Las denuncias interpuestas por ciudadanos de Castilla y León ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) se han multiplicado por ocho en cinco años al pasar de las 46 registradas en 2008 a 395 en 2013. Irregularidades detectadas contra la actuación de una administración, una empresa u organismo privado por conductas como el uso o la cesión de datos a terceros sin consentimiento del afectado, la suplantación de la identidad, la inclusión en un fichero de morosos, la publicación de fotos de menores sin el consentimiento de los padres o la grabación de imágenes con cámaras que atentan contra la intimidad de las personas, entre otras.
El aumento de las denuncias, que ha sido progresivo y no ha parado de crecer, revela la preocupación de los ciudadanos por conseguir que quienes tratan de forma ilegítima su información personal dejen de hacerlo. Frente a las 46 denuncias procedentes de Castilla y León que fueron presentadas ante la Aepd en 2008 se pasó a las 220 registradas en 2009 y 2010. Una cifra que subió hasta las 253 en 2011 y se disparó en 2012 con 404 denuncias. El último dato oficial publicado por la agencia es el correspondiente a 2013, con 395.
El ciudadano que considere que dispone de pruebas o indicios para acreditar que un hecho pueda suponer el incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y que pueda constituir una infracción administrativa, está legitimado para presentar una denuncia poniendo en conocimiento de la Aepd la existencia de ese caso.
A lo largo de 2013, hubo 938 imputados en procedimientos sancionadores y de apercibimiento resueltos, de los que 17 correspondieron a Castilla y León, un número similar al de 2012 (18). Pese al incremento del número de denuncias en la Comunidad, la cifra de posibles irregularidades en Castilla y León sólo supone el 5% del conjunto de denuncias registradas por la Agencia de Protección de Datos a nivel nacional que en 2013 ascendieron a 7.800.
Provincias
Una de cada cuatro correspondió a la provincia de Valladolid (102 frente a las 15 que hubo en 2008), seguido de León (84 por 16 en 2008), Salamanca (49) y Burgos (47). Con cifras más modestas se situaron las provincias de Ávila (30), Palencia (28), Segovia (26), Zamora (20) y Soria (9 frente a la una de 2008).
En cuanto a la potestad sancionadora de la Agencia de Protección de Datos, en 2013 se dictaron un total de 874 resoluciones de infracción (entre sanción económica y apercibimiento) en todo el país, casi todas de responsables privados y un parte importante correspondió al sector de las telecomunicaciones, seguido de las entidades financieras, Internet y la videovigilancia. Hablamos de sanciones por la vía administrativa puesto que esta entidad no abre asuntos en el ámbito judicial. Otra cosa es si el ciudadano, de forma paralela, opta por acudir a los tribunales.
Las sanciones por videovigilancia están relacionadas con el gran número de dispositivos instalados en los últimos años. No en vano, la instalación de cámaras en Castilla y León era algo residual en 2009 cuando no llegaban al millar de ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. Desde entonces, se ha multiplicado por diez hasta los 11.662. Hace tres años, era la mitad. Un número que no coincide con las cámaras puesto que cada fichero representa la existencia de al menos un dispositivo de grabación. En solo tres años, casi se ha doblado el número puesto que en 2012 había 6.125 en la Comunidad.
El crecimiento exponencial ha tenido lugar en el ámbito privado como medida disuasoria para reducir la delincuencia y los robos puesto que las cámaras de titularidad pública sólo suponen 237. En la actualidad, Valladolid y León son las provincias que cuentan con más ficheros de videovigilancia activos con 2.807 y 2.278, respectivamente. Por detrás, aparecen Burgos (1.630) y Salamanca (1.362). A continuación, están provincias como Segovia (959), Palencia (816), Zamora (767), Ávila (622) y Soria (421).
Cámaras en comercios
Por sectores de actividad, casi uno de cada cuatro sistemas de cámaras está situado en el comercio, seguido de los establecimientos de turismo y hostelería (12%) y comunidades de propietarios (8%). La Agencia de Protección de Datos no facilita datos regionalizados ni provincializados en este apartado.
El abogado en Derecho de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y protección de datos, Javier Álvarez, asegura que las denuncias relacionadas con las cámaras de videovigilancia han bajado después de un «boom» de hace años. No en vano, recuerda el «incumplimiento continuo» que había a la hora de instalar cámaras. «Hubo casos de un propietario de un garaje comunitario que decidía colocar una cámara porque le habían rallado el coche, sin solicitar ningún permiso», afirma. A juicio del socio director de AC-Abogados, despacho con sede en Valladolid, las empresas y entidades han tomado conciencia de los riesgos que supone incumplir la ley y ya hay menos denuncias.
Fuentes de la Agencia Española de Protección de Datos explican que las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de lugares públicos. «Podrían tomarse grabaciones parciales y limitadas de vías públicas cuando resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de su ubicación», apuntan.
Además, debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el que se traten los datos.
Fuente: diariodeleon