y delitos de cuello blanco.

Peschard habló ante ese auditorio sobre “¿Qué deben hacer las organizaciones para evitar el mal uso de los datos personales?.

Dijo que organizaciones e individuos que traten datos personales (es decir, aquellos que obtengan, usen, accedan, manejen, aprovechen, transfieran, dispongan, divulguen o almacenen, información referente a personas) deben tomar conciencia de que se está utilizando información que de ninguna manera les pertenece.

Jacqueline Peschard destacó que el correcto tratamiento de datos personales ofrece un nuevo campo de oportunidades económicas sin precedentes, aunque también ha despertado la preocupación de las autoridades y los individuos por el mal uso que se les dé.

Fuente: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=706891