La Asamblea Nacional venezolana inició el debate de un paquete de leyes que convertirá al país petrolero en un Estado comunal, con lo que se sientan las bases del "socialismo bolivariano" impulsado por el presidente Hugo Chávez.

Las leyes del Poder Popular constituyen el mayor paso en años en la transición hacia el socialismo debido a que traspasan el poder de autoridades electas a organizaciones comunales atadas al presidente, y serán aprobadas días antes de que Chávez pierda el control absoluto que tiene en la Asamblea desde el 2005.

Se prevé que el debate culmine con la aprobación de las leyes esta semana, antes de que asuma en enero una nueva Asamblea en la que el oficialismo no podrá probar las llamadas orgánicas, que son las de mayor alcance, porque el presidente perdió la mayoría de dos terceras partes.

El mandatario asegura que las leyes darán poder al pueblo, pero analistas dudan de la transparencia del sistema y de que se pueda implantar el complejo sistema de asambleas para regular la vida de la consumista sociedad venezolana.

Con la participación todos seguiremos reduciendo los espacios del vandalismo escolar: Alcalde

A menos de 100 días de la administración, son ya 15 secundarias protegidas con el Sistema de Videovigilancia Escolar (SIVE) que entregó el Alcalde Adán Soria Ramírez, con las cuales se han disminuido los índices de vandalismo escolar, violencia, graffiti y bullying.

Con esta cifra se alcanza un 50 por ciento de 30 planteles educativos que serán cubiertos en una primera etapa al concluir el 2010, con una inversión en cinco millones de pesos para que alumnos, maestros y directivos encuentren más tranquilidad al realizar sus actividades académicas.

Y es que el Presidente Municipal entregó más equipo del SIVE en las secundarias Moisés Sáenz, México No. 6, Jesús Tébar Rodríguez y la Técnica No. 67, como parte de las acciones para fortalecer la vigilancia en los centros escolares.

Si las cosas siguen como van en el Congreso, el Gobierno no tendría que convocar a sesiones extras el próximo 16 de diciembre.

Ayer, se había aprobado en tercer debate el proyecto de ley estatutaria que busca proteger los datos personales consignados en bases de entidades públicas y privadas.

De ser aprobada, la norma garantizará "el derecho constitucional que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos", informó el Ministerio del Interior y Justicia.

El proyecto establece cuáles son los procedimientos para la transferencia de datos a otros países e indica los mecanismos de control y sanciones por incumplirlos. También se fijan categorías especiales como datos sensibles, derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Para que se convierta en ley es necesario el cuarto debate en plenaria del Senado.

Washington. Más de 300 personas fueron acusadas criminalmente y otras 200 administrativamente por fraude financiero, en operaciones por valor de 10.400 millones de dólares, informó hoy el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder.

Se trata del resultado de los primeros tres meses de trabajo de la Agencia de Seguridad contra el Fraude Financiero, creada por el presidente de EE.UU., Barack Obama, y que comenzó a operar en agosto de este año.

"Se trata de un paso adelante fundamental para proteger legalmente a los inversores estadounidenses, asegurar la fortaleza de nuestros mercados y prevenir operaciones de fraude financiero", explicó Holder, en rueda de prensa para presentar los resultados del operativo federal.

La Cámara Baja bonaerense aprobó por unanimidad este jueves un proyecto de ley que unifica iniciativas de diferentes bloques políticos reglamentando la garantía de habeas data incluida en la última reforma constitucional. Uno de los proyectos corresponde al diputado Abel Miguel -radical en la Coalición Cívica-, quien sostuvo que “fue realmente importante el trabajo conjunto de las dos cámaras legislativas, en un tema que necesariamente requería de la unanimidad que se logró”

Sobre la sanción, el legislador manifestó que “este instituto establecido en nuestra Constitución Provincial de 1994 junto al habeas corpus y al amparo está destinado a que todo ciudadano pueda conocer los datos personales que sobre el mismo constan en archivos o banco de datos de organismos públicos o privados destinados a proveer informes, pudiendo además requerir su rectificación, actualización o cancelación”.