PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 97, párrafos quinto y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Quincuagésima Novena Legislatura aprueba la Convocatoria que regula el procedimiento para la selección de los comisionados que integrarán el Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, que ejercerán sus funciones durante el período comprendido del dos de enero del dos mil once al primero de enero del dos mil catorce, para quedar como sigue:
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El Supremo mantiene la sanción a una residencia de la tercera edad por vulnerar la Ley de Protección de Datos, al dar a una farmacia una lista con datos de residentes como el DNI, nombre y cuenta bancaria.
El Tribunal Supremo confirma la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a una residencia de ancianos por facilitar a una farmacia un listado con datos personales de los residentes. El Alto Tribunal ratifica la multa de 300.506 euros a la residencia.
Según los hechos, tras una inspección en la farmacia, el titular de la misma reconoció que la residencia de ancianos le facilitó un listado con una relación de sus clientes. El objetivo era que la farmacia cargara en la propia cuenta de los residentes aquellos productos solicitados por la residencia que no estuvieran cubiertos por la Seguridad Social.
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La iniciativa con proyecto de decreto por la que se reformó la fracción sexta del artículo 75, que presentaron los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCyCP) establece la necesidad de regular “con más precisión y claridad” las cualidades y requisitos que “nuestros comisionados deben reunir”.
El presidente de la JCyCP, Aristeo Calva Lira, detalló en el pleno a través del documento al que dio lectura que “no podrán aspirar a ocupar el cargo de comisionados aquellas personas que hayan sido servidores o funcionarios públicos con atribuciones de mando o dirección dentro de la administración pública federal, estatal o municipal durante los dos años previos a su designación”.
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Se anuncia que en lo que va de año 2010, se ha superado ya el número de asesinatos ocasionados por la violencia machista producidos en todo el año 2009. Se trata realmente de una lacra tan difícil de solucionar como intolerable en sociedades que aspiran a denominarse modernas y democráticas, la cual produce, anualmente, un número de asesinatos superior en cualquier caso al medio centenar, registro que se corresponde con el del año 2001 y que es el mejor de los apuntados en España en el último decenio.
El 28 de diciembre de 2004 entró en vigor la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, una de las primeras, si no la primera, de las aprobadas por el actual Gobierno pesoíta, basada en el principio de que dicha violencia sólo la puede ejercer un grupo ciudadanos, los de sexo masculino, y de que sólo otro grupo de ciudadanos, los de sexo femenino, pueden ser víctimas de ella.
En la tertulia de Gente de Madrid de Onda Cero, los diputados del PP Juan Soler y del PSOE Adolfo Navarro respectivamente hablaron sobre Carlos Berzosa y la resolución de la Agencia de Protección de Datos, que señala que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha vulnerado el artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos al utilizar las direcciones de correo electrónico para una finalidad distinta a la que está creado.
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