Se anuncia que en lo que va de año 2010, se ha superado ya el número de asesinatos ocasionados por la violencia machista producidos en todo el año 2009. Se trata realmente de una lacra tan difícil de solucionar como intolerable en sociedades que aspiran a denominarse modernas y democráticas, la cual produce, anualmente, un número de asesinatos superior en cualquier caso al medio centenar, registro que se corresponde con el del año 2001 y que es el mejor de los apuntados en España en el último decenio.

El 28 de diciembre de 2004 entró en vigor la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, una de las primeras, si no la primera, de las aprobadas por el actual Gobierno pesoíta, basada en el principio de que dicha violencia sólo la puede ejercer un grupo ciudadanos, los de sexo masculino, y de que sólo otro grupo de ciudadanos, los de sexo femenino, pueden ser víctimas de ella.

La iniciativa con proyecto de decreto por la que se reformó la fracción sexta del artículo 75, que presentaron los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCyCP) establece la necesidad de regular “con más precisión y claridad” las cualidades y requisitos que “nuestros comisionados deben reunir”.

El presidente de la JCyCP, Aristeo Calva Lira,  detalló en el pleno a través del documento al que dio lectura que “no podrán aspirar a ocupar el cargo de comisionados aquellas personas que hayan sido servidores o funcionarios públicos con atribuciones de mando o dirección dentro de la administración pública federal, estatal o municipal durante los dos años previos a su designación”.

Madrid. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ha resuelto que la Universidad Complutense vulneró la Ley de Protección de Datos cuando usó las direcciones de correo electrónico de sus empleados para enviar un comunicado del rector Carlos Berzosa contestando acusaciones del diputado del PP Juan Soler.

La resolución, contra la que cabe recurso, da la razón al parlamentario 'popular', que denunció el pasado abril a Berzosa, por "uso fraudulento del listado de correos electrónicos de los profesionales docentes y no docentes" de la Complutense.

En la tertulia de Gente de Madrid de Onda Cero, los diputados del PP Juan Soler y del PSOE Adolfo Navarro respectivamente hablaron sobre Carlos Berzosa y la resolución de la Agencia de Protección de Datos, que señala que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha vulnerado el artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos al utilizar las direcciones de correo electrónico para una finalidad distinta a la que está creado.  

Un nuevo nubarrón se cierne sobre los intentos de la industria de contenidos culturales y de entretenimiento por evitar las masivas, progresivas y continuadas descargas ilegales: el intento que lideran determinados grupos por entorpecer el buen funcionamiento de la futura norma contra la piratería. La última tentativa, presentada como enmienda a la disposición final segunda del proyecto de Ley de Economía Sostenible, pretende la judicialización hasta el absurdo del procedimiento de actuación del organismo encargado de admitir denuncias (Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual) y, en su caso, tramitarlas y actuar contra quienes vulneren los derechos de propiedad intelectual.