La solicitud de contratación de una hipoteca lleva implícita la apertura de una cuenta corriente para la que la entidad financiera no precisa autorización expresa y lo que resulta más novedoso, no conlleva un tratamiento de datos sin consentimiento, lo que supondría sanciones muy importantes. Las entidades bancarias pueden estar tranquilas al respecto, tras la publicación de una sentencia de la Audiencia Nacional, de 28 de octubre de 2010.

El magistrado José Guerrero Zaplana, que ha actuado como ponente, establece que en estos casos se debe entender prestado un consentimiento inequívoco para el tratamiento realizado que estaba claramente vinculado a la finalidad acordada y consentida.

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PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos  45, 97,   párrafos quinto y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Quincuagésima Novena Legislatura aprueba la Convocatoria que regula el procedimiento para la selección de los comisionados que integrarán el Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, que ejercerán sus funciones durante el período comprendido del dos de enero del dos mil once al primero de enero del dos mil catorce, para quedar como sigue:

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La Diócesis de Tuy-Vigo demandó a su aseguradora y al Consorcio de Compensación de Seguros, en reclamación de indemnización más intereses del artículo 20 LCS, por los daños causados en uno de los bienes asegurados en la póliza denominada -Póliza de Seguros Combinado Parroquial y Centros Religiosos.

Aducía la parte actora en la demanda que los daños traían causa del siniestro ocurrido debido a lluvias y fuerte viento, riesgos que consideraba cubiertos por el seguro de daños integrante de la póliza. La aseguradora se opuso a las pretensiones formuladas en su contra aduciendo, en síntesis, que la póliza cubre diferentes edificaciones y también diferentes riesgos, cada uno de éstos con una suma máxima, siendo así una de sus cláusulas, ubicada en el condicionado general tiene por fin delimitar un riesgo específico, diferente del riesgo ordinario de daños por agua a continente y contenido. Igualmente, el Consorcio se opuso a la demanda alegando que los riesgos por los que se reclamaba no eran extraordinarios sino ordinarios, encontrándose específicamente cubiertos por la póliza, habiendo asumido la aseguradora su responsabilidad por sus propios actos, aunque fuese dentro de los límites esgrimidos por ésta.

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